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Aprincipios de 2018, el director ejecutivo de la Secretaría de Asuntos Municipales del PRM, Waldys Taveras, dijo: «El país se expone a ser condenado al pago de cientos de millones de dólares, si no son sometidas a la Justicia las personas involucradas en la compra irregular de los terrenos de Duquesa» (…). Ni hay ninguna acción judicial del CEA, de la Procuraduría General de la República, del Ayuntamiento Santo Domingo Norte, de la Cámara de Diputados, ni del Senado de la República, poderes e instituciones del Estado con calidad para presentar las acciones judiciales por haber sido afectadas por las acciones fraudulentas».
A través de Waldys Taveras, el PRM advirtió en una carta al exprocurador Jean Alain Rodríguez, con fecha 5 de abril de 2018, que si no «actuaba» el país pagaría US$300 millones a Lajun.
Tavarez hacía referencia a un fraude cometido para la obtención de títulos de propiedad en los terrenos donde opera el vertedero de Duquesa.
Esto después que el 19 de diciembre de 2017, el Sr. Lee-Chin y la Empresa Lajun Corporation, le notificaron al Estado Dominicano un aviso de controversia, invocando el Acuerdo de Libre Comercio (CARICOM), tomando como base el despojo de una propiedad, que se corresponde con los terrenos donde opera el Vertedero de Duquesa, razón por la cual reclamó una indemnización de 300 millones de dólares.
La carta tenía como asunto: «Aportes de Información y señalamiento de personas que pueden Contribuir a la Investigación sobre la apropiación de los Terrenos del Relleno Sanitario Duquesa«, donde Tavarez relata el historial de la transferencia de los terrenos de Duquesa, además de hacer referencia a que el mismo Jean Alain había ordenado al abogado del Estado y el procurador fiscal antes la Jurisdicción Inmobiliaria, elaborar informes sobre el historial de los terrenos de Duquesa y Los Tres Brazos, vendidos a empresas privadas. Esto en diciembre de 2016.
En una comunicación de prensa, el procurador Jean Rodríguez explicó que con esta medida se buscaba obtener información completa y veraz que permita al Ministerio Público determinar en forma preliminar si en las operaciones de cualquier tipo realizadas con los referidos inmuebles, existe algún vestigio de actuación dolosa.
A su vez, la empresa Lajun, concesionaria de la administración de Duquesa, dijo tener la propiedad de los terrenos basada en un contrato de venta que habría hecho el Consejo Estatal del Azúcar (CEA).
Aprobación del Senado y el Congreso
Ante el enfrentamiento entre ejecutivos de la empresa Lajun Corporation y los alcaldes del Gran Santo Domingo por el control de los terrenos donde funciona el vertedero Duquesa, el 21 de noviembre de 2016, el presidente de la comisión de contrato de la Cámara de Diputados, Héctor Féliz, confirmó que el Senado conoció y aprobó el contrato que avala la venta de ese solar.
Según el legislador, la operación involucró un monto de 82 millones de pesos y todavía estaba pendiente de conocimiento en la Cámara de Diputados.
«Ese contrato realmente fue aprobado en el Senado, fue enviado a la Cámara de Diputados, pero todavía está en el área de Secretaría General, y no ha ido al departamento de comisiones», enfatizó.
También dijo que el contrato existía, y que correspondería debatirlo en la cámara baja. Indicó que se estudiará el proyecto para determinar si es factible su aprobación o rechazo, pero que por el momento no podía emitir ningún tipo de juicio en torno a la operación.
Después de que el Diputado de la Provincia Santo Domingo, Radhamés González, hiciera una denuncia pública el 4 de abril de 2017, la Comisión de Asuntos Municipales de la Cámara de Diputados anunció que presentó un expediente ante la Procuraduría General de la República, y llegó a la siguiente conclusión: «La Comisión de Contratos de la Cámara de Diputados finalizó su investigación sobre la venta de los terrenos donde se encuentra ubicado el Vertedero de Duquesa y determinó que dicho contrato no había pasado por el Congreso Nacional».
