Areas Protegidas para el Desarrollo Sostenible

Numerosos conflictos se han generado y otros se generarán en el futuro si no se logra comprender los objetivos de creación de las áreas protegidas y cuales usos y aprovechamientos son compatibles con estos objetivos. 

La áreas naturales protegidas, sean estas Reservas Naturales o científicas, Parques Nacionales, Monumentos Naturales u otras categorías, no se crean por capricho. Mucho menos por romanticismo. 

Obedecen a un propósito vital, que muchas veces el apremio individual, la ambición y el egoísmo no logran comprender. 

En otras ocasiones es la simple ignorancia, el desconocimiento, lo que lleva a menospreciar la creación y mantenimiento de las áreas naturales protegidas. 

La creación de espacios naturales protegidos es una respuesta mundial a la acelerada desaparición de las áreas silvestres o naturales y a los servicios que de ellas reciben los humanos. Mas de 110,000 áreas naturales en el mundo dan una idea de la importancia que se les da a estos espacios. 

Según se desarrolla la ciencia y se profundizan los estudios, el valor de los espacios naturales para el planeta tierra alcanza mayor trascendencia y su importancia se hace cada vez más visible y relevante. 

Desde sus inicios, cuando se crea el Parque Nacional de Yellowstone de los Estados Unidos de América, en el año 1872 y hasta bien entrada la década de 1960, la protección de estas áreas naturales mediante leyes y otros instrumentos jurídicos respondía fundamentalmente al interés de conservar bosques en tanto que hábitat de especies silvestres, luego se amplió el criterio hacia la conservación de la biodiversidad, como se conoce al conjunto de ecosistemas, de especies y material genético existentes en un lugar determinado. 

Modernamente, los objetivos de conservación de los espacios naturales protegidos incluyen la conservación del agua y la función de depósito de carbono que realizan los bosques, disminuyendo la cantidad de este gas que acumulado en la atmosfera provoca el efecto invernadero. 

La función de almacenamiento, conservación de la calidad y la disponibilidad del agua que desempeñan los espacios naturales protegidos, constituyen una de las principales razones para la conservación de los mismos. 

Adicionalmente, se les atribuye a los áreas silvestres la función de estabilizadores del clima a nivel local, y a nivel mundial cuando suman sus efectos al conjunto de los demás espacios naturales del mundo. 

Esto quiere decir que cada área protegida contribuye en parte a conservar las condiciones climáticas planetarias que hacen posible la vida. 

Naturalmente, se necesitan espacios para asentamientos humanos y para el desarrollo de actividades que produzcan los bienes y servicios que demanda la humanidad para satisfacer sus necesidades. 

Para responder con propiedad a estas demandas diversas de territorio, se aplica un conjunto de procesos técnicos, analíticos y participativos que producen los llamados Planes de Ordenamiento Territorial. 

El Plan de Ordenamiento Territorial parte de las cualidades biofísicas (suelos, geología, agua, clima) y de las condiciones sociales, culturales, económicas y políticas para proponer una distribución ordenada de los usos del suelo. 

En ese proceso, las áreas naturales protegidas ocuparán un territorio que no puede ser asignado de manera arbitraria. Se definen como tales aquellos lugares que aun conservan condiciones naturales, que han sido poco intervenidas y que conserven ecosistemas, especies, paisajes y elementos culturales e históricos de interés. 

Las áreas protegidas no pueden establecerse en cualquier sitio, sino en lo lugares que reúnan las condiciones que se desean conservar. 

En cambio, las actividades económicas y los nuevos asentamientos humanos pueden ubicarse en lugares previamente identificados y planificados, que reúnan el mayor potencial para la actividad que se le asigne. 

Existen lugares apropiados para la producción alimentaria, agrícola y pecuaria, que deberían ser priorizados para establecer este tipo de aprovechamiento. Este uso debe ocupar un lugar prioritario junto al de los asentamientos humanos. 

Luego siguen otros usos del terreno como el industrial, el turístico y la minería. 

El resto del territorio, el que ya ha sido intervenido, el que no contiene un espacio silvestre de importancia para la biodiversidad, para la producción de agua, para la estabilización del clima, para la recreación y el ecoturismo, el que no es apto para garantizar la seguridad alimentaria mediante la producción agropecuaria, el que no tiene condiciones para los asentamientos humanos, para viviendas, es el que deberá estar reservado para otras actividades como la industria y la minería. 

Las zonas más naturales, menos intervenidas de las áreas protegidas se deben conservar como zonas núcleo o de protección estricta, las zonas relacionadas con el área núcleo, donde hubo ecosistemas o condiciones naturales parecidas pero fueron intervenidas o perturbadas, deben formar parte de su zona de amortiguamiento. 

Mientras en la zona núcleo de un área protegida se prioriza la conservación y la protección estricta, en la de amortiguamiento se controla o regula el crecimiento poblacional, la ocupación del territorio, y se permiten las actividades que no produzca altos impactos a los valores naturales y culturales que se conservan en la zona núcleo, como es el acaso de la producción forestal o silvicultura, la agricultura y la pecuaria sostenibles. 

Fuera de las áreas protegidas y sus zonas de amortiguamiento, todo el territorio será utilizado en asentamientos humanos, en industrias, en hotelería, en minería y en otras actividades. 

En el caso de la República Dominicana, solo 25% del territorio esta protegido, mientras el restantes 75% esta disponible previo los estudios correspondientes. Es decir, casi 36 mil de los 48 mil kilómetros cuadrados de la República Dominicana esta disponible para las actividades económicas. 

Algunos encuentran excesivo este porcentaje de territorio protegido. En realidad queda territorio más que suficiente para los asentamientos humanos, la agropecuaria, las industrias, la hotelería y la minería, entre otros usos. 

Taiwán, a la que a menudo hacen referencia los desarrollistas, tiene el 50% de su territorio protegido, igual pasa con Costa Rica, que tiene uno de los más altos índices de calidad de vida de América Latina. 

Las áreas protegidas conservan los recursos que son la garantía del desarrollo sostenible. 

Desarrollo sostenible que descansa en tres pilares básicos, el crecimiento económico, la equidad social o equidad en el acceso a la riqueza producida y la sustentabilidad ambiental.

Via: Clave Digital