Acción Verde | El Portal Ambiental de la República Dominicana Todo lo relativo al Medio Ambiente y Recursos Naturales con énfasis Cambio Climático y Areas Protegidas
La Sociedad Ecológica del Cibao manifiesta su más rotundo desacuerdo con algunas decisiones tomadas en la asamblea revisora relacionadas con los recursos naturales y el medio amiente.
A pesar de existir en el pasado una franja de protección marítima establecida en la legislación vigente de 60 metros a partir de la pleamar estos preceptos nuca han sido respetados por los inversionistas y hoteleros. Por el contrario, los constructores han integrado las playas como parte de sus proyectos privados, negándole al pueblo dominicano el derecho al acceso y disfrute de esos recursos y de la exuberancia de los escenarios naturales dominicanos.
A los dominicanos se le tiene vedado el acceso a muchas playas y las construcciones de hoteles son realizadas en pleno litoral.
El sistema de titulación en la República Dominicana tampoco respeta las franjas de dominio público, sino que, por el contrario, integran estos espacios en la demarcación privada establecida en los títulos de propiedad.
Contrario al Estado facilitar el acceso de los ciudadanos de este país a las playas y otros espacios de altos atractivos naturales, lo que han hecho es facilitar su ocupación. La policía turística y otros organismos públicos, no responden al interés general sino a los inversionistas privados. Todo bajo el pretexto de garantizar el clima de inversiones en el país.
En el caso de las áreas protegidas, es evidente que retrocedimos con esta reforma constitucional pues, la ley vigente consigna que estas no pueden reducirse, sin embargo, la reforma constitucional consignaron que si se pueden reducir.
SOECI demanda una revisión del articulo 13 del proyecto de reforma constitucional y que se elimine cualquier elemento que pudiera contribuir a consolidar la tendencia privatizadora de los recursos mas sagrados de la nación, negadoras del acceso y disfrute de todos los dominicanos y violatoria de tratados internacionales.
Asimismo, contrario a lo que ha estado sucediendo, el Estado debe garantizar el habilitamiento de la servidumbre necesaria para asegurar el acceso de los ciudadanos a las playas, rios, lagos, lagunas y otros escenarios naturales.
Junta Directiva
9 de octubre del 2009
