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Por segunda ocasión, la Fiscalía del Distrito Nacional lleva el caso de Bahía de las Águilas hasta la Suprema Corte de Justicia (SCJ) en busca de que un tribunal conozca del fondo del proceso.A través de un recurso de casación contra la sentencia que declaró extinto, por vencimiento de plazo, el proceso penal seguido a los acusados de expropiar terrenos en Pedernales y otras zonas del país, la fiscal Yeni Berenice Reynoso solicitó a la Cámara Penal de la SCJ que revoque la decisión citada y que envíe el caso a la presidencia de los juzgados del Distrito para que apodere un tribunal que conozca de la acusación.
La Fiscalía indica en el documento que el tribunal hace un irracional e ilógico análisis de los plazos meramente numérico y al margen de la disposición normativa legal.
No se vence el plazo
Además, asegura que el juez de primer grado fijó como punto de partida los tres años de vencimiento que establece el Código, a partir del 27 de septiembre de 2006, cuando el legislador indica en el artículo 5 de la Ley 278-04, de implementación, que el plazo correría a partir del momento en que el proceso comience a tramitarse de conformidad con el nuevo Código, es decir, que el plazo no era automático.
“Al fallar sin explicar por qué las normas aplicadas llevan al resultado alcanzar; al fallar una decisión ignorando una decisión de la sala penal de la Suprema Corte de Justicia y valorando documentos que no fueron sometidos al contradictorio, el tribunal ha cometido una falta que despoja de valor jurídico su decisión”, reseña el documento.
La Fiscalía precisa, además, que hubo una errónea aplicación de la norma y no se respetó el debido proceso y la igualdad de partes.
Criticó que solo un juez decidiera el incidente que podía terminar con el proceso.
La jueza Gisselle Méndez dijo que el plazo venció
En su sentencia la jueza presidenta del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, Gisselle Méndez, explicó que en dos ocasiones el proceso se mantuvo inactivo sin justificación alguna, una vez del 10 de agosto de 2004 al 6 de febrero de 2006; y la otra del 3 de mayo de 2007 al 17 de agosto de 2010, y que se violaba el derecho de los acusados a un justo y oportuno juicio.
Vía: El Caribe
