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Desde el pasado viernes 10 de febrero, el viceministerio de Costeros y Marinos del Ministerio de Medio Ambiente, en coordinación con el Servicio Nacional de Protección Ambiental (Senpa), el Consejo Dominicano de Pesca y Acuicultura (Codopesca) y la Armada Dominicana, realizan un operativo en diferentes zonas costeras, para incautar especies vedadas, como el pez loro, tiburones y otras.
Hasta el día lunes 13 de febrero se habían incautado 13,733.15 libras de pez loro, siete libras de pez ángel y 124 libras de tiburón. Siendo la mayor incautación de pez loro en San Pedro de Macorís con 10,869 libras.
El operativo se realizó simultáneamente en cinco provincias: La Altagracia, La Romana, San Pedro de Macorís, Samaná y María Trinidad Sánchez
Según declaraciones a Diario Libre del viceministro de Costeros y Marinos, José Ramón Reyes, en María Trinidad Sánchez y San Pedro tuvieron cierta resistencia para entregar el producto. «Pudimos convencerlos que nos entregaran la mercancía y apaciguar los ánimos. En San Pedro hubo un poco de resistencia, nos cerraron el local. En la mañana de ayer (Domingo), se estaba por alborotar el vecindario, pero pudimos ponerlo todo bajo control. El dueño de la pescadería ya está en proceso de ser sometido a la acción de la justicia”.
En el caso de Cabrera y Río San Juan, detuvieron a pequeños vendedores comercializando pez loro. En el caso de los vendedores al menudeo, les fue incautado el producto y se les explicó las razones, para luego ser dejados en libertad. El viceministro considera que, en el caso de estas personas, no son pescadores sino vendedores al menudeo de escasos recursos, lo que no amerita ser sometidos a la justicia. Sin embargo, si se les explicó las razones de la detención e incautación, para generar conciencia sobre el daño ecológico que implica la pesca de pez loro.
El decreto 418-21
Cuando se habla de captura y venta de pez loro, se está ante, por lo menos, tres violaciones a un decreto del presidente Luis Abinader del 2021. La captura, la comercialización de especies vedadas y el uso de compresores para la pesquería de diferentes especies.
El decreto 418-21, tiene como base la resolución del Ministerio de Medio Ambiente número 023/2017, firmada por el entonces ministro Francisco Domínguez Brito, que estipulaba una veda permanente de tiburones y rayas, cinco años para erizos y dos años para peces loro (familia Scaridae), entre otras especies; y la extensión de la veda por medio de la resolución 0017-2019, de ex ministro Ángel Estévez, quien criticó públicamente los “pobres resultados» de los dos primeros años de la veda.
Reacciones contrarias
Ambas resoluciones causaron reacciones contrarias, incluso violentas en algunos momentos, de pescadores y dueños de pescaderías, en especial en Puerto Plata. En 2019 El presidente de la Asociación de Propietarios de Barcos Pesqueros de Puerto Plata, José Antonio Toribio, aseguró que la medida era una “intención de hacer desaparecer el sector que comercializa pescados y mariscos”, el cual, según él, aporta muchos millones al Estado.
El dos de julio de 2021 la veda se declara por decreto del presidente Luis Abinader, considerando que la disminución y desaparición de las especies silvestres son consecuencia de los impactos negativos que provoca la alteración y desaparición de los hábitats y la pesca sin control, entre otras causas, que ponen en riesgo nuestras especies de fauna y, por consiguiente, la estabilidad de los sistemas ecológicos.
Considera que los arrecifes de coral se encuentran entre los ecosistemas tropicales de más alta biodiversidad del mundo, construidos y mantenidos por organismos vivos muy susceptibles a la sobrepesca, peces herbívoros, como los peces loros y los peces doctores, claves para preservar de los arrecifes. Desde la fecha se prohíbe la captura y comercialización de especies como: peces loro, peces cirujano, mariposa, ángeles y pepinos de mar hasta el 2 de julio de 2023.
Además prohíbe en su artículo 5, el uso de compresores de buceo para la pesca diurna y nocturna, los cuales se usan mayormente en la captura de pez loro, lambí y langostas.
El decreto instruyendo en el artículo 6, a Codopesca, la Procuraduría, Senpa y Ministerio de Defensa dar todo el soporte al Ministerio de Medio Ambiente para hacer cumplir el decreto y su efectiva ejecución.
Al mismo tiempo que prohíbe la captura y comercialización ordenó al Ministerio de Medio Ambiente a presentar un informe, ante el Poder Ejecutivo, para una línea base sobre el estado actual de las especies de las familias incluidas en el decreto a más tardar el 1 de enero de 2022.
Las investigaciones que ordena el decreto, son para un análisis anual del estado de la población de los peces herbívoros, para precisar los impactos y efectividad de las disposiciones del decreto.
Seguirán los operativos
De acuerdo con el viceministro Reyes, los operativos continuarán de forma indefinida en todo el territorio nacional, como seguimiento al decreto 418-21. Por otro lado, los estudios sobre el estado de la especie están en su análisis final y se harán públicos próximamente.
Según informaciones del Ministerio de Medio Ambiente, los ejemplares incautados serán analizados en cuanto a talla y otros datos biológicos para luego ser entregados al Acuario Nacional y sirva para alimentar especies en exhibición. Aclaran que no pueden ser donados para consumo humano porque no tienen garantía de que los mismos hayan mantenido la cadena de frío y los niveles de inocuidad.
Todas estas acciones estarán acompañadas de la identificación y monitoreo de zonas de pesca, donde implementarán un programa de educación. “Notamos que muchos de estos pescadores, lo hacen para ganarse la vida, pero también ignoran el daño que causan. También debemos concientizar al usuario. Debemos llegar al punto que un consumidor cuando vea un restaurante que venda pez loro se vaya y lo denuncie. Porque al final esto no es solo una responsabilidad del Ministerio de Medio Ambiente, es una responsabilidad de todos a favor del medio ambiente”, concluyó el viceministro José Ramón Reyes.
