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Ya han pasado ocho años, pero Amparo Andújar Maldonado no lo olvida. Perdió a su primer hijo cuando se aproximaba al quinto mes de embarazo.
Tampoco borra de su mente que dio a luz a una criatura desfigurada, con malformación craneal, algo incomprensible para una mujer saludable de 27 años a quien no le faltaron doctores ni enfermeras.
Pero Amparo no fue la única. Entre los años 2005 al 2008, la tasa de abortos y nacimientos prematuros repuntó de forma súbita en el barrio Encantado de Arroyo Barril, un poblado rural y costero, de clase trabajadora, al norte de la República Dominicana. Una zona rica en tesoros naturales como la Bahía de Samaná, santuario mundial para las ballenas jorobadas.
La amiga de Amparo, Rosa María Andújar, también cayó en las estadísticas. Dio a luz un niño con los intestinos expuestos y seis dedos en manos y pies. El bebé murió poco después de nacer, en julio de 2008.
Meses más tarde, otra vecina, Maribel Mercedes, dio a luz siameses que murieron en corto tiempo. Cinco criaturas también nacieron con onfalocele o intestinos expuestos, entre agosto y noviembre de ese año, en los vecinos barrios Los Róbalos, La Pascuala y el Gri-Gri. Solo uno de ellos sobrevivió.
Al preguntar a Andújar Maldonado qué explicación han dado las autoridades sanitarias a su aborto y a la inusual repetición de casos en la región, su respuesta es escueta: “Ninguna”.
La vivienda de Amparo se ubica a menos de medio kilómetro del muelle y durante el embarazo acudía regularmente a la playa “a coger fresco”.
“Yo creo que fue a causa de eso”, añadió.
Al decir “eso” se refiere a las toneladas de cenizas de carbón que permanecieron abandonadas en el puerto Juan Pablo Duarte de Arroyo Barril durante casi cuatro años. Montículos con más de 27 mil toneladas de residuos grisáceos que llegaron desde la planta de carbón AES en Guayama, Puerto Rico, y que fueron descargados, a pasos de la costa, a la intemperie y sin un plan de manejo, a partir de octubre de 2003.
Desde el año 2002, la empresa AES ha generado entre 400 a 1,600 toneladas diarias de este desecho al producir la electricidad que vende a la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico y, mediante contrato con el gobierno, se comprometió a exportar el desperdicio para el que no encontrara un uso comercial.
Vecinos y exempleados del puerto dominicano reconocieron que una cantidad indeterminada de aquel material cenizo, identificado por los locales como “rockash”, fue a parar al mar. Cuando ocurría, era común toparse con bancos de peces muertos en el litoral.
“Cuando el agua caía, los peces se morían”, aseguró Miguel Ángel Paredes Jiménez, quien fue Jefe de Seguridad en el muelle de Arroyo Barril en el año 2004.
Otra parte de las cenizas, afirmaron, fue arrastrada durante meses por la brisa costera hacia las comunidades cercanas, los terrenos agrícolas y hasta las montañas de la localidad.
Un análisis de muestras realizado por el Instituto de Química de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y divulgado en abril de 2004 certificó que los desechos traídos desde Puerto Rico estaban cargados de metales pesados. En específico, se identificaron niveles de arsénico, berilio, vanadio y cadmio “muy por encima de los niveles establecidos por los estándares internacionales”, concluyó la Comisión Ambiental de la Academia de Ciencias de la República Dominicana.
La Universidad Técnica de Delft, en los Países Bajos, califica el berilio como uno de los elementos “más tóxicos que se conocen”, porque “puede ser muy perjudicial cuando es respirado por los humanos” y puede “incrementar las posibilidades de desarrollar cáncer y daños en el ADN”. Además, puede acumularse en el aire, el suelo y el agua.
Para el año 2005, alrededor de 1,600 familias vivían en el municipio de Arroyo Barril y casi el 40 por ciento de ellas carecía de acueductos, por lo que acudían a ríos y manantiales cercanos para obtener el agua de consumo y necesidades básicas. Hoy, una minoría continúa con la misma práctica.
La alerta provocada por el repunte de abortos involuntarios en esos años fue tal que dirigentes regionales del Ministerio de Salud adoptaron una medida extraordinaria.
“A las mujeres en edad les pedíamos que tenían que prevenir los embarazos por un tiempo, porque había muchos abortos”, recordó la doctora Rosa Domingo Maleno, quien desde el 2004 ocupa la posición de Directora Provincial de Salud en Samaná, región a la que está adscrita Arroyo Barril.
