Deforestación y tráfico de madera: Resoluciones que no solucionan

Ha sido una tradición que desde el Ministerio de Medio Ambiente se dicten medidas que difícilmente se cumplan más allá del papel, entre estas las más decepcionantes con las que tienen que ver con el manejo de los recursos forestales y la extracción de agregados: se emiten, se incumplen, revocan, expiran y nunca resuelven.

Es en ese contexto que hay que poner las medidas anunciadas en la presente gestión, tanto la No. 0018-2022 que se anunció en abril y que suspendía el aprovechamiento de madera bruta proveniente de las plantaciones y planes de manejos forestales en los municipio San José de las Matas, Monción y la provincia Santiago Rodríguez, como la recientemente emitida y derogada resolución 34-2022 que tenía el mismo propósito, pero para todo el país.

Estas y otras muchas medidas son la resultante de la desesperación (y hasta frustración) de los ministros de turno, al observar cómo se vulneran los procesos, se saltan los controles y los mecanismos de supervisión, en las narices de los encargados de cumplir y hacerlos cumplir y desde luego por la presión social comunitaria.

Viceministros, supervisores, directores, encargados municipales, efectivos de SENPA y una larga lista de funcionarios deberían ser suficientes para estar tranquilos respecto a que «las normas se cumplen», pero no es así.

El corte irregular y tráfico de madera es un azote que destruye nuestros bosques, afecta nuestros ríos y erosiona no sólo nuestros suelos sino otras cosas más delicadas, como la confianza en el sistema. De ahí que muchas comunidades, ambientalistas y ciudadanos pegan el grito al cielo cuando «ven bajar de las lomas» camiones repletos de troncos que podrían -o no- ser parte de un ilícito forestal. En la sierra por ejemplo, los comunitarios están HARTOS de tanto relajo: cualquier día, a cualquier hora, con o sin documentación pasan estas cargas y las autoridades parecen no enterarse.

Entonces ¿por qué no funcionan esas resoluciones?
Porque no son sostenibles en el tiempo.
Porque castiga por igual a justos y pecadores.
Porque igual se necesitará seguir teniendo varas para ranchos, madera para construir, productos del bosque para industrializar.
Porque en la práctica, en las condiciones actuales, Medio Ambiente NO TIENE FORMA de hacerlas cumplir.

Y peor aún, porque tira por la borda años de inversión y promoción (auspiciados desde el propio Estado Dominicano y grupos ambientalistas) para procurar un cambio en el uso de suelo hacía prácticas más sostenibles, sustituyendo por ejemplo lomas peladas, agricultura en zonas de alta pendiente y ganadería de montaña por plantaciones de Pino y otras especies maderables que permitirían un nivel importante de cobertura forestal, algunos servicios ecosistémicos, retención de suelo, secuestro de carbono y en algún momento beneficios económicos con su explotación regulada, reduciendo las importaciones y aportando al PIB de la nación.

Hay personas, empresas, que hace años creyeron en la propuesta, captaron miles de tareas de tierra, invirtieron cientos de millones de pesos y ahora simplemente se les convierte en una pesadilla cuando tratan de aprovechar el fruto de su esfuerzo ¿Cuál es el problema? que nadie confía en nadie… Las comunidades, los ambientalistas, sospechan que muchos «planes de manejo forestal» aprovechan su condición para explotar también bosques naturales, más allá de lo que plantaron.

Aún cuando una carga transita con su documentación, se suele dudar de su validez: las mafias que manejan los permisos a todos los niveles (A TODOS LOS NIVELES) se han convertido en un cartel que ha expoliado los bosques y se ha embolsillado miles de millones de pesos a lo largo de los años… cobrando ribetes de escándalo insoportable en tiempos recientes. Al punto de que algunos de estos productores-inversionistas responsables decidieron sencillamente «salir del negocio» porque «con ese tigueraje, no se pueda competir».

Pero entonces ¿Qué hacer? Se hace imperante recuperar la confianza, en base a demostrar transparencia, supervisión, control y respeto por las normas. Y esto podría lograrse si las autoridades trabajan de la mano con las comunidades, con los grupos ambientalistas, con las autoridades locales. Facilitando mecanismos fiables de supervisión, información clara, oportuna y precisa sobre los planes de manejo existentes en cada zona, que productos forestales tienen derecho a procesar, quién ha otorgado los permisos, cuándo y cómo y hacía donde los cortan y transportan, al tiempo de aplicar un sistema de consecuencias más severos a quienes incumplan lo establecido.

Al SENPA le toca que sus agentes tengan el entrenamiento, la ética y el rigor necesarios para poder fiscalizar el transporte y destino de estas cargas de madera, que no se les vea nada más con la bien ganada percepción de «ya vinieron a recoger lo suyo».

Pero también hace falta dar la milla extra: los productores forestales deben de aportar un poco más de beneficios a las comunidades de su entorno, colaborando con el arreglo de los caminos, apoyando mejoras en los servicios básicos como agua potable y electricidad, aportando a mejorar la gestión de esos parajes y la calidad de vida de las personas del entorno.

Para todo esto hace falta mejorar la fluidez y calidad de la información, apoyarse uso de la tecnología básica como el uso de drones para cuantificar constantemente las fincas madereras, señalizar los medios de transporte con códigos QR para tener datos dinámicos y verificables, entre otras acciones de control y transparencia.

Si logramos mejorar la reputación y la confianza entre los actores del sistema, a lo mejor un día será motivo de satisfacción y orgullo ver los camiones cargados, bajar de la sierra.

Fundación Acción Verde, Inc.