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En enero pasado organizaciones ambientales y el Ministerio de Medio Ambiente alertaron sobre presuntos aprestos de estafar al Estado dominicano a través de demandas de justiprecio presentadas por particulares que aseguran ser propietarios del 70% del Parque Nacional Sierra de Bahoruco.
Tras la alerta, el caso pasó al Tribunal Superior Administrativo (TSA), en donde se han realizado varias audiencias, debido a que los reclamantes han sido favorecidos con sentencias previas. Actualmente el Ministerio de Medio Ambiente registra 16 litigios vinculados a parcelas del área protegida (3250, 3866, 4213 y 3250), ubicadas en el municipio Duvergé, provincia Independencia.
Referente al estatus del proceso, una fuente que trabaja en el caso explicó a Diario Libre que no se conocerá el fondo de las demandas (están sobreseídas) hasta tanto determinar la veracidad de los derechos que alegan los demandantes, «que es lo que cuestiona el Ministerio».
En ese sentido, recordó que el Ministerio de Medio Ambiente depositó «una demanda en revisión por causa de fraude, para cancelar todos los títulos que se emitieron en una de las parcelas; también se depositaron litis sobre derecho registrado».
Un documento elaborado por el Ministerio y que resume todos los litigios, detalla que las autoridades esperan que Jurisdicción Inmobiliaria decida sobre las litis de derecho registrado, además de la demanda en revisión. «Ya se están notificando para conocer juicio», manifestó la fuente sobre este aspecto.
Agregó que una de las parcelas de la litis de derecho registrado «tiene título reciente. Lo que el Ministerio hizo fue una demanda en revisión por causa de fraude. Después de que se emite un título tienes un año para demandar la nulidad de esos títulos. Como había una parcela con título reciente nos dio tiempo de mandar la revisión por causa de fraude».
Sentencias del TSA
Sobre las sentencias emitidas por el Tribunal Superior Administrativo (TSA) que favorecen a los reclamantes con el pago de millones de pesos, la fuente sostuvo que el Ministerio de Medio Ambiente depositó recursos de casación y una demanda de suspensión de ejecución de las sentencias debido a los recursos, por lo que los procesos también quedaron sobreseídos.
A principios de febrero, el reclamante Tomás Rosendo Dantés-Castillo explicó a Diario Libre que demanda en justiprecio 700 kilómetros cuadrados de unas tierras heredadas de su padre, que fueron declaradas de utilidad pública en 1983, debido a que estas parcelas estaban dentro del área protegida.
De acuerdo a Dantes- Castillo, sus demandas se basan en una sentencia del 22 de noviembre de 1967 de la Suprema Corte de Justicia, que impugnó una sentencia del Tribunal Superior de Tierras del 22 de junio de 1966.
En la decisión de la Suprema Corte, José Luperón Flores y Porfirio Dantes Castillo (padre de Tomás Rosendo), tuvieron ganancia de causa sobre la parcela No. 3866 del Distrito Catastral No. 3 del Municipio de Duvergé, sección Angostura.
Algunos litigios sobreseídos
Una de las demandas que registra Medio Ambiente es la de Dantés Castillo por RD$2,885,000,000.00 y corresponde a la parcela 3250. El proceso fue sobreseído en la última audiencia, realizada a finales de julio de este año.
Otra corresponde a la citada parcela, por parte de la empresa DC International, S.R.L. por un monto en justiprecio de RD$71,780,000,000.00. Sobre esta demanda el Ministerio señala que «fecha 07/08/2023 el TSA ordenó corregir las irregularidades contenidas en el informe cartográfico presentado. En este caso solicitamos el sobreseimiento en razón del recurso de revisión por causa de fraude interpuesto u el tribunal acogió nuestra solicitud, quedando el expediente Sobreseído».
En otra demanda en justiprecio, la empresa solicita RD$1,263,735,000.00, sobre esta caso, las autoridades indican: «en fecha 07/08/2023 el TSA ordenó corregir las irregularidades contenidas en el informe cartográfico presentado. El día 17/01/2024, se celebró en la Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo, la última audiencia, en la cual se solicitó la declinatoria del expediente por sospecha legítima de la sala, quedando el expediente sobreseído y pendiente que el pleno de la Suprema Corte de Justicia conozca de la declinatoria».
