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El Consejo Económico y Social (CES) elabora junto al Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD) la metodología mediante la cual integrarán a todos los sectores de la vida nacional en una discusión para definir un Pacto del Agua, que contempla inversiones por US$8,546 millones desde el presente año hasta el 2036.
Rafael Toribio, presidente del CES, explicó que actualmente determinan junto al MEPyD la forma en la que se realizarán las discusiones, lo que será llevado a un decreto que emitirá el Poder Ejecutivo para iniciar las consultas.
El Poder Ejecutivo entregó al CES el “Compromiso Nacional para un Pacto por el Agua 2021-2036”, con un cronograma de consultas a los partidos políticos, empresas privadas, organizaciones de usuarios, juntas de regantes, alcaldías y los sectores agropecuario, turístico, medioambiental y académico.
De acuerdo con el plan gubernamental, dichas discusiones deben concluir en el último trimestre del presente año 2021, para que luego el Poder Ejecutivo aborde las discusiones sobre el plan de reforma de las entidades del sector agua.
Logrado el consenso y aprobado el Pacto del Agua, las autoridades se abocarán a consultar con el público un proyecto de Ley de Aguas que reglamente el sector, que establezca un nuevo orden institucional, y plasme todos los aspectos acordados en el CES.
Desde ya, el Gabinete del Agua trabaja en esa norma, la cual es distinta a otras tres que han sido introducidos al Congreso por diversos legisladores.
Una de las propuestas del proyecto del Gabinete del Agua es crear una Autoridad Nacional del Agua (ANA) que regule las demás instituciones que intervienen con el manejo de los recursos hídricos.
Acordado un código, se espera entregarlo al Congreso para su aprobación antes de concluir 2022.
En la primera reunión del CES respecto al tema del agua, Miguel Ceara Hatton, ministro de Economía, presentó al pleno el “Compromiso Nacional para un Pacto por el Agua 2021-2036”.
Ceara Hatton aseguró ante el CES que se busca una propuesta integral donde participen todos los sectores en un tema prioritario, como es el agua, en su triple dimensión de recurso natural, económico y, según lo establecido en la Constitución, un derecho que garantiza el consumo humano sobre cualquier otro uso. Se espera que con las consultas a distintos sectores y actores esta iniciativa se convierta en una política de Estado.
