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Con el objetivo de adecuar las leyes y normas que tocan la contaminación sónica a los entornos y realidades actuales de la República Dominicana, las autoridades buscan modificar la normativa ambiental sobre la protección contra el ruido, un instrumento esencial para atacar esa problemática que perjudica la calidad de vida de los ciudadanos.
María del Carmen Vargas, titular de la Dirección de Participación Social del Ministerio de Medio Ambiente, dijo a Diario Libre que esa institución se ha centrado en verificar los niveles de decibeles (la unidad para medir la intensidad del sonido) y los horarios de ruido permitidos “para que estén más acordes con la actualidad. La norma que tenemos data de bastante tiempo”.
Sobre este tema habló durante un Diálogo Libre la viceministra de Gestión Ambiental, Indhira de Jesús, quien explicó que los decibeles permitidos en la “Norma Ambiental para la Protección contra Ruidos”, un documento desarrollado por el Ministerio hace 20 años, “son los de una conversación normal”.
Vargas sostuvo que con las actualizaciones las autoridades tendrán los instrumentos para regular los ruidos en zonas como, “construcciones o de depósitos en los que los camiones hacen mucho ruido al entrar o salir, que son tipos de situaciones que traen inconvenientes en las comunidades”.
En ese sentido, citó además el caso del Distrito Nacional: “tenemos una conformación del uso de suelo mixto, donde hay industrias y residenciales, eso es lo que más traen inconvenientes”, señaló e indicó que buscan con las modificaciones a la normativa que la regulación venga desde los permisos que otorgan los Ayuntamientos hasta los del Ministerio.
Línea Verde
Vargas, quien también funge como directora de la Línea Verde del Ministerio (809 567-4300 ext. 6501, 6502, 6503) sostuvo que la ciudadanía puede colocar sus denuncias sobre ruido en esa vía para luego ser enviadas a la Procuraduría Especializada de Medio Ambiente, dependencia del Ministerio Público encargada de sancionar esta clase de delitos.
“Lo que se hace es que se verifica (la denuncia) y ese expediente se le manda a la procuraduría ambiental. Aquí tomamos todas las denuncias, no importa de qué tipo sea, se le hace la inspección; tenemos una unidad de fiscalización, y en el caso de que no nos competa, si es de ruido, como música, carros o bocinas, eso se manda a la Procuraduría”, sostuvo.
La funcionaria añadió que el Ministerio de Medio Ambiente tiene la función de acompañar a la Procuraduría en el aspecto técnico.
“Ellos no tienen el expertise técnico ni equipos como sonómetros”, un instrumento que es importante en casos que requieran una investigación y monitoreos de largos periodos de tiempo.