Domingo Maleno no pudo proveer las cifras de abortos involuntarios registrados durante esos años.
“La tierra está contaminada”
Frente a una de las quebradas del barrio Encantado y por el camino de tierra que lleva al hogar de Amparo, reside Concepción García Bueno, un fuerte obrero agrícola que ya no tiene con qué trabajar.
Rodeado de vecinos, explicó que desde la llegada del rockash al muelle de Arroyo Barril los árboles frutales han dejado de ser productivos y aseguró que en su huerto ya no se dan el plátano, la naranja, la toronja, los gandules ni el aguacate.
“Aquí en nuestro territorio usted puede preguntar a más personas si alguien le puede traer una naranja o una toronja. No existe, no lo hay. Y eso es debido a esa epidemia”, sentenció al referirse a las montañas de cenizas.
“Se han ido madurando las hojas y cayendo. Están desapareciendo. La tierra aquí, en nuestro territorio, no los produce. La tierra está afectada, está contaminada”, insistió.
“¿Nunca antes había notado un problema similar?”, se le cuestionó.
“Nunca, nunca. Ningún tipo de epidemia. Luego, de ahí para acá ha sido todo un desastre”, respondió. “Pero ya quedamos contaminados y no hay cómo de ese mal salir”.
A partir de la llegada del rockash, agregó, el suelo que por décadas dio frutos a su familia y vecinos se trastornó, por lo que ahora se ven obligados a comprar viandas, frutas y vegetales a agricultores o vendedores de otras localidades.
¿Cómo pudieron contaminarse los campos de Arroyo Barril con cenizas si las montañas de residuos estaban en el muelle? García Bueno dio una respuesta rápida y clara: con la brisa del mar.
“Donde depositaron ese mineral, la casa de mi madre está a medio kilómetro y había que sopiar (limpiar) a cada rato. Era como un polvo, el que usan para los bebés”, mencionó.
Pero la propagación de las cenizas contó con otro refuerzo.
Como describió José Eligio García Jiménez, un líder religioso y veterano transportista turístico de la Provincia de Samaná, a pocos meses de la llegada del rockash, cientos de personas llegaron hasta el muelle de Arroyo Barril para transportar cargamentos de cenizas hasta sus hogares, confiados en avisos públicos de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como aseveraciones de operadores del puerto.
Ambas fuentes aseguraban que el material servía para la construcción y revestimiento de suelos.
Por eso, explicó García Jiménez, no era extraño ver alfombras de cenizas en las entradas y patios de viviendas, aun en localidades distantes del puerto como los municipios de Sánchez o El Limón, ubicados a más de 20 kilómetros del puerto.
“Mucha gente llegaron a cargar (las cenizas) en camiones para tirar en el frente de su patio porque era algo que se veía bonito, como una areniza blanca, algo bonito. Y ahí es que estaba la maldición”, declaró.
“Ahí entonces, salía toda esa gente enferma. Toda”, contó.
Entre otros síntomas, el chofer dijo que “primero los niños y luego los adultos” comenzaron a manifestar dolores en los huesos, fiebre, hinchazón en el cuerpo y rasquiña o urticarias. A diferencia de afecciones como el dengue, común en territorios del trópico, los síntomas persistían y se prolongaron por meses.
“Decíamos ‘pero ¿por qué una sola familia, en una casa, tiene todos esos síntomas de enfermedad y nadie sabía qué era? Nadie’. Y era eso acabando con nosotros: el rockash”, reflexionó.
María Andújar Mercedes, otra vecina del muelle, agregó que familias que utilizaron rockash como material de construcción también lo convirtieron en suelo para sus cocinas, ya que en muchos hogares del área este espacio es separado a la vivienda y su piso es de tierra.
Hasta los cocos se afectaron
Entre las personas que entonces lanzaron la voz de alerta figuró Eugenio Andújar Maldonado, actual presidente de la Junta de Vecinos Unidos por la Paz de Arroyo Barril.
Parado frente a la autopista Nagua Samaná, la principal arteria vial del lugar, Andújar miró a las palmeras de coco y las señaló como primer indicador de que algo raro ocurría.
“Se dañaron muchas matas de coco; o sea, se secaron”, recordó.
