El Parque del Este, otra vez

Cuando llegaron procedentes de Italia los señores Pepino Gerosa, Giorgio Monti y Fracesco Intrieri, y montaron las Empresas FULCASA, S. A., que asociada con SOLANTIER C por A primero, y más recientemente con STRATSTONE REAL ESTATES, S.A, se lanzan a promover el Proyecto PLAYA VERDE DEL CARIBE, C. por A. en Boca de Yuma, hacía más de más de 25 años que el Parque Nacional del Este había sido establecido.

El Parque Nacional del Este fue creado mediante el Decreto 1311 del año 1975, estableciendo sus límites fuera del poblado de Boca de Yuma, como están hoy día.

Cuando adquirieron derechos de otros Italianos que les antecedieron y cuando entraron en negociaciones para adquirir terrenos que estaban dentro del Parque Nacional del Este, estaban muy concientes de que en Italia jamás se les ocurriría comprar terrenos de un área natural declarada protegida por ley.

Aun así continuaron su conciente violación a las leyes, confiados en que este es un país de “muñequitos”, donde la ley se puede violar y se puede retorcer la institucionalidad.

Algunos sin duda les habrán desorientados con la consabida frase de que “aquì se logra todo con cuartos, sigan pa´lante”.

Probablemente alguien le habrá dicho que presenten un Proyecto solo para los terrenos que están fuera del Parque e inicien un proceso de acuerdo con la Secretaría de Medio Ambiente para el resto del terreno. Entonces pensaron y quizás hasta manifestaron seguros de sí, que iban a “desarrollar” (verbo que en boca de inversionistas significa aprovechar para mí o para nosotros) esos terrenos por encima de quien sea.

Se sintieron fuertes y seguros de sus propósitos y de que en este país nadie podría detenerlos cuando en la sesión ordinaria 013-03 del 4 de septiembre del 2003, obtuvieron una resolución del Ayuntamiento Municipal de San Rafael del Yuma aprobando a unanimidad, sin preguntarse si estos eran o no terrenos del Parque o si estaban dentro de los 60 metros de la costa, una resolución autorizando a Playa Verde Caribe C por A la construcción de una Marina, dos campos de golf y un casino-hotel.

Más seguros se sintieron de su impunidad cuando el 5 de mayo del 2004 lograron la emisión del Decreto número 412-04.

Mediante ese Decreto se les autorizaba el uso de los 60 metros de costa en la zona de Boca de Yuma para el desarrollo del Proyecto Playa Verde del Caribe, en una porción de terreno de 5,896,787 m2 . Solo que dicha autorización esta condicionada a que los beneficiarios cumplieran con las reglamentaciones de las Secretarías de Estado de Turismo y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, como se estila en este tipo de autorizaciones.

Pero todo indica que buscaban la forma de pasar el Proyecto sin pasar por la Secretaría de Estado de Medio Ambiente, porque están muy concientes de que con cerca de dos millones de metros cuadrados dentro del Parque, sería difícil que en esta Secretaría esto pasara desapercibido o se hicieran de la vista gorda, como ocurrió con la resolución del Ayuntamiento de San Rafael del Yuma y con el Decreto Presidencial.Cuando se discutía la Ley Sectorial de Áreas Protegidas en los años 2002 al 2004, quizás hayan visto una oportunidad de apropiarse legalmente de los terrenos “liberándolos” del parque para “privatizarlos” para ellos solitos.

Suponemos que hicieron lobby y almorzaron y cenaron, y quizás hasta desayunaron, varias veces con Diputados y Senadores que para la ocasión andaban de zafra, ofreciendo “liberaciones” por doquier.
La sociedad los derroto de nuevo como derrotó a otros “desarrollistas” que procuraban liberar “para el goce de ellos solitos”, otros territorio del mismo Parque y de Bahía de las Águilas en el Parque Nacional Jaragua.

Pero Italianos testarudos, no cejaron en sus pretensiones y nada les ha hecho entrar en razón de que sometan un Proyecto para los casi 4 millones de metros cuadrados que están fuera del Parque.

Ahora encontraron la solidaridad de los Diputados del PRSC, Sergio Cedeño de San Pedro de Macorís, Ramón Ricardo Sánchez de la Rosa y Guido Cabrera de La Altagracia, y la firma solidaria de Eugenio Cedeño, del PRD de La Romana .

Estos Diputados de pronto se dieron cuenta que en Boca de Yuma hay pobreza y que la pobreza es porque hay Parque Nacional muy cerca. Es así que “sensibilizados” por la pobreza de Boca Yuma proponen sacar del Parque Nacional de Este los terrenos que, por pura coincidencia, son los mismos de nuestros famosos Italianos emprendedores.

Para dar más argumentos a su propuesta Ley de mutilación del Parque, afirman y ponen a otros a afirmar, que el pueblo de Boca de Yuma esta dentro del Parque y que no se pueden enterrar los muertos y a los niños no se les deja a ir a la escuela, porque cementerio y escuela están dentro del Parque.

Pero ocurre y viene a ser que los límites del Parque siguen estando por donde han estado desde siempre. Que ni pueblo, ni cementerio, ni escuela están dentro del parque y que nunca en 39 años de establecido el Parque ha sido limitante para los habitantes de Boca Yuma desarrollar las actividades que siempre han desarrollado, ni obstáculo para ir a la escuela, ni obstáculo para enterrar a los muertos.

El Congreso Nacional para cumplir con su rol en defensa del interés público, y de paso no dejar dudas sobre su reputación, debe rechazar o dejar que se pierda en el olvido este nuevo intento contra el patrimonio natural del país. Debiera investigar también la verdadera procedencia de esta iniciativa.

Al mismo tiempo debe dar todo su apoyo al proceso de revisión de la Ley Sectorial de Áreas Protegidas para corregir los errores que contiene y recuperar los territorios que les fueron extraídos al sistema nacional de áreas protegidas. Proceso de revisión actualmente en proceso con las organizaciones sociales del sector ambiental y con la participación de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales, como debe de ser.

Pero también se debe explorar con el poder ejecutivo, a través de la SEMARENA, la forma de compensar a los legítimos propietarios originales de Boca de Yuma y otras partes del Parque, no a los oportunistas que adquirieron terrenos sabiendo que estaban protegidos, sino a los habitantes originales que ostentaban alguna forma de derecho al momento de la declaratoria del parque.

Tienen derecho a una compensación o a una permuta justa y es necesario abordar esa problemática para reducir la vulnerabilidad jurídica del sistema nacional de áreas protegidas.

Un Estado que gasta millones en cualquier ocurrencia sin que sea una prioridad nacional no debe resultarle cuesta arriba compensar a los propietarios originales, con lo que les proporcionaría un ingreso justo y al mismo aseguraría la estabilidad a un patrimonio natural de valor incalculable, como es el Parque Nacional del Este.

Bajo ninguna circunstancia debemos permitir que estos inversionistas inescrupulosos, que adquirieron terrenos a sabiendas que estaban protegidos, lo que no se atrevan a hacer en su país, puedan salirse con la suya.

Roberto Sanchez
Clave Digital