Según la carta de Taveras, el 28 de agosto de 2017 el presidente de la Comisión Evaluadora de los Terrenos del Consejo Estatal del Azúcar, Bautista Rojas Gómez, explicó a medios de comunicación que los terrenos que ocupa el vertedero de Duquesa, administrado en ese entonces por la empresa privada Lajun Corporation, eran propiedad del Estado y que por ende no pueden ser «enajenado» ni vendidos en absoluto.
Aseguró que luego de una «exploración» de los archivos del CEA, se comprobó que esa entidad «no hizo ninguna operación con ninguna persona, empresa o demás, lo que quiere decir que ese terreno es propiedad del Estado dominicano.
Los títulos de propiedad
La carta enviada a Jain Alain Rodríguez explica que El Sr. Felipe Antonio Díaz firmó un contrato el 17 de Junio del 1986, con el CEA, mediante el cual compró 1,392 tareas de tierra en la parcela No. 9-Prov. Del D.C. 21 amparado en el Poder Especial emitido por el Poder Ejecutivo mediante decreto 329 del 12 de abril de 1985.
Según Tavares, el decreto no aparece en los archivos de dicho expediente, el cual quedó inmovilizado por un periodo de 15 años hasta el 21 de marzo del 2001, donde le fue expedido la certificación de pago de la compra de los terrenos. En el contrato el Sr. Díaz afirma que fueron aprobados el 9 de diciembre del 2008 en el Senado de la República, y el 14 de Abril del 2009 en la Cámara de Diputados. Pero las secretarías de ambas cámaras certificaron que en sus archivos no reposa dicha aprobación.
Luego el señor German Cornelio, fue el presidente de Lajun Corporation en el proceso de licitación y firma del Contrato con el Ayuntamiento Santo Domingo Norte. Posterior a esa concesión los Señores Felipe Antonio Díaz y Raúl Andrés Pérez Martínez, presentaron por ante la Jurisdicción Inmobiliaria los contratos suscritos con el CEA y las certificaciones de aprobación de ventas emitidas por el Congreso Nacional.
Así también al señor Raúl Andrés Pérez Martínez, le fue expedido el título de propiedad amparado en el contrato de fecha 9 de enero de 1986, mediante el cual el C.E.A. le vende 590 tareas de tierra en la Parcela 9-Prov. del D.C. No. 9 del Distrito Nacional, amparado en el Poder Presidencial emitido mediante decreto No, 329 de Abril del 1985, concluyó su proceso de pago 17 años y 6 meses después el 26 de Junio del 2003, para la obtención del título de propiedad presentó una certificación de la Secretaría del Senado de la República de fecha 29 de junio del 2006 y de la Cámara de Diputados del 22 de Noviembre del 2007, ambas cámaras señalaron que en sus archivos no repsol dicha aprobación.
Los títulos de Lajun
En abril de 2009 el Sr. José Antonio López Díaz, aparece representando a la Empresa Lajun, en su condición de presidente de esa entidad comercial en la Adenda al Contrato con el Ayuntamiento de Santo Domingo Norte y también aparece como comprador de los derechos inmobiliarios de Felipe Antonio Díaz, según contrato de fecha 5 de Septiembre del 2011, habiéndose emitido el certificado de título No 0100186556, a nombre del Señor José Antonio López el 22 de Junio del 2012.
El 26 de junio de 2013 Luis José Asilis Elmudesi, en representación de las empresas Wilkinson Company S.R.L. y Nagelo Enterprises, S.A. y el Sr. José Antonio López Díaz, firmaron un contrato mediante el cual el Sr. López vende a los primeros los terrenos que ocupan en ese momento el ya vertedero de duquesa y la concesión y contratos suscritos para el manejo de los Residuos sólidos del gran Santo Domingo.
En abril de 2017 Lajun Corporation rompe el silencio sobre la titularidad de los terreno de Duquesa. En una entrevista al medio El Caribe, uno de los accionistas de la empresa que administra Duquesa, Luis José Asilis, precisó que en 2013 junto a Michael Lee-Chin compró los terrenos de Duquesa y las acciones de Lajun Corporation por separado al señor José Antonio López.
