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Mientras la Ley Ambiental 64-00 prohíbe en su artículo 156 la destrucción de los bosques nativos, y mientras en 1967 el Presidente de la República Dominicana, Joaquín Balaguer, prohibió mediante el Decreto 209-67 todos lo aserraderos que depredaban nuestros bosques, el moderno Ministerio de Medio Ambiente ha ideado un nombre elegante para continuar con los aserraderos depredadores de bosques, y ahora los mil aserraderos formalmente autorizados para acabar con los pinos de todas nuestras montañas se llaman, elegantemente, “Planes de Manejo Forestal”, lo que indica que para las autoridades lo importante no es el agua que el bosque ayude a generar, sino los 10 mil pesos que cada pino aserrado ayude a ganar, y cuando se cortan 10 mil pinos se obtienen 100 millones de pesos, y por eso el mercado maderero crece y paga, mientras el agua se acaba.
Del mismo modo, mientras la Ley 123-71 prohíbe las extracciones de gravas y arenas de los cauces de los ríos activos, el Ministerio de Medio Ambiente ha encontrado una forma elegante para continuar las extracciones de agregados en los cauces de los ríos, extracciones que ahora se llaman “Programas de Canalización de Ríos”, pero usted nunca ha visto que los programas de canalización sean realizados de manera hidráulica y ambiental por el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, ni que los materiales extraídos sean utilizados para obras comunitarias, ni para obras de interés público, sino que las extracciones son realizadas por particulares y los materiales extraídos son vendidos en el mercado para beneficio personal, pero nunca para beneficio nacional.
En ambos casos, el Ministerio de Medio Ambiente ha encontrado nombres elegantes para autorizar las mismas depredaciones ambientales de bosques y ríos que durante décadas han sido combatidas por la comunidad ambiental nacional, pues los nombres ahora utilizados suenan tan glamorosos que poca gente se da cuenta de que seguimos transitando el mismo sendero de la depredación para comercialización con los recursos naturales de nuestra nación, y aunque momentáneamente hay una paralización transitoria de ambas formas de depredación, lo ideal es que sea definitiva y total la anunciada paralización.
Y no es que un río colmatado de sedimentos no pueda ser canalizado para la correcta adecuación de su sección transversal, y de su sección longitudinal, para garantizar el tránsito de los caudales máximos probables generados durante eventos hidrometeorológicos extremos producidos a partir de precipitaciones máximas probables, muy especialmente en un país tropical donde las tormentas y huracanes generalmente se convierten en fenómenos hidrometeorológicos extremos, porque si la canalización la hiciera el Estado y la hiciera bien, todo estaría bien, pero en realidad lo que siempre ocurre es que quienes participan de esas canalizaciones no tienen ningún interés en la sección transversal ni en la sección longitudinal del río, porque eso no les importa para nada, sino que lo importante es extraer materiales para venderlos en el mercado, y producir millones de pesos con recursos naturales que pertenecen a todos los dominicanos.
Muestra de ello es que a nadie le interesa canalizar los ríos que están llenos de sedimentos finos, como arcillas y limos, porque esos materiales no tienen valor en el mercado, y lo que vemos a diario es que a todos les interesa canalizar los ríos que están llenos de gravas y arenas, porque esos materiales se venden a 700 y 800 pesos el metro cúbico, y cuando a alguien se le asigna la canalización de un pequeño tramo de río de unos 2 kilómetros de longitud, esa canalización puede generarle 100 millones de pesos, en apenas dos o tres meses, y de ahí el marcado interés de pasar el material por un tamiz antes de escoger canalizar la mayoría de ríos del país.
Por eso fue que recientemente las comunidades de Nizao y Don Gregorio, y los alcaldes locales, tuvieron que paralizar por sus propias fuerzas una canalización comercial que había sido autorizada por el Ministerio de Medio Ambiente en la cuenca baja del río Nizao, lo cual es un buen ejemplo que confirma que las comunidades están dispuestas a hacer cumplir las leyes que el Ministerio de Ambiente deliberadamente incumple.
El Presidente de la República, Danilo Medina, deberá tomar estos temas en sus manos y ordenar un freno definitivo, porque durante décadas hemos dicho reiteradamente que si seguimos depredando los bosques y dañando los cauces de los ríos nos quedaremos sin agua, ya que, tal y como nos dijo mucho tiempo atrás el Dr. Víctor Gómez Bergés: “Los dominicanos estamos obligados a cuidar los bosques y los ríos, fruto de que somos un territorio insular pequeño, y si nos quedamos sin agua dulce tendríamos que tirarnos al mar, y para la gente esa siempre será la peor y última opción a considerar”, y tal y como aseguró recientemente el Dr. Frank Moya Pons, quien fue el primer Secretario de Estado de Medio Ambiente, y quien al disertar frente al actual Ministro de Ambiente y frente a todos los ex Ministros de Ambiente dijo que “Si el país no se embarca en un amplio programa de restauración de cuencas se quedará sin agua, pues la baja producción del líquido se debe a la pérdida progresiva de los bosques”.
