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Por: Soledad Gallego-Díaz
En las cumbres de los Andes, entre la provincia argentina de San Juan y la III Región de Chile, hay un «tercer país virtual», de 340.835 hectáreas, regido por el Tratado Binacional de Integración y Complementación Minera, que ha permitido, entre otras, la instalación del gran centro minero a cielo abierto llamado Pascua Lama, de la multinacional Barrick Gold, dedicado a la extracción de oro. Según el diputado Miguel Bonasso, que preside la Comisión de Recursos Nacionales y Conservación del Ambiente Humano del Congreso argentino, existe un acuerdo fiscal secreto entre los dos países que beneficia a la Barrick y que permite a la compañía minera utilizar ingentes cantidades de agua de las cuencas argentinas a un precio irrisorio y sin control real sobre las cantidades de oro extraídas ni la cantidad de cianuro, sustancia imprescindible para el lavado del oro, que queda embalsada. Las acusaciones de Bonasso han sido rechazadas por los dos Gobiernos, pero cuentan, en la parte relativa al uso del agua, con el respaldo de importantes organizaciones ecologistas.
Bonasso presentó en Buenos Aires un libro tituladoEl Mal. El modelo K y la Barrick Gold, en el que mantiene que el acuerdo firmado en 2009 por funcionarios de los dos países es un «traje a medida» para la multinacional que preside Peter Munk, el magnate canadiense, de 84 años, nacido en Hungría, que fundó y preside la mayor compañía minera del mundo. «En ese acuerdo tributario, firmado por el secretario de Hacienda, Juan Carlos Pezoa, Argentina acepta recibir solo el 25% de los impuestos, porque en Chile la presión fiscal sobre las mineras es la mitad de la que existe en Argentina», explicó en una conferencia de prensa celebrada en Buenos Aires.
Fuentes oficiales señalan que los yacimientos de oro se encuentran en el lado chileno, básicamente desértico, mientras que el agua necesaria para lavar la tierra está al 90% en el lado argentino. Por eso existe un tratado binacional. La tierra se extrae del sector chileno, explica Bonasso, y se envía a Argentina a través de un túnel, donde es lavada con millones de litros de agua y diversos productos, entre ellos el cianuro. Una vez separado el oro, se vuelve a enviar a Chile. «El agua contaminada por el cianuro se queda en Argentina, en un foso de más de 300 hectáreas y 400 metros de profundidad», mantiene el diputado, quien asegura que, además, el precio de venta es inferior al que paga un ciudadano de San Juan por su suministro familiar.
La mina de Pascua Lama ha dado origen a un sinfín de protestas y denuncias de organizaciones ecológicas, especialmente Greenpeace, que acusa a la compañía de impedir la implementación de la nueva Ley de Glaciares. La multinacional niega tajantemente que sus actividades perjudiquen a los glaciares en la zona, pero, según explicó Bonasso, inmediatamente después de la aprobación de la nueva ley presentó un recurso de amparo en los juzgados de San Juan para impedir la aplicación de las nuevas normas y la vigilancia estrecha de sus actividades. El recurso fue aceptado y la ley no se aplica por el momento en esa provincia, caracterizada por el gran apoyo que dan sus autoridades a las actividades mineras. El diputado ha denunciado ante los tribunales al gobernador de San Juan, José Luis Gioja, a su hermano, el senador César Gioja, y al secretario argentino de Minería, Jorge Mayoral, por considerar que existe tráfico de influencias. «Es un Gobierno absolutamente corrupto y dócil a los mandatos de la corporación minera», mantiene Bonasso.
El presidente de la Comisión de Recursos Nacionales del Congreso argentino afirma que hay un acuerdo secreto entre los dos países que beneficia a la empresa. La Ley de Glaciares fue aprobada en octubre pasado, después de muchas idas y venidas. Un primer texto que prohibía directamente el desarrollo de actividades que pudieran perjudicar la condición natural de los glaciares (formidables reservas de agua dulce) y de los periglaciares fue aprobado por las dos cámaras argentinas, pero vetado por la presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, en 2008. En 2009 se volvió a tratar el tema y en 2010 se logró la aprobación de una Ley de Preservación de Glaciares y del Ambiente Periglacial, que es la que está recurrida en la provincia de San Juan. La reglamentación de la ley, que obliga a hacer un inventario de glaciares, como piden los ecologistas, se aprobó recientementepero no fija prioridades por lo que, según reconoció el propio jefe del Gabinete, Aníbal Fernández, la información no se completará hasta dentro de cinco años. Para entonces, dicen los ecologistas, los glaciares de la zona de Pascual Lama estarán seriamente afectados.
La minera podría ganar en Pascual Lama no menos de 30.000 millones de dólares, según Bonasso. Según los datos que maneja el diputado argentino, Barrick Gold podría ganar en Pascua Lama no menos de 30.000 millones de dólares, dada la actual cotización en los mercados internacionales. «El año pasado Barrick Gold registró el año más rentable de su historia, con una ganancia cercana a los 3.300 millones de dólares», escribe.
La multinacional Barrick, uno de cuyos directores es el venezolano Gustavo Cisneros y que fichó recientemente al expresidente del Gobierno José María Aznar como miembro del consejo asesor, tiene 26 minas en explotación en diferentes países y las mayores reservas de oro del mundo. Según sus propios datos, para 2011 prevé producir entre 7,6 y 8 millones de onzas, a un costo neto de 340-380 dólares la onza, mientras que la cotización del oro ha escalado recientemente hasta los 1.652 dólares la onza.
En su libro, Bonasso mantiene que Barrick, estrechamente vinculada con el expresidente norteamericano George Bush padre y con toda su familia, estuvo involucrada con el conocido hombre de negocios y traficante de armas saudí Adnan Khashoggi y con el escándalo de la venta de armas a Irán a cambio de ayuda para la contra nicaragüense, en 1987. Igualmente recuerda las graves acusaciones que fueron formuladas en su momento por sus actividades en la mina de Bulyanhulu, en Tanzania, donde se investigó la muerte de 50 mineros ilegales que fueron enterrados vivos durante una acción de desalojo realizada por las autoridades locales. Barrick Gold negó cualquier implicación y denunció a tres periodistas canadienses, autores del libroNoirCanadá, donde se formularon esas acusaciones.
