Día Mundial de Lucha contra la Desertificación y la Sequía

La Asamblea General de Naciones Unidas designó, en 1994, el 17 de junio como «Día Mundial de Lucha contra la Desertificación y la Sequía». Este día marca el aniversario de la adopción de la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación.

La desertificación afecta a más de 110 países y cada año se pierden 6 millones de hectáreas de tierra productiva. Según Ecologistas en Acción en España el 40% del suelo esta amenazado por los procesos de desertificación, pero a pesar de ello, el Ministerio de Medio Ambiente ha sido incapaz de detener la desertificación, principal obligación contraída por el Gobierno español tras firmar, en 1996, el Convenio de Lucha contra la Desertificación.

Aunque los sucesivos gobiernos han recalcado que la protección de los suelos es una de las prioridades del Estado, la realidad es que este aparente interés se desvanece entre promesas y retóricas vacías. Está claro que a pesar de que el diagnóstico cartográfico y científico del problema inducen a pensar que se sabe técnicamente como frenarlo no se toman las medidas adecuadas.

España se encuentra a la cabeza de los países desarrollados afectados por la desertificación. Uno de los principales factores desencadenantes de esta situación es la erosión o pérdida de suelo fértil. El 42% del territorio español, 21 millones de hectáreas, está sometido a procesos de erosión que superan los límites tolerables, (pérdidas de suelo de 12 toneladas por hectárea y año) y el 12%, 6 millones de hectáreas, está sometido a erosión muy severa, con pérdidas de suelo superiores a 50 toneladas por hectárea y año. Para el conjunto del Estado se calcula una pérdida total anual de suelo de 1.156 millones de toneladas. Si se tiene en cuenta que la tasa de formación de suelo varía entre 2 y 12 toneladas por hectárea y año, se reparará en la magnitud del problema. Las zonas más afectadas se encuentran en Andalucía, Castilla-La Mancha, Levante y Murcia.

Entre los principales factores que desencadenan esta situación se encuentran la explotación insostenible de los recursos hídricos, que es causa de graves daños ambientales, incluidos la contaminación química, la salinización y el agotamiento de los acuíferos. Pérdidas de la cubierta vegetal a causa de repetidos incendios forestales. Concentración de la actividad económica en las zonas costeras como resultado del crecimiento urbano, las actividades industriales, el turismo de masas y la agricultura de regadío.

Para Ecologistas en Acción, las actuaciones en materia de protección de suelos deben tener como principal objetivo el desarrollo de una gestión sostenible de las tierras agrícolas, de los recursos hídricos y de la ordenación del territorio. Sin embargo, las políticas que lleva a cabo el Gobierno en materia agrícola, urbanística e hidrológica se alejan cada vez más de un modelo de desarrollo sostenible que pudiera prevenir la degradación de nuestras tierras.