Los eventos climáticos en República Dominicana, como tormentas y huracanes, han tenido un impacto devastador en la infancia. En agosto de 2023, la tormenta «Franklin» dejó daños significativos en la isla, especialmente en la agricultura e infraestructura, con pérdidas que alcanzaron los 5,000 millones de pesos y más de 25,000 viviendas afectadas, muchas destruidas.
Además, 200 escuelas y hospitales resultaron dañados, afectando el acceso a servicios esenciales de educación y salud, particularmente en áreas vulnerables. República Dominicana es uno de los países latinoamericanos más propensos a desastres naturales, con un historial de huracanes, inundaciones y sequías. Se estima que entre 40,000 y 50,000 personas son desplazadas durante estos eventos, más del 40 % de los afectados son niños, lo que resalta su vulnerabilidad.
Unicef informó ayer que, entre 2017 y 2023, los desastres climáticos desplazaron a 43.1 millones de personas en todo el mundo. Para 2050, se proyecta que las inundaciones podrían desplazar a 96 millones de niños. En el Caribe, República Dominicana es el cuarto país más propenso a ciclones, aumentando la exposición de su población.
Unicef lanzó una campaña de sensibilización para enfrentar futuras emergencias naturales, enfocada en la protección de los niños y la preparación ante desastres. La campaña también subraya la importancia de la adaptación al cambio climático y la inclusión de los jóvenes en las estrategias de resiliencia, considerando que el 27 % de la población dominicana tiene entre 10 y 24 años.
Según Anyoli Sanabria, representante adjunta de Unicef, las emergencias afectan a todos, pero para los niños son aún más devastadoras. Indica que la incertidumbre y el dolor que experimentan los hace especialmente vulnerables, y es esencial actuar para garantizar sus derechos, brindándoles apoyo en momentos difíciles para que puedan seguir desarrollándose con esperanza.
Daños más graves
Entre los daños más graves durante las emergencias humanitarias en República Dominicana se encuentra la destrucción de infraestructuras, como viviendas, escuelas, hospitales y carreteras. El país es el sexto más propenso a terremotos en el Caribe, con 1,200 escuelas situadas en áreas de fallas activas, lo que representa un riesgo para la continuidad educativa.
Las tormentas también interrumpen servicios básicos como agua potable, electricidad y saneamiento, afectando la vida diaria de las comunidades. En zonas rurales, las escuelas pueden permanecer cerradas hasta 74 días tras una inundación, incluso con niveles bajos de agua.
El sistema educativo sufre interrupciones, con miles de niños fuera de las aulas debido al cierre temporal o permanente de instalaciones.