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Santo Domingo. RD.- La denuncia tras el contrato de construcción de una carretera de 73 kilómetros de longitud y que atravesaría la reserva natural Loma Quita Espuelas, en la cordillera septentrional, mantiene a los dominicanos a la expectativa de ver qué pasará con el tema de la transparencia en el gobierno y dicha carretera.
En las redes sociales, de los temas que salieron a relucir en cuanto a esta carretera, es el de una propiedad donde se observa una enorme villa en el trayecto de la vía en construcción y bastante avanzada, comentando los dominicanos e internautas que han visto el videoreportaje, que la construcción de dicha carretera parece beneficiar a los dueños de la gran villa.
La demanda proveniente, en principio, de la oposición, sobre lo que se escondería tras el contrato de construcción de la carretera Quita espuelas.
Mientras que ciudadanos dominicanos dicen estar a la espera de que el gobierno dominicano, rompa el silencio, tras el presidente del Partido Revolucionario Moderno, (PRM), Andrés Bautista, hacer la denuncia sobre la “carretera clandestina”.
En las redes sociales el reclamo de informaciones y de que sea aclarado este tema no se ha hecho esperar, y ha sido tendencia en las redes, tal es el caso de un video difundido a través de Youtube, el cual además deja en el aire numerosas interrogantes, registrando hasta el momento más de tres mil visualizaciones.
Mientras que se ha dilucidado que se trata de una obra “privada”, concesionada para el año 2013, en la gestión de Miguel Pimentel Kareh al frente de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, (OISOE).
Por el momento los requisitos para esta concesión son desconocidos, aunque indicaron que la OISOE, momentos en que era dirigida hace varios meses por Francisco Pegán, recopila informaciones para poder ofrecer una respuesta a la República Dominicana.
El presidente del PRM, Andrés Bautista, denunció el martes que el Gobierno construye una carretera de 73 kilómetros de longitud en los lomos de la cordillera Septentrional, lo cual afecta una zona ecológica, protegida de las provincias Duarte, Espaillat y María Trinidad Sánchez.
Por tal razón, a través de una nota de prensa Bautista demandó la paralización inmediata de la obra, y dijo que el Gobierno está en la obligación de explicar su prioridad, los estudios de impacto ambiental, las licitaciones que se hicieron para otorgarla, cuál es el monto y de dónde provienen los recursos.
Así mismo, salió a relucir la recomendación de que que entidades especializadas hagan una investigación independiente, que incluya una auditoría ecológica, así como a las obras de ingeniería, ya que denunciaron además grandes daños ecológicos a esa reserva natural.
