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Santo Domingo.- Por ocasionar daños al Cinturón Verde de Santo Domingo y dos de los cinco pozos que suministran agua potable a la ciudad fue sometida a la Justicia los propietarios de la empresa 481 Constructora, SRL.
La acción fue presentada por la Procuraduría Especializada para la Defensa del Medio Ambiente y los Recursos Naturales (Proedemaren) ante el Juzgado de la Instrucción de Santo Domingo Este, que persigue la apertura a juicio en contra de la razón social “481 Constructora, SRL”, así como contra sus propietarios Luis Miguel Arenas y Cesarina Leonor de las Mercedes Rivera Mata de Montás.
La instancia establece que los imputados talaron y eliminaron cientos de árboles de diferentes especies, en un área de aproximadamente 153,000 metros cuadrados, en el sector Ferregú, situado en la carretera Santo Domingo-La Victoria.
Entre las especies derribadas se encuentran javilla, samán, palma real, mango, amapola, gina, jagua, piñón cubano, memiso, almendro y campeche, según se informó.
La destrucción de esta zona afecta la calidad del agua que se extrae en la actualidad en el Gran Santo Domingo, para uso y consumo humano, además de eliminar el efecto de esponja que existía en el lugar, que contribuye a mitigar las crecidas de ríos en los alrededores.
El Ministerio Público calificó esta acción como una violación a la Ley General de Medio Ambiente y Recursos Naturales (64/2000) y la Ley Sectorial Forestal de la República Dominicana (57-18).
El órgano de persecución penal explica que el área donde actualmente se proyecta el Proyecto Habitacional Altos Ríos forma parte del Campo de Pozos del Cinturón Verde de Santo Domingo, por lo que la citada intervención provoca una alteración al equilibrio ambiental de la zona metropolitana y sus territorios circundantes.
El impacto negativo directo abarca a dos de los cinco pozos que son protegidos en el área del Cinturón Verde de Santo Domingo, situado en la Zona Ambiental F, que son los que registran mayores niveles de humedad y los cuales también contribuyen a las nacientes de los riachuelos tributarios del Río La Yuca.
La zona, seleccionada por la Corporación de Acueductos y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD) como un Campo de Pozos de Agua para el abastecimiento de la capital dominicana, fue desmontada por completo, dejando solo la mancha boscosa de lo que era anteriormente y