En Arroyo Barril, al igual que en el resto de la Provincia de Samaná, la actividad económica se centra en el turismo, la pesca y la agricultura. En esta última, el principal producto agrícola era el coco, certificó el Ministerio de Agricultura de Samaná.
El líder comunitario también advirtió que a partir del depósito de cenizas, la producción local del ñame, la yuca, el plátano, la toronja y el aguacate mermó “hasta en 70 por ciento” de manera inexplicable, ya que la sequía es un fenómeno reciente y aún hoy no existen cerca de Arroyo Barril otros focos de contaminación que puedan dañar los suelos.
A modo de ejemplo, expuso que el vertedero más cercano se ubica a 15 kilómetros del municipio, que la procesadora de oro de Cotuí está a 200 kilómetros de distancia y que la cementera más cercana se sitúa en la Provincia de Santiago, “a 260 kilómetros de aquí”.
En carne propia
El doctor Eduardo Ortiz Mejías, adscrito entonces a la Unidad de Atención Primaria de Arroyo Barril, también recuerda con precisión estos incidentes, algunos de los cuales acapararon la atención pública.
De hecho, el galeno no solo certificó que la frecuencia de abortos y nacimientos de niños con deformidades fue atípica en Arroyo Barril entre los años 2005 al 2008. También narró cómo el 26 de enero de 2006 fue sorprendido con la noticia de la pérdida de su primogénito.
“Sí, ese fue el primer niño. Ella salió embarazada en diciembre, ya el 26 de enero, con todas las medidas, perdió el embarazo”, dijo. Entonces, su esposa llevaba ocho semanas en gestación.
El médico, ahora activo en el Hospital Leopoldo Pou de la Provincia de Samaná, explicó que esta fue la primera y única vez en la trayectoria de ambas familias que ocurría una tragedia similar.
Asimismo, confesó que aceptarlo y asimilarlo, no fue fácil.
Como hombre de ciencia, dar con una explicación de lo sucedido ha sido un reto. No obstante, reconoce que algo pasa en Arroyo Barril desde que se mudó al lugar, en el año 2005.
“Yo vengo de un pueblo contaminado, completamente contaminado, llamado San Pedro de Macorís, una provincia donde hay muchas zonas francas y hay un impacto ambiental muy amplio. (Pero) Cuando yo estoy allí, en San Pedro, no veo las enfermedades que he visto aquí”, planteó.
Entre las observadas en Arroyo Barril mencionó erupciones cutáneas, abortos involuntarios, repetición de abortos, partos prematuros, malformaciones “y lo que veía solamente en libros: los siameses”.
“También hemos tenido niños que han nacido sin las dos extremidades. Esa patología se llama Amelia”, añadió.
El problema, sin embargo, se complica, porque a su juicio la incidencia de estos casos persiste.
“Nosotros hemos tenido la mala suerte de que la mujer que está embarazada (en Arroyo Barril) ya no sabe cuándo va a dar a luz. ¿Cuál es la causa? No sabemos”, explicó.
“Solamente dicen ‘destino de Dios’, ‘tenía que pasar’, pero si se hace un estudio a fondo yo creo que nosotros llegamos a la realidad”, continuó el galeno.
El estudio indicaría si Arroyo Barril ha sido contaminado por tóxicos y cuál es el origen. Además, arrojaría luz sobre la posible presencia de metales pesados en la sangre de residentes, así como en los cuerpos de agua y suelos agrícolas del municipio.
A esta petición se sumó el doctor Nabal Ireón Báez Beevers, gerente de Área de Salud de la Provincia de Samaná, quien opinó que el desembarco del rockash nunca debió ocurrir, menos aún en una zona tan próxima a comunidades pobladas. “Eso es un tóxico”, puntualizó.
Sobre la exposición a productos químicos tóxicos, la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia ha expresado que se trata de un problema que amenaza la reproducción humana, “de manera desproporcionada a los pobres”.
Por ejemplo, en el 2015 concluyó que “el aborto involuntario, la muerte fetal, el deterioro del crecimiento fetal, las malformaciones congénitas, la alteración o reducción del desarrollo neuronal y de la función cognitiva” son algunos de los efectos en la salud reproductiva vinculados a la exposición de productos químicos y contaminantes del aire.
El gremio que representa a ginecólogos y obstetras de 125 países sentenció además que ínfimas exposiciones a metales pesados durante el período prenatal pueden interferir con el desarrollo de una criatura, “desencadenando consecuencias adversas para la salud que pueden manifestarse a través de la esperanza de vida”.
