Bucanyé: obtuvo títulos de propiedad y acuerdo con el actual gobierno

El pasado jueves 13 de abril el ministro de Medio Ambiente, Miguel Ceara Hatton, en una entrevista en vivo por televisión, se refirió al proyecto Bucanyé afirmando: “Eso es un área protegida y no se puede tocar”, para luego referirse a que hay una discusión legal si una persona que tiene un título de propiedad puede cercar un área protegida.

Ceara Hatton se refiere a una cerca levantada por Oceanus Investmet, S.R,L, en uno de los límites de los terrenos adquiridos por la empresa desde 2015 hasta el 2022 en la parcela número 40 y subdivisiones correspondientes al Distrito Catastral 3, originalmente  del municipio de Enriquillo, Barahona, que actualmente se ubican en Pedernales.

Ceara Hatton hace referencia a que es un área protegida, porque las parcelas se encuentran en su mayoría en el Área Nacional de Recreo Playa Cabo Rojo-Pedernales, que en el Sistema de Áreas Protegidas tiene categoría VI.

El pasado lunes 27 de marzo, la ONG Grupo Jaragua publicó un video y un documento en sus redes sociales, denunciando que el proyecto denominado “Bucanyé Club de Playa”, no cuenta con permiso ambiental y ya se han cortado miles de kilómetros cuadrados de manglares apropiándose impunemente de terrenos del Estado, cercando varios kilómetros de terreno en franca violación del área protegida.

Ceara Hatton, al ser cuestionado en la entrevista del pasado jueves sobre la denuncia de la tala actual de mangle en el área protegida, arremetió contra Grupo Jaragua: “Eso es falso… es un acto de deshonestidad intelectual y profesional, de tu coger una imagen que es vieja y ponerlo como que fuera hoy. Eso yo no lo haría nunca”.

A su vez, el viceministro de Áreas Protegidas, Federico Franco, publicó en su cuenta de Twitter, el 31 de marzo pasado, que la denuncia tiene un sometimiento ante la Procuraduría de Medio Ambiente desde febrero de 2022 y que ese mismo día visitó la zona y no encontró violación alguna, “Entiendo que amigos se sientan frustrados, pero hay que esperar los procesos”, expresó Franco.

Negó que el ministerio recibiera  solicitud de proyectos en el área, aunque conocen de la intención.

Sin embargo, Diario Libre obtuvo una copia de la solicitud de autorización ambiental del proyecto, del 10 de noviembre del 2022, para iniciar el proceso de evaluación ambiental, bajo el código 21897 BUCANYE. Una fuente dentro del Ministerio confirmó a DL el depósito, pero la solicitud no presenta actividad desde el 20 de noviembre,  no se ordenó la debida inspección del proyecto.

La Parcela 40

La propiedad de esta parcela y sus divisiones ha sufrido innumerables transacciones y algunos litigios a lo largo de décadas.

Sin embargo, uno de los casos más sonados donde se menciona la parcela es el de Bahía de las Águilas, cuando decenas de personas intentaron adueñarse de terrenos de manera fraudulenta.

En el caso fueron inicialmente incluidas las parcelas 215-A y sus subdivisiones; la parcela 215-B y subdivisiones y la parcela 40 y sus subdivisiones. Sin embargo, del litigio fueron excluidas las parcelas 40 y 215-B, aunque quedó demostrado en el proceso que el Estado es titular desde antes del año 1953, del derecho de propiedad sobre la parcela 215; terrenos sobre los cuales además siempre mantuvo en posesión; igual que sobre la parcela 40 del mismo distrito catastral y municipio.

En el expediente se explica que partir del año 1990 y hasta el año 1996, se procedió a crear falsos asentamientos agrarios sobre dichas parcelas 215-A y 40, a través del Instituto Agrario Dominicano y la Administración General de Bienes Nacionales con la complicidad del Registrador de títulos de Barahona de la época.

El proceso inició en 1997, cuando se denunció al exdirector del Instituto Agrario Dominicano Jaime Rodríguez Guzmán, su esposa Reyna Margarita Martínez y su hermano Rafael Rodríguez Guzmán, acusados de vender los terrenos del Estado.

