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La Comisión Especial del Senado, apoderada del proyecto de ley mediante el cual se crea el Parque Nacional Loma Miranda, rindió ayer un informe favorable a esa iniciativa, pero con modificaciones, entre las cuales figuran que para que el Estado pueda resarcir económicamente los daños a los propietarios de los terrenos ubicados en la zona, una superficie de 32 kilómetros cuadrados, se aumentará en un 10 % del valor a pagar para otorgar licencias o permisos ambientales para la explotación minera.
También, establece que se aplicará una multa equivalente al doble del valor del área o territorio impactada negativamente por la explotación de materiales metálicos y no metálicos, en territorio nacional y su plataforma marítima, tomando en cuenta lo que establece la Ley 64-00, sobre el delito contra del Medio Ambiente y los Recursos Naturales.
La iniciativa será conocida en la sesión ordinaria del Senado prevista para el miércoles venidero. De ser aprobada como fue sugerida en ese hemiciclo, deberá ser sancionada en la Cámara de Diputados para ser convertida en Ley.
En el proyecto de Ley, leído por Rafael Calderón, presidente de la referida comisión, se destaca que los recursos económicos obtenidos por las vías indicadas anteriormente también serán destinados a resarcir el pasivo ambiental que las actividades de explotación minera ocasionen al medio ambiente y los recursos naturales.
Además, propone que el Consejo de Gestión, Administración y Desarrollo del Parque Nacional Loma Miranda, que deberá ser creado, incluya en su presupuesto anual los recursos necesarios y emprenda las acciones pertinentes para poder cumplir con su rol de proteger y vigilar esa área protegida.
Según el artículo 8, sobre el derecho de propiedad, debido a que los terrenos donde está ubicada Loma Miranda, incluyendo el área de depósitos de minerales que contienen ferroníquel, están en posesión o son propiedad legítima de más de un propietario, corresponde al Estado actuar conforme a lo que establece el artículo 51 de la Constitución.
Ese artículo expresa textualmente que «ninguna persona puede ser privada de su propiedad, sino por causa justificada de utilidad pública o de interés nacional, previo pago de su justo valor, determinado por acuerdo entre las partes o sentencia del tribunal competente, de conformidad con lo establecido en la Ley».
En sus considerandos señala que los daños ambientales inevitables que generaría un proyecto minero «nunca serían compensables con los recursos que recibiría el Estado dominicano a cambio de la explotación minera en dicha Loma», y que los bienes y servicios eco sistémicos que atesora esa área podrían ser arruinados parcial o totalmente, si el Estado permite esa actividad comercial.
Senadores reaccionan
Luego de ser leído el informe favorable, el senador de Monseñor Nouel, Félix Nova, consideró que el mismo era irresponsable, producto de «presiones mediáticas», y señaló que de aprobarse en ambas cámaras legislativas esa iniciativa, el Poder Ejecutivo tendría que observarla, porque es inconstitucional.
Difiere de él el senador por La Vega, Euclides Sánchez, quien mostró su satisfacción por el informe favorable de la Comisión Especial, pero informó que hará consultas con expertos para tener una opinión más acabada sobre el tema.
Vía: http://www.diariolibre.com/