Una investigación a fondo sobre este tema podría materializarse pronto en Arroyo Barril si se diera paso a los reclamos de una prolongada batalla legal contra AES Puerto Rico y su empresa matriz, AES Corporation, indicó Báez Beevers.
La demanda civil radicada por abogados de una veintena de residentes de Samaná se presentó en el año 2009 ante la Corte Superior de Delaware. El pleito está vigente y plantea que las 27 mil toneladas de cenizas de carbón descargadas en Arroyo Barril eran tóxicas y enfermaron a los habitantes de la zona.
En un intento por transar el caso, el CPI supo que el pasado 6 de febrero abogados de AES Corporation se reunieron en un hotel de Santo Domingo con los demandantes y sus abogados, a quienes presentaron una oferta económica para acabar con el proceso judicial. Esto ocurrió después de que el CPI llevó a cabo sus entrevistas relacionadas con esta investigación.
Los demandantes rechazaron la oferta de AES, por lo que el litigio bajo examen de la juez presidente del Tribunal Superior de Delaware, Jan R. Jurden, continúa.
Manuel Mata, principal ejecutivo de la empresa AES Puerto Rico, no accedió a ser entrevistado por el Centro de Periodismo Investigativo.
Se repite la historia en la frontera
Otro que fue testigo de lo sucedido con las cenizas es el abogado y actual Procurador General Adjunto del Procurador General de la República, Ramón Madera Arias.
Pero su contacto con el rockash no ocurrió en Samaná. Fue en la Provincia de Montecristi, situada en el extremo noroeste de República Dominicana en la frontera con Haití, donde la empresa Trans-Dominicana de Desarrollo descargó en el 2003 otras 30 mil toneladas de cenizas de carbón descartadas por la compañía AES en Guayama.
Según consta en el permiso oficial otorgado por la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales del país en 2003, las montañas de material llevadas hasta el Puerto de Manzanillo se utilizarían para ampliar su zona de carga.
No obstante, Madera Arias, entonces Procurador General para la Defensa del Medio Ambiente, advirtió que las toneladas de cenizas compactadas habían sido descargadas a menos de 100 metros de la playa y que el humedal contiguo estaba desapareciendo.
“Unos manglares que estaban allí, que era una zona muy verde, se iban secando, deteriorando, se iban dañando”, describió. “Y un polvo que estaba contaminando el aire todavía volaba”.
En una conversación previa, el periodista Arsenio Cruz del diario El Caribe le había notificado a Madera Arias que una nube de cenizas había inundado al pueblo de Manzanillo y que “todo el mundo se está asfixiando. No aguantan”.
“En las casas de las personas no se puede la gente ni acostar, porque hasta la sábana, la cama, se les ha llenado de ese polvo; ha penetrado, ha volado con la brisa”, recordó.
En reacción a las denuncias, Madera Arias acudió al lugar, confirmó los hechos y presentó un dictamen con el que ordenó el cese inmediato de actividades asociadas al manejo de cenizas. Asimismo, prohibió la importación del residuo, ya que venía otro cargamento en camino.
Esto, sin embargo, no frenó la oleada de quebrantos de salud que afectó a gran parte de los 10 mil vecinos del municipio, hoy conocido bajo el nombre de Pepillo Salcedo.
“En Manzanillo, más del 90 por ciento de las personas tenía rasquiña, piquiña, enfermedades de la piel”, relató. “Si usted hablaba con 100 personas en el municipio, podía haber 80 o 90 con eso… pero lo mismo se dio en Carbonera, que queda a dos o tres kilómetros”, indicó.
La explicación que ofrece Madera Arias es que Carbonera recibe la brisa del mar, directamente desde Manzanillo.
Otra tragedia que el funcionario lamentó fue que “de 10 a 12 personas que eran sanas y jóvenes” fueran diagnosticadas con cáncer. “Cáncer en la piel y cáncer en los pulmones”. Las víctimas eran todas conocidas, ya que Madera Arias es natural de la provincia.
En la segunda parte de la serie, indagamos acerca de qué ocurre en Puerto Rico, donde se acaba de legalizar la disposición de estas cenizas tóxicas.
La serie investigativa “Bomba de tiempo, las cenizas de carbón” es resultado de una colaboración entre el Centro de Periodismo Investigativo y el periódico La Perla del Sur, mediante una beca especial de periodismo ambiental otorgada por Para la Naturaleza.
