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La Coalición para la Defensa de las Áreas Protegidas solicita formalmente a la Procuraduría General de la República y a la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental que hagan todas las indagatorias necesarias para determinar cómo y en qué circunstancias ha sido posible que personas particulares hayan podido obtener títulos de propiedad en terrenos que forman parte del Paisaje Protegido Playa Cabo Rojo – Pedernales (conocido como Bucán Yé), los cuales se presumen además ser parte de la litis en la que el Estado Dominicano ha reclamado en justicia la restitución a su nombre, y que originalmente formaron parte del fraude inmobiliario conocido como “Bahía de las Águilas”.
Se hace necesario que las autoridades indaguen y aclaren cuál fue el mecanismo utilizado para vulnerar la normativa vigente para que la Jurisdicción Inmobiliaria emitiera dichos certificados de títulos dentro de un área protegida, visto el requerimiento de una constancia de “no objeción” por parte de la autoridad competente, o sea, el Ministerio de Medio Ambiente en estos casos. Además de este requerimiento procesal, estos hechos violan, la Ley Sectorial de Áreas Protegidas, que establece en su artículo 9 que “Los terrenos pertenecientes al Estado que integran el Sistema Nacional de Áreas Protegidas son imprescriptibles e inalienables y sobre ellos no puede constituirse ningún derecho privado” así como la Constitución de la República Dominicana, que establece en su artículo 16 que “La vida silvestre, las unidades de conservación que conforman el Sistema Nacional de Áreas Protegidas y los ecosistemas y especies que contiene, constituyen bienes patrimoniales de la Nación y son inalienables, inembargables e imprescriptibles.”
Ponemos en su conocimiento además que, el ciudadano dominicano Salvador Catrain, representante de Oceanus Investment SRL y del empresario español, Elías Hernández Barrera, ha declarado al periódico Diario Libre, el pasado 17 de abril “…que en el 2021 firmaron un acuerdo con la Dirección General de Alianzas Público Privadas, donde se reconoce el derecho a propiedad de Oceanus Investment sobre los inmuebles ubicados en la parcela 40 y una porción de la parcela 41 de D.C. 3 de Enriquillo, Barahona, así también como la seguridad jurídica de los mismos.” Debería ser del interés del Ministerio Público y de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, procurar con los funcionarios firmantes y la Jurisdicción inmobiliaria, si este acuerdo se ha utilizado como base para la obtención de estos títulos presumiblemente de origen fraudulento.
Es en virtud de esa información y de que el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales recibió del citado inversionista una comunicación en fecha 22 de abril de 2022 en la que les declara “ser propietario de varias porciones de terreno en el área de Bucán Yé y en el ámbito de las parcelas 40-L y 40-L4” y que con posterioridad a ello, el 30 de mayo 2022 el mismo Ministerio emite un “Informe sobre cerco y remoción de suelo” de estos terrenos, produciéndose en los meses siguientes varias citaciones y reuniones de entidades ambientalistas para tratar el tema con el Viceministro de áreas protegidas Federico Franco, el ministro Miguel Ceara Hatton y otras autoridades, que esta institución no puede alegar desconocimiento de que este proceso de ocupación se estaba llevando a cabo.
Siendo así, consideramos pertinente que el Ministerio Público y las autoridades competentes, abran una investigación sobre las posibles responsabilidades (por acción y omisión) en las que podrían haber incurrido la Jurisdicción Inmobiliaria, la Dirección General de Alianzas Público-Privadas y el Ministerio de Medio Ambiente, para que hoy tengamos como resultado que la titularidad un área protegida (que está estar resguardada por la constitución y las leyes) haya sido transferida a particulares que obtuvieron más de 15 títulos en el último año y que estos estén haciendo ocupación de la misma y solicitando permisos para la construcción allí de un complejo hotelero.
Confiando en su oportuna respuesta y actuación, firman esta denuncia, por la Coalición para la Defensa de las Áreas Protegidas: La Academia de Ciencias de la República Dominicana, La Comisión Ambiental de la UASD, Cúa Conservation, el Grupo Jaragua, la Sociedad Ecológica del Cibao, Inc. (SOECI), la Fundación Acción Verde Inc., la Fundación Moscoso Puello, el Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente (INSAPROMA), Guakía Ambiente, las ciudadanas Lissete Gil y Beatriz Cassá.
Coalición para la Defensa de Áreas Protegidas
