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El Comité Nacional de Lucha Contra el Cambio Climático (CNLCC) consideró que la clasificación como “reservada” de informaciones relacionadas con las plantas de carbón de Punta Catalina por parte de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), busca ocultar el escrutinio de la opinión pública a decisiones tomadas en torno al proyecto energético.
Según un documento dado a conocer por el CNLCC el pasado 11 de enero, el vicepresidente ejecutivo de la CDEEE, Rubén Jiménez Bichara, emitió el acto administrativo OAI-01/2016 en el cual clasificó como reservadas las informaciones sobre las plantas de carbón de Punta Catalina y el contrato para la siembra de caoba en el entorno de esas plantas, luego de que el Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente (Isaproma) los había requerido, al amparo de la Ley de Libre Acceso a la Información Pública (200-04).
El acto administrativo establece que “se clasifica como reservada, en razón de intereses públicos preponderantes, la información requerida por el Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente”, el cual, junto al CNLCC, ha sometido un amparo contra la construcción de las plantas de carbón.
La CDEEE alega que la prohibición se debe a “que la entrega de las informaciones requeridas podrían comprometer la estrategia procesal” que prepara para el caso que se encuentra en el Tribunal Superior Administrativo. La institución argumenta que se acoge al artículo 17 de la Ley 200-04 que establece las limitaciones.
Qué quería. Isaproma solicitó a la CDEEE el contrato de reforestación firmado con el Ministerio de Medio Ambiente y el Consorcio de la Caoba Dominicana. También, el presupuesto para la construcción de las plantas, fuente de financiamiento y nombre de los propietarios del terreno donde se construyen.
El CNLCC calificó de grave la negativa de dar la información, ya que con ellos se busca que el público conozca los detalles de este proyecto “que está bajo muy serias sospechosas de corrupción”.
Señaló que ese acto confirma y refuerza la conducta nada transparente e ilegal de las autoridades que se revelara recientemente con el acuerdo secreto con la empresa Pinegy Commercial Group, con supuestos vínculos en altas instancias del Gobierno, que autoriza la instalación de otra planta de carbón de 600 megavatios también en Punta Catalina.