Para justificar la transacción con los supuestos propietarios de las parcelas 215-A y 40, presentaron varios argumentos: Se afirmó que solo se estaban utilizando títulos de propiedad legítimos, aunque esto no es posible ya que las parcelas en cuestión pertenecen al Estado y su transferencia a los particulares fue hecha de manera ilegal por varias razones. En primer lugar, según la Constitución, la enajenación de bienes inmuebles requiere la aprobación del Congreso. Además, para otorgar títulos definitivos a parceleros de la reforma agraria, se deben seguir procedimientos establecidos y demostrar que existen verdaderos asentamientos agrícolas, que no fue el caso. Una vez otorgados los títulos, deben estar sujetos a la intransferibilidad como bienes de familia. Otro de los argumentos fue que las parcelas estaban fuera de área protegida.

El Ministerio Público ponderó, a través del abogado del Estado y fiscal ante la jurisdicción inmobiliaria, Gedeón Platón Bautista, la decisión del Tribunal Constitucional de ratificar la titularidad al Estado dominicano sobre Bahía de las Águilas, al considerar que finalmente se hace justicia a favor de los dominicanos.

El Tribunal Constitucional (TC), luego de acoger la petición del Ministerio Público, rechazó varios recursos de revisión constitucional a decisiones jurisdiccionales y ratificó la titularidad al Estado dominicano del derecho de propiedad en Bahía de Águilas, informa el Ministerio Público en una nota de prensa.

Con su decisión, el TC confirmó la sentencia número 918, dictada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia, el 28 de diciembre de 2018, mediante la cual quedó confirmada la decisión del Tribunal Superior de Tierras del Distrito Nacional que declaró la nulidad de los títulos emitidos a favor de particulares en la parcela 215-A, en Pedernales.

Con respecto a la parcela 40 y subdivisiones, excluida del otro proceso, en 2016 la Procuraduría General de la República, que entonces tenía como procurador a Francisco Domínguez Brito, presentó una demanda ante el Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original de Barahona en la que se reclamó los derechos del Estado dominicano en la parcela 40 D.C. 3, del municipio de Enriquillo.

A través del abogado del Estado, se inició un litigio con el objetivo de anular los títulos, ventas, hipotecas y mutaciones que se han llevado a cabo de manera fraudulenta en esta parcela, que abarca más de 12 mil hectáreas (120 millones de metros cuadrados) en su totalidad.

El litigio concluyó el 22 de abril de 2018, cuando la Procuraduría  informó que el Ministerio Público logró que el juez del Tribunal de Tierras  de esta demarcación, Juan Domingo Méndez Quezada, dictara una sentencia mediante la cual anuló 200 deslindes fraudulentos y reconoció los derechos del Estado dominicano en la parcela 40 del Distrito Catastral No. 3, del municipio de Enriquillo.

A través de un comunicado de prensa, se informó que la parcela recuperada, tiene una superficie de 4,530.6 tareas, equivalentes a 2,848,841.28 metros cuadrados, una fracción de la totalidad de la parcela 40 y subdivisiones.

La sentencia condenó a los señores Lourdes Altagracia Contreras Alcántara y Virgilio Ezequiel Vargas Almonte al pago de las costas civiles en favor de los abogados particulares del Estado dominicano. Los condenados habían solicitado deslindar una propiedad con un título fraudulento, alegando que lo habían adquirido del Estado, la sentencia no fue apelada.

Diario Libre tuvo acceso a 15 títulos de propiedad a nombre de Oceanus Investment, en los cuales no figuran como vendedores Lourdes Altagracia Contreras Alcántara y Virgilio Ezequiel Vargas Almonte.

Salvador Catrain, representante del proyecto Bucanyé, explicó a Diario Libre que esa sentencia del 2018 no fue sobre sus tierras, las cuales fue adquiriendo desde 2009 a poseedores de títulos de propiedad y otros ocupantes. Los terrenos adquiridos  con títulos de propiedad para el proyecto son cerca de 12 millones de metros cuadrados y le faltan cerca de 1 millón de metros por titular.

Sin embargo, en los títulos de propiedad traspasados  por la Jurisdicción Inmobiliaria a Oceanus Investment, a partir de inicios del 2022 hasta principios de 2023, figuran como vendedores la empresa Mantenimiento y Servicios Fernández, con más de 2 millones de metros cuadrados y otros como José Alberto Ramírez Guzmán, José Joaquín Paniagua, Andrea Morales, Euclides Contreras y Carlos Beltré Santana, que figuran con títulos anulados en el caso de Bahía de las Águilas.

