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Las investigaciones de Amnistía Internacional indican que al menos 130 edificios, incluidas las casas sólidas bien establecidas, fueron destruidos por la policía en Wuangima y aldeas Kulapi entre el 27 de abril y julio de 2009. Foto: Akali Tange Asociación
A raíz de la investigación en el terreno por Amnistía Internacional, que encontró pruebas de violencia policial y los desalojos forzosos de personas que viven cerca de la mina Porgera en Papua Nueva Guinea, Barrick Gold Corporation (Barrick) ha dicho a Amnistía Internacional que ahora acepta que las personas que vivían en casas permanentes cerca de la mina Porgera y se vieron afectados por las acciones de la policía. Las subsidiarias de base de la compañía canadiense funciona y posee el 95% de las acciones de la mina a través del Joint Venture Porgera (PJV).
Las investigaciones de Amnistía Internacional indican que al menos 130 edificios, incluidas las casas sólidas bien establecidas, fueron destruidos por la policía en Wuangima y aldeas Kulapi entre el 27 de abril y julio de 2009. Las personas que vivían en casas que fueron destruidas no fueron informados de los desalojos, consultado previamente a la actuación de la policía, o la asistencia prestada para garantizar que sus derechos han sido respetados y protegidos. Como tal, las familias fueron objeto de desalojos forzosos en contravención del derecho internacional de los derechos humanos. Fotografías de los desalojos forzosos en Wuangima mostrar personal PJV reunión en áreas dentro de la minesite de la que sería capaz de ver a la policía cuando entraron en las aldeas y comenzó a quemar casas. Los desalojos forzados son reconocidos como una grave violación de los derechos humanos. Testimonio coherente y creíble pruebas también muestran que la policía actuó con violencia en el desempeño de sus funciones, incluso por golpear brutalmente a un hombre durante una redada de la policía en su casa en medio de la noche.
Barrick y PJV han dicho a Amnistía Internacional que las empresas han hecho investigaciones sobre la actividad de la policía y se toman en serio las preocupaciones de Amnistía Internacional. Las empresas manifestaron que estarían dispuestos a instar a las autoridades pertinentes de Papua Nueva Guinea para llevar a cabo una investigación imparcial.
Como Estado Parte en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales Derecho, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y otros tratados internacionales de derechos humanos que prohíben los desalojos forzosos, Papua Nueva Guinea tiene la obligación de detener, prohibir y prevenir los desalojos forzosos como a través de la protección de la población de los desalojos forzosos por parte de terceros.
Amnistía Internacional pide a:
El gobierno de Papua Nueva Guinea a iniciar inmediatamente una investigación rigurosa e imparcial de los desalojos forzosos y la violencia policial en Porgera, el enjuiciamiento de los responsables, y la provisión de remedios a los afectados, incluida la indemnización y un alojamiento alternativo adecuado cuando sea necesario.
Barrick y PJV a:
informar de inmediato a la autoridades de Papua Nueva Guinea Gobierno toda la información ya registrada por PJV en relación con los desalojos forzosos y la violencia policial en Porgera, y
forma inmediata y transparente instar a las autoridades de Papua Nueva Guinea a iniciar una investigación rigurosa e imparcial de los desalojos forzosos y la violencia policial en Porgera, el enjuiciamiento de los responsables, y la provisión de remedios a los afectados. Todas las reuniones con las autoridades instando a una investigación debe involucrar a los miembros de las comunidades afectadas y críticos abiertos de la actividad policial, como los ejecutivos de la Asociación de Propietarios Porgera.
Fondo
El 11 de mayo de 2009, Amnistía Internacional emitió una declaración pública de la actividad policial en relación con que resultó en las expulsiones forzadas de personas que viven en las aldeas de Porgera. Informes iniciales indicaron que la policía quemó 50 casas. Otras 300 casas fueron también informó de que se ha quemado, como parte de las operaciones de la policía, dejando a más de 1000 personas sin hogar. Las actividades se produjo en la zona minera de arrendamiento especial Porgera.
El 16 de junio de 2009, La Barrick condenò públicamente la declaración pública de Amnistía Internacional como “mal concebida y errónea” y afirmó que los edificios que habían sido quemadas eran sólo chozas temporales improvisados refugios crudo y habitada por una población flotante.
Entre el 18 de agosto de 2009 y 2 de octubre 2009, Amnistía Internacional llevó a cabo más investigaciones sobre los derechos humanos de los afectados por los desalojos forzosos, en particular realizando una inspección visual de los restos quemados de las viviendas y la realización de 27 reuniones con más de 180 personas. Nuevas investigaciones de Amnistía Internacional confirmó que al menos 130 edificios quedaron destruidos, incluidos los de construcción sólida a viviendas permanentes, sin embargo, no fue posible determinar con exactitud cuántas casas fueron destruidas y cuántas fueron las personas afectadas.
A principios de noviembre de 2009, Amnistía Internacional ha comunicado las conclusiones iniciales de su investigación al Gobierno de Papua Nueva Guinea y de las empresas que operan y de la propia mina. En una reunión entre Amnistía Internacional, Barrick y PJV el 3 de diciembre de 2009 y en la correspondencia, el 7 de diciembre de 2009, Barrick reconoce que las anteriores declaraciones públicas de la empresa que sólo las estructuras temporales fueron incendiados eran inexactos. Barrick y PJV dijo a Amnistía Internacional que están de acuerdo en que se justifica la investigación adicional.
Barrick y el estado PJV que creen que las investigaciones también son necesarias para determinar si algunos de los terratenientes locales consentimiento para la actividad policial. Amnistía Internacional toma nota de que dicho consentimiento no impediría que los desalojos de que los desalojos forzosos ilegales en violación de los derechos humanos. Bajo la ley internacional, el desalojo sólo debería producirse, como último recurso y una vez que todas las otras alternativas viables para el desalojo han sido exploradas. Los desalojos sólo pueden llevarse a cabo cuando sea apropiado protecciones de procedimiento en el lugar, incluyendo una auténtica oportunidad de consultar con los afectados; plazo suficiente y razonable a las personas afectadas antes de la expulsión, información sobre los desalojos previstos y el suministro de recursos legales.
Documento público
