¿A quién le importa veda del pez loro?

El 2 de julio se emitió el Decreto No. 418-21, mediante el cual el presidente Luis Abinader formaliza una serie de resoluciones que habían sido establecidas por el Ministerio de Medio Ambiente desde 2016,  estableciendo vedas en la captura y comercialización de Peces Loro.  Este Decreto tiene la particularidad de que impone una protección de dos años y además incluye los Peces Doctores y los Pepinos de Mar.

Pero, ¿Qué es lo que ha motivado esta medida presidencial? Bueno, lo que ocurre es que algún genio en  CODOPESCA (adefesio legal llamado a regular el sector pesquero) se le ocurrió la maravillosa idea de que el poder ejecutivo levantara esas vedas a partir de septiembre próximo y -suponemos- lograron sorprender en su buena fe al Presidente Abinader, quien firmó un Decreto efímero (No. 326-21) -que por cierto ni siquiera fue socializado con el Ministerio de Medio Ambiente- y mucho menos ni los actores ambientales más activos  en el tema de los recursos pesqueros y marinos.

A consecuencia del nuevo Decreto, un grupo de «pescadores» llamaron a protestas en Puerto Plata, justamente el día que se anunciaba el retorno de los primeros cruceros post-pandemia a ese importante polo turístico. Escenificaron un incidente que terminó con  la intervención policial y al menos una persona herida.

Posteriormente, una representación de ellos  fueron recibidos en el Palacio Nacional, donde se les explicó la importancia de la medida para la sostenibilidad misma del sector y las medidas de compensación que pudieran tomarse para garantizar mejores condiciones de vida para ellos.

Entonces, ¿a quién le importa la veda del pez loro?

Lo que se percibe en las principales zonas pesqueras es que los sectores que más se oponen a la protección del pez loro no son precisamente los que utilizan las artes de pesca tradicionales, sino mayormente los propietarios de las llamadas «flotas pesqueras» que se adentran a los arrecifes más lejanos con su esquema de explotación laboral altamente riesgoso de contratar personas que casi siempre utilizan los peligrosos compresores de aire para bucear y con los cuales se suelen hacer préstamos en condiciones de usura que los obliga a cumplir elevadas cuotas de pesca arponeando «todo lo que se mueva bajo el mar».

Por otro lado están las organizaciones ambientalistas, las academias, el sector turismo, los comercios y consumidores responsables que han mostrado beneplácito y compromiso con garantizar el éxito de estas medidas. Las razones van desde el mero altruismo, la conciencia colectiva hasta la causa económica: Su captura masiva y posible extinción es el equivalente más cercano a «comérselo todo hoy y pasar hambre mañana», resulta que para la mayoría  estos peces valen más vivos que fritos,  en tanto que está demostrado por decenas estudios científicos que su protección garantiza un mejoría o al menos ayuda a la estabilidad en la salud de los arrecifes de coral, vitales ecosistemas marinos que a su vez son la única esperanza en la sostenibilidad de las especies marinas que dependen de ellos y también son co-responsables de muchas de las hermosas playas que mueven la principal locomotora de nuestra economía: El turismo.

¿Pero, cuáles son las opciones que tienen los posibles afectados?

Bien, lo primero que debemos establecer es que -según el censo pesquero nacional realizado en 2019 por  el Ministerio de Economía y CODOPESCA, con apoyo del BID- las capturas de estas especies puesta en veda representan apenas entre el 10 y 15% de la pesca total reportada por ejemplo en Puerto Plata. El mismo Censo establece que la mayoría de estos pescadores se concentran en los que tienen embarcaciones de buen calado y que pueden internarse a zonas no alcanzables por la pesca artesanal, o sea, la gran mayoría de nuestros humildes pescadores no vive del comercio del pez loro, menos aún de los pepinos de mar o los peces doctores.

Por eso hemos reiterado una y otra vez que estas «flotas pesqueras» y sus hombres, deben ser reorientados al uso de artes de pesca más sostenibles y por tanto con rentabilidad a más largo plazo.

Del mismo modo,  muchos de estos  pescadores son más que nada hábiles navegantes y diestros operadores de embarcaciones pequeñas, cuyo talento les puede  abrir las puertas a nuevas áreas de negocios como reparación, fabricación y mantenimiento de botes, veleros, catamaranes y otras naves de mar.

Sólo haría falta instrucción y acompañamiento: CODOPESCA, Medio Ambiente, INFOTEP , Prosoli y MITUR podrían convertir estos lobos de mar en instructores de buceo, guías turísticos, capitanes de botes, salvavidas de playas o guardianes de la biodiversidad en nuestras costas. Todo sería cuestión de enfoque y disposición.

Si queremos un sector pesquero saludable y sostenible, debemos fomentar el  establecimiento de cooperativas  acuícolas,  para la producción regulada de especies con valor comercial, como también mejoras y modernización de la flota pesquera a cambio de un compromiso de pesca responsable,  que juntos puedan suplir en cantidad, variedad y calidad los comercios y restaurantes que sirven la gran demanda de pescado fresco en todo el país.

¿Cómo saber si finalmente estas vedas servirán para algo?, ¿Cuándo sabremos si podría ser viable su pesca comercial?  La respuesta está en los articulados  del mismo Decreto 418-21: Instruye al Ministerio de Medio Ambiente a «realizar investigaciones para el análisis anual del estado de la población de peces herbívoros, de tal manera que se precisen los impactos y efectividad de las disposiciones de este decreto, con el apoyo de universidades, institutos de investigación, organismos no gubernamentales y gubernamentales vinculados, a fin de que el informe de estado y progreso pueda estar disponible a más tardar el día 1 de enero de cada año durante el período de veda».

Esperamos que esas palabras no sean letra muerta, pues «lo que no se mide, no se mejora» y ese proceso es tan importantes como lo es la gestión de recursos para la necesaria inversión en investigación, para lo cual el Gobierno central y organismos como el MESCYT deben propiciar estos programas y darles el debido financiamiento.

Diario Libre/ Fundación Acción Verde, Inc.