TC: Bahía de las Águilas es tierra pública

El Tribunal Constitucional (TC) rechazó el recurso de amparo presentado por más de veinte personas en contra de la sentencia emitida por la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo (TSA), que le reconoce al Estado Dominicano su titularidad como propietario de los terrenos de Bahía de las Águilas, en Pedernales.

El tribunal rechazó el recurso de revisión constitucional mediante el cual, los recurrentes alegaban agravios y aspiraban a que se paralizaran las labores de los proyectos turísticos en Pedernales hasta que fueran indemnizados, bajo el alegato de que eran parceleros del Instituto Agrario Dominicano y propietarios sobre los terrenos en Bahía de las Águilas. La sentencia que otorga la titularidad de la tierra es la número 0030-03-2021-SSEN-00515, emitida por la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo (TSA).

La Procuraduría General de la República dijo que “el Tribunal Constitucional ha declarado inadmisible el recurso de revisión constitucional e indicó que no contenía argumentos claros y precisos que indicaran los agravios que en virtud del artículo 96, de la Ley No. 137-11, le había causado la Sentencia núm. 0030-03-2021-SSEN-00515, dictada por la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo el 17 de noviembre de 2021”. La decisión emitida está en la Sentencia TC/0423/22 del 12 de diciembre de 2022.

El acuerdo de Bucanyé

En una entrevista por teléfono el pasado fin de semana con Salvador Catrain, representante de Oceanus Investment y del empresario español, Elías Hernández, explica que en el 2021 firmaron un acuerdo con la Dirección General de Alianzas Público Privadas, donde se reconoce el derecho a propiedad de Oceanus Investment sobre los inmuebles ubicados en la parcela 40 y una porción de la parcela 41 de D.C. 3 de Enriquillo, Barahona, así también la seguridad jurídica de los mismos. En el acuerdo Oceanus Investment se compromete a transferir al Estado Dominicano, a modo de compensación por los compromisos y obligaciones de cara al desarrollo ecoturístico de Pedernales, la cantidad de 1 millón 500 mil metros cuadrados.

Diario Libre pudo constatar que el acuerdo fue firmado por el Director General de Alianzas Público Privadas, Sigmund Freund; por Oceanus Investment y Elías Hernández Baerrea, José María de Pereda; y certificado por el abogado y notario público Gustavo Vega Vega.

En acuerdo con el Estado,  Catrain dice que se comprometieron a hacer una pequeña inversión inicial de 30 millones de dólares, al entregarle todos los títulos. De los cuales solo hace falta que le entreguen 3. Además, que ya posee la no objeción de la Alcaldía de Pedernales para el uso del suelo.

Diario Libre obtuvo copia de 15 títulos de propiedad entregados por Catrain, de los cuales 11 fueron entregados desde febrero de 2022 y 3 en enero de 2023. Cinco de ellos son certificados de títulos y 9 constancias anotadas.

Para la obtención de títulos dentro de un área protegida, en este caso categoría 6, se necesita una no objeción por parte del Ministerio de Medio Ambiente. Al consultarle a Catrain si se obtuvo una no objeción por el Ministerio, explicó que no, que la no objeción se la dio directamente la Dirección General de Alianzas Público Privadas, que es su socio en este proyecto.

Sobre las declaraciones del ministro de Medio Ambiente, Catrain no entiende por qué no ha revisado su solicitud, ya que cree que si la revisa se dará cuenta que procede.

Además, aclara que en septiembre hizo la solicitud de la construcción de la verja, a lo que tampoco ha recibido respuesta.

“Esa declaración que hizo el ministro Ceara, si fuera verdad, si fuera técnicamente y normativamente hablando así, yo recojo y me voy. Nosotros estudiamos la normativa cuatro años para hacer un master plan… eso no se hizo a lo loco… yo soy una extensión del pueblo, y eso a mí me duele”, expresó Catrain.

Al ser cuestionado sobre el origen de los títulos, haciendo mención a la empresa Servicios y Mantenimiento Fernández, como ejemplo, Catrain reconoce que esas personas fueron los artífices del fraude, pero que no tenía otra forma de hacerlo, más que comprarles los títulos al quedar fuera de toda litis, comprar a los ocupantes ilegales y luego hacer un acuerdo con el Estado para legitimar todo eso. “Esos tres pilares yo los cumplí, sobre la base de eso desarrollé el concepto de mi negocio”, concluyó.

Diario Libre intentó obtener una declaración del Ministerio de Medio Ambiente, pero no fue posible.

Marvin Del Cid
Diario Libre