El Director Ejecutivo del Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente (INSAPROMA), Lic. Euren Cuevas Medina, dijo hoy que ese instituto siente gran preocupación por las negociaciones del acuerdo que lleva el Gobierno con la empresa Barrick Gold, la cual explota el yacimiento de oro de Pueblo Viejo, Cotui.
Señaló que hasta el momento la parte económica es la que está predominando en esas conversaciones, mientras que la población desconoce cuál es el manejo que se está haciendo en lo referente al tema ambiental, que a su juicio debería ser de primer orden ya que esta actividad, por su naturaleza y la tecnología que se está usando, tiene un alto potencial para provocar impactos ambientales negativos, tal vez algunos con carácter irreversibles.
Cuevas le recordó a los miembros de la Comisión oficial que esa empresa se instaló sin contar con una licencia ambiental, violando el ordenamiento jurídico dominicano, y que el documento que el Estado dominicano le entregó en el año 2006, y que el Ministerio de Medio Ambiente se niega a hacer público, fue para la operación de lo que era Placer Dome, que respondía a un proyecto distinto al que está ejecutando la Barrick.
Así como manifestó el Presidente de la República Danilo Medina el pasado 27 de febrero en el Congreso Nacional, que el Estado tan solo recibiría un 3% de los beneficios de esa explotación, lo que es inaceptable, INSAPROMA también expresa como inaceptable que el país asuma los costos ambientales del llamado Drenaje Acido de Mina (DAM), además de los del post cierre, montos que son inestimables y que comprometerían el futuro económico y ambiental de la nación.
En este punto se viola la Ley General de Medio Ambiente y Recursos Naturales específicamente en el artículo 18 numeral 6 donde el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales tiene la obligación de exigir los estudios científicos pertinentes y además obligar a la minera Barrick Gold a cargar con los costos de remediación, pero no solo se violenta la ley 64-00 y la ley 146-71 de minería, si no que se atropella la Constitución de la República cuando establece que todo el que cause daño al ambiente está obligado a repararlo conforme a la situación anterior al hecho ocurrido, sin embargo en este caso lo repararía el pueblo dominicano con sus impuestos, lo que es insólito y no lo vamos a permitir.
El DAM es un problema de largo plazo. Por ejemplo en Suecia, a la fecha se están manejando pasivos ambientales de esta naturaleza que datan del siglo 18, Otro ejemplo es el de Canadá, donde tiene su sede central la Barrick, en 1994 había alrededor de 1,800 millones de toneladas de relaves y 700 millones de toneladas de escombros generando ácido y el costo total de remediación de todos los productos mineros con DAM fue estimado en $5,250 millones, un costo inmanejable para la RD.
Que lo sepan los ejecutivos de la Barrick, un nuevo acuerdo económico con el Gobierno no será suficiente, pues INSAPROMA va a usar los medios legales necesarios para hacer que esa empresa cumpla con la Constitución de la República, la Ley 64-00 y sus normativas.