El geólogo Osiris de León favorece que el gobierno busque la opinión de una entidad imparcial como el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), para determinar la viabilidad de la instalación de una cementera en Los Haitises, sin embargo, la Sociedad Ecológica del Cibao (SOECI) considera que el país no necesita que un organismo internacional opine sobre temas que dominan muy bien los técnicos dominicanos.
De acuerdo con de León, quien es el coordinador de la comisión de ciencias naturales y medio ambiente de la Academia de Ciencias, el PNUMA estaría compelido a fallar en contra de que se instale una cementera en esa zona, porque si el estudio que la entidad realice se circunscribe a la realidad ambiental de Los Haitises, no hay dudas de que habrá una gran coincidencia con la Academia de Ciencias y otras organizaciones defensoras de los recursos naturales.
Al destacar que en la tradición dominicana los gobernantes buscan la opinión de agencias extranjeras para tratar de condicionarlas, afirmó que el organismo jamás se prestaría a eso porque no pondría en riesgo su prestigio internacional.
En cambio, Eduardo Rodríguez, presidente de SOECI, entiende que el conflicto sobre la cementera que pretende edificar el Consorcio Minero Dominicano debe dirimirse a través del diálogo entre las partes, porque los técnicos dominicanos pueden debatir el problema sin la necesidad de un informe internacional.
“Lo que ha faltado es concertar, reunirse, dialogar, por eso demandados del presidente Fernández que convoque a todos los sectores que tienen que ver con el tema para que lo debatan ampliamente”.
A su juicio, hay que reunir a los promotores del proyecto y a las organizaciones ambientales para encontrar una salida “porque el PNUMA emitirá una opinión que, no necesariamente, tiene que ser aceptada por todas las partes”.
A raíz del rechazo producido por la intención de construir la cementera, que se instalaría en la comunidad de Gonzalo, en Monte Plata, el miércoles el presidente Fernández anunció que el Gobierno le solicitó al organismo un informe sobre las operaciones de la empresa en el área protegida.
Un fallo judicial
La semana pasada la jueza Sarah Henríquez Marín, de la Sala Administrativa y Contenciosa del Distrito Nacional, ordenó la paralización provisional de la cementera, mediante una medida cautelar en la que expresó que “el principio llamado de cautela exige la adopción de medidas de protección antes de que se produzca el deterioro del medio ambiente, operando ante la amenaza a la salud o al medio ambiente, y ante la falta de certeza científica sobre sus causas y efectos”.
Las luchas
Varios grupos sometieron a la justicia una solicitud de medida cautelar que devino en la decisión.
La responsable
Para Osiris de León la gran responsable de ese y otros conflictos que han surgido en el país por el otorgamiento de permisos de explotación en áreas protegidas es la Dirección Nacional de Minería.
A su juicio, esa entidad otorga permisos de manera alegre e irresponsable, sin pensar en las consecuencias futuras que arrastran sus decisiones.
Al afirmar que ese organismo actúa unilateralmente, sin tomar en cuenta la Ley 146 de Medio Ambiente y Recursos Naturales, dijo que ordinariamente hace lo que quiere.
De León precisó que Minería le pide al Poder Ejecutivo que otorgue concesiones mineras y entienda que una vez este estamento las da son hechos consumados e irreversibles.
“Pero eso tiene que cambiar, la Dirección de Minería no puede seguir con esa alegría, ni debe darle tantos permisos a tanta gente, en definitiva esa entidad no se maneja de forma correcta”.
El geólogo planteó que la institución debería dejar de pensar sólo como entidad minera, para comenzar a plantearse los potenciales impactos negativos de los permisos que otorga en zonas que tienen gran importancia en términos ambientales.
Por: Leonora Ramírez S, y José Alfredo Espinal
Hoy Digital