En las naciones más organizadas y desarrolladas, fuentes de origen de las transnacionales que surcan el suelo dominicano en el discurrir de los años, las leyes suelen ser estrictamente aplicadas.
Los sobornos, las coimas u otras disfunciones capitalistas, que no les son ajenos tampoco, son mantenidos a raya y se castigan a ciegas, de ser necesario, si se descubren a tiempo.
Las normativas ambientales están fuera de discusión y las recoge sin miramientos el espíritu de la ley que un fiscal poderoso enuncia en un estricto tribunal.
Ahí no se pueden ahogar los ríos en sulfuros, aceites u otros venenos.
Los Abogados del Diablo que defienden hasta lo inabordable no pueden traspasar las líneas indicadas.
Es impensable crear un desastre ambiental sin pagar un precio por ello.
Los celos y recelos pasan por controles casi inviolables.
Hay casos de empresas, como la Falconbridge, por ejemplo, en cuyas instalaciones en Canadá se puede colocar un espejo reluciente frente a las zonas críticas y se queda igual de limpio.
Aquí no han comparación posible.
Le ha ido tan bien que se está expandiendo a La Vega desde Bonao y se dice que no sólo extrae ferroníquel sino además metales preciosos y quizás diamantes, lo cual debería comprobarse puntualmente a un sea para fines de apunte pues ¿quién se halla en disposición de enfrentarla?
No se puede, en los casos más necesarios, prescindir de chimeneas adecuadas ni filtros que descontaminan.
No se desbarranca toda una montaña para extraer metales sin consecuencias como por ejemplo reforestar y ejercer todos los cuidados que demanda la ley.
En el panorama territorial dominicano esa es una utopía clamorosa.
Como los gobiernos necesitan de esas inversiones para sus programas y como hay de por medio lobbbistas que diligencian instalaciones y comisiones que se cobran a niveles variados y gratitudes que se pagan, aplauden con gestos de alborozo su llegada, casi sin reservas.
Lo raro es que la última, la denominada Barrick Gold, n ose haya colocado, para fines cosméticos y de marca-imagen, el apellido de “dominicana” como ha sido lo usual a los fines de amortiguar las seguras protestas por sus devastaciones.
Cuando se instalan estas sonoras “inversiones de capitales” ya están informadas de todo:
Habrá reticencia de las comunidades a ser afectadas y por tanto se deben anunciar “empleos.”
Que suelen ser de alto riesgo.
Tienen que hacer inversiones, no tan costosas, en relaciones públicas pues siempre aparecerán quienes resultan baratos y hasta gratuitos para esas operaciones miserables.
Surgirán grupos de rechazo en las áreas urbanas que advertirán del peligro.
Pero entonces ¿para qué está el Estado organizado si no reprimiera esas voces que se levantan contra lo que perturba y lo que daña?
¿Para qué se adquieren en esas mismas naciones donde nacen las mineras las bombas lacrimógenas y las estrategias de represión y de reprimendas?
Hay en todo ello un desprecio a la condición “subdesarrollada” de las comunidades receptoras de la “inversión extranjera” con la que se intenta deslumbrar y socavar voluntades e imponerse.
El bien común, como decía la Constitución reposada, bien pensada que había, al menos en cuestiones críticas, está por encima de todo, incluida la defendida por el Presidente inversión privada en el caso del acceso a las playas, que es -o era- desde siempre.
En el Este ya no es necesario ese capítulo pues una gran franja de la costa está tomada por los “inversionistas” y no permiten el acceso a la gente de los pueblos, castigada de no disfrutar de su territorio por efecto de un ideal errado de inversión extranjera que no toma en cuenta el factor humano propio y le entrega lo poco que hay a la aventura que después deja los hoyos y la miseria.
Los dividendos operativos para esa generosidad e incondicionalidad forman un universo aparte.
La que fuera una inspirada liberación nacional que dio forma a las organizaciones políticas que por efecto gravitacional permitieron el acceso al poder de los pupilos del liderazgo heredado se tornó en exactamente lo contrario.
La liberación de ayer, concebida en mentes más entregadas a un ideal de transparencia es hoy el “respeto a la propiedad privada.” Eufemismo con el que se protege la piratería de quienes contaminan, hieren y maltratan los recursos naturales que las multinacionales como la Barrick Gold no se atreverían a tocar en sus naciones de origen.
Por: Rafael P. Rodríguez
El Nacional