Acción Verde | El Portal Ambiental de la República Dominicana Todo lo relativo al Medio Ambiente y Recursos Naturales con énfasis Cambio Climático y Areas Protegidas
Proteger el Medio Ambiente y Ordenar el Territorio son puntos centrales para el futuro y la sobrevivencia de la isla, pero en ellos, Jacques Attali para nuestra sorpresa, se evidencia muy desenfocado. Es obvio que le faltó información, que se observa apresurado, y con escasa especialización e innovación en este tema. Pretender resolver con las exiguas propuestas No. 68 y 69, las zonas de vida, la biodiversidad y el medio natural de la isla, y su vínculo contradictorio con el medio construido y social, y sobre todo reducir el ordenamiento a las playas y en especial a Samaná, es un atrevimiento intelectual, realmente un enredo, es caer en el reduccionismo y errar el tiro en estos dos grandes temas. No coincidimos ni en la privatización del agua, ni en el sólo “ordenamiento playero” sugerido.
Veamos la propuesta No. 68: “Organizar una convocatoria de proyectos para delegar la gestión del agua”. Lo primero es que en las condiciones institucionales que se encuentra el acceso al agua potable de la población, donde la gestión del agua a nivel nacional, es gestionada por INAPA, existiendo grandes ciudades con experiencias descentralizadas exitosas como CORAASAN, CAASD, CORAAMOCA, proponer delegar al sector privado esta gestión es una propuesta osada, formulada a destiempo que hará mas daño que bien. Además es no ser original, pues es una iniciativa que desde hace tiempo promueve el Banco Mundial en varios continentes. No hay condiciones estructurales para privatizar el agua, sin generar significativas inequidades. Si se fuera a considerar esta aventura, el punto de decir “sí o no”, tendría que ser CORAASAN, su eficiencia y calidad.
Privatizar es establecer rentabilidad entre costo de producción y precio del agua. El precio real sería no el que cuesta extraer y distribuir el agua; sino el que el mercado esté dispuesto y en condiciones de pagar en un escenario de escasez. Varios expertos indican que esto conduciría a largo plazo a un mercado mundial del agua, igual que el petróleo. El precio del agua será determinado por la oferta y la demanda. Hecho que tiene implicaciones éticas, sociales y políticas. Creo que el abastecimiento de agua es un asunto de seguridad de Estado y derechos humanos, y éste debe manejarlo con equidad, participación y corresponsabilidad social. El agua, su fuente, canalización, tratamiento y distribución debe ser seguir siendo una función sustantiva del Estado, aliado a la sociedad civil.
Consideremos la propuesta No. 69: “Imponer la definición de un Plan Director de ordenación de ciudades, especialmente en la zona turística de Samaná”. Attali en su informe se concentra en el ordenamiento territorial “playero”, y en reforzar la Dirección General de Ordenamiento y Desarrollo Territorial (DGODT) del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPYD). La República Dominicana aunque tiene ascendencia africana, no es África. Aunque consideramos de rigor ordenar el desarrollo urbanístico de las playas, el eje central debiera ser las grandes ciudades dominicanas mayores de 250 mil habitantes, sean estas ciudades costeras o no. Toda la hidrografía de la isla es fundamental, no tan sólo las costas, tampoco el ordenamiento se reduce a esto, sino a la gestión del territorio como un todo, tanto urbano como rural. Por su parte, la Dirección de Ordenamiento del MEPYD, es un organismo reciente, que ahora es que está estructurando sus labores técnicas, reconocemos si, que con mucho enfoque y visión. No obstante ninguna consultoría puede sustituir la ley, menos aun las competencias y las atribuciones de los Ayuntamientos en este tema.
El ordenamiento territorial es responsabilidad estricta de los gobiernos municipales, y es ahí, donde debe recaer el reforzamiento. El MEPYD debe apoyar y aliarse a los Ayuntamientos de Santiago, Salva León de Higüey, La Romana, San Pedro de Macorís, Santo Domingo Este, Distrito Nacional, San Cristóbal, Barahona, Pedernales, San Francisco, Nagua-Samaná y Montecristi, entre otros, para fortalecer el ordenamiento territorial. Para tales fines, creemos es en los Ayuntamientos de Santiago y el Distrito donde se han acumulado, las mayores experiencias técnicas al respecto. Asúmanse, apóyense, ayúdense y colabórese con estas herramientas y replíquense con firmeza a nivel nacional.
Por: Reynaldo Peguero, Director Consejo Desarrollo Estratégico de Santiago (CDES)
Me parece de mucha importancia el establecimiento de una ley de ordenamiento del territorio basada en el conjunto de estrategias según las características de cada municipio o provincia en cuestión. adjunto a dicha ley establecer el organigrama funcional operativo para establecer las bases institucionales desde donde puedan establecer los lazos y acuerdos Ínter-institucionales para la gestión ambiental del ordenamiento del territorio.
hay que dejar plasmado este paso, como una de las herramientas del manejo y uso sostenible de los recursos naturales y preservación del medio ambiente.