En dicha entrevista Luis José Asilis expresó: «Entiendo que tenemos titularidad válida y si no lo fuera, no hemos recibido al día de hoy ni una demanda ni nos ha llegado una comunicación diciendo esos terrenos no son suyos. Si en su origen hubo una irregularidad no es nuestra responsabilidad».
Asilis dijo en la entrevista a dicho medio que no recordaba el monto exacto de cuánto le costó tanto a él como a su socio la adquisición de este inmueble.
Seguimiento al tema
La fundación ambiental Acción Verde, comentó a Diario Libre que tienen más de 5 años dándole seguimiento al tema de Duquesa y Lajun. Y en múltiples ocasiones advirtieron al estado sobre las irregularidades en la obtención de los títulos y las posibles consecuencias de no resolver en los tribunales la situación.
En abril de 2018 Acción verde envió una carta al entonces presidente Danilo Medina, donde advertía sobre una posible condena a país en la demanda internacional interpuesta por Lajun. «El punto es que la acción judicial que está en curso en un tribunal de arbitraje de Washington, bien podría dar como resultado una onerosa condena contra el país, por una cifra de cientos de millones de dólares, mientras que los tribunales locales apoderados de las acciones contra esta empresa habrían declarado «archivo el expediente» hasta tanto «El Estado Dominicano muestre real interés en proseguir el caso» donde se ha documentado debidamente (tanto por el CEA como por el Congreso Nacional) que hubo serias irregularidades que incluyen la posible falsificación de un Decreto y documentos públicos para la apropiación del Terreno donde hoy está el Vertedero».
«Aunque el caso a nivel internacional es manejado por DICOEX es importante que la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo investigue el estatus de estos procesos, con el fin de que, si encuentra méritos, estimule y motorice el debido seguimiento judicial que depende del CEA, el Ministerio de Medio Ambiente, el Congreso Nacional, las Alcaldías y el Ministerio Público. Tener una adecuada definición judicial en estos aspectos no sólo constituirá un reforzamiento de la posición legal del país ante el tribunal de Washington, sino que permitiría una planificación y toma de decisiones más específicas en torno a los terrenos de Duquesa cuyo valor de mercado se asume en miles de millones de pesos», concluye la carta de Acción Verde, acompañada de la carta enviada a Jean Alain pro Waidys Tavarez.
A pesar del acuse de recibo por parte del expresidente Danilo Medina, no obtuvieron respuesta a la misma.
Nelson Bautista, de Acción Verde, expresó a Diario Libre que probablemente algunos funcionarios argumentarán que «se trata de un triunfo de nuestros representantes ante el tribunal, pues apenas pagaremos menos de un 10% de lo exigido», lo que considera una gran torpeza.
«No se trata solo de dinero, de mucho dinero (más de 2,500 millones de pesos que tendría que pagar el pueblo dominicano), sino también del funesto precedente y de poner en desnudo nuestra desidia y debilidad por no haber llevado este proceso por el camino que debía ser desde el principio: demostrar en tribunales locales, que este caso podría envolver un fraude colosal contra el propio Estado, perpetrado por los pseudo inversionistas de Lajun y una camarilla de cómplices locales».
En 2021, en el Portal accionverde.com también reseñó: «En torno a esta situación, solicitamos que la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo investigue el estatus de estos procesos, con el fin de que, si encuentra méritos, estimule y motorice el debido seguimiento judicial que depende del CEA, el Ministerio de Medio Ambiente, el Congreso Nacional, las Alcaldías y el Ministerio Público.»
Nelson Bautista comentó que tiempo después, algunas autoridades contactadas alegaron que «el caso había perimido». Para el ambientalista solo bastaría un análisis básico para encontrar las fallas que llevaron de manera consistente a que este asunto terminara como terminó: «Pasaron los demandantes de ser victimarios a víctimas, de ser los causantes de más de una emergencia sanitaria por su torpe y fallido manejo del vertedero más grande del caribe, a resultar gananciosos de miles de millones de pesos que de ser pagados, sería lo mismo que tirarlos a la basura».
