El Pacto del Agua deberá reordenar un sector en el que intervienen 20 instituciones

Ceara Hatton entiende que esta entidad reguladora (INDRHI) no puede ser ejecutora de obras ni dar servicios, pues sería juez y parte a la misma vez.

Sin embargo, lograr la deseada articulación de un sistema nacional de agua bajo una autoridad rectora ha encontrado un tranque entre diversos sectores que tienen opiniones distintas sobre quién debe ocupar ese rol. Ese aspecto debe definirse en la Ley de Agua, que discuten desde hace 16 años diputados y senadores sin lograr su aprobación.

Por el momento, han llegado al Congreso tres proyectos de ley que otorgan a distintas entidades la responsabilidad de regentear el sector, mientras el Gabinete del Agua, equipo conformado mediante decreto por el presidente Luis Abinader para trazar la estrategia nacional, elabora otra norma con una posición muy distinta.

Lo que plantea e l proyecto de Ley de Agua, reintroducido en marzo pasado en la Cámara de Diputados por el diputado Máximo Castro Silverio tras haber perimido, es la creación de un Sistema Nacional de Gestión Inte- grada de los Recursos Hídricos y pone sobre los hombros del Ministerio de Medio Ambiente la rectoría de dicho sistema.

Ese ministerio tendría a su cargo las funciones de orientación, planificación, dirección, coordinación, control y fiscalización de las políticas públicas relacionadas con el líquido.

En otra propuesta de ley elaborada por el presidente del Senado, Eduardo Estrella, con el nombre Ley de Agua Potable y Alcantarillado, se crea un Sistema Nacional de Agua Potable y Saneamiento para regir el sector bajo la autoridad del Ministerio de Salud Pública. Esa pieza fue enviada a la Comisión de Salud del Senado para su estudio.

El exsenador Félix Nova Paulino fue autor de otro proyecto que planteaba transformar al INDRHI en la Autoridad Nacional del Agua, con las siglas ANAGUA, como órgano rector de las aguas nacionales.

El Gabinete del Agua trabaja en otra propuesta para una ley de Agua en la que no se otorga a ninguna institución existente el control del sistema, sino que se crea una nueva denominada Autoridad Nacional del Agua, con las siglas ANA. Debajo de ellas estarían todas las otras instituciones.

El Gabinete del Agua todavía se encuentra redactando su proyecto y pretende someterlo al Congreso cuando esté listo. El ministro Ceara Hatton advierte que todavía nada está definido y que la anterior es una de diversas propuestas que se plantean.

De acuerdo con el diputado Gustavo Sánchez, la disputa entre el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (Indhri), la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (Egehid), el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales y otras instituciones para controlar el sector es la causa de que esta pieza se mantenga estancada en el Congreso.

Ese y otros temas fueron abordados en una reunión que sostuvieron diputados y senadores con el presidente Abinader en el Palacio Nacional el pasado viernes 2 de julio. El mandatario analizaba con los congresistas el progreso de varias iniciativas que no logran aprobación definitiva tras años de discusión.

En el país existen al menos 20 instituciones que intervienen de diversas maneras con la administración del agua. Una de ellas es el Instituto Nacional de Agua Potable y Alcantarillado (INAPA), con jurisdicción en todo el territorio para crear los sistemas de abastecimiento de agua potable y para la disposición de aguas residuales y pluviales a las poblaciones urbanas y rurales, al tiempo que se han formado ocho corporaciones de aguas y alcantarillados en igual número de provincias.

La ley 5994 del año 1962 constituyó el INAPA para que “movilice la porción de los recursos naturales disponibles para la solución del grave problema que afecta al pueblo dominicano” (el del agua).

Tres años después se creó el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI) como la máxima autoridad nacional en relación al control, aprovechamiento y construcción en materia de aguas fluviales, hidráulica agrícola, riego, azudes, presas y centrales hidroeléctricas.

También le otorgaba la facultad de intervenir en la conservación de las corrientes de agua, lagos y lagunas.

La Ley General sobre Medio Ambiente, número 64-00, creó la Secretaría de Medio Ambiente y modificó el referido artículo haciendo que, antes de actuar en la conservación de los recursos acuíferos, el INDRHI requiera la aprobación del hoy Ministerio de Medio Ambiente.

Ambas entidades empezaron a compartir la función del reconocimiento y evaluación de los recursos hidráulicos de todas las cuencas nacionales.

A Medio Ambiente corresponde “procurar el mejoramiento de la gestión, administración y reglamentación relativas a la contaminación del suelo, aire y agua”. Se creó una subsecretaría, ahora viceministerio, para el tema de los suelos y las aguas.

La función de construir centrales hidroeléctricas le fue despojada al INDRHI por el expresidente Leonel Fernández en el año 2007 mediante el decreto 628-07, con el que se constituyó la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (EGEHID). A esta se le otorgó la tarea de “diseñar, construir, administrar y operar las unidades de generación de energía hidroeléctrica”.

En 1965 se le adjudicaron al Ministerio de Agricultura las funciones de reglamentar la conservación de las aguas y colaborar con los organismos correspondientes en el uso y distribución de las aguas de irrigación.

El Ministerio de Salud Pública también interviene de múltiples maneras en el sector. La Ley General de Salud, 42-01, le faculta para verificar la calidad del agua servida a los consumidores, e incluye a todas las instituciones que tienen que ver con agua potable, alcantarillado y recursos hidráulicos en el Sistema Nacional de Salud. También agrega a un representante del sector en el Consejo Nacional de Salud.

Entidades como la Unidad de Electrificación Rural y el Ministerio de Economía intervienen también en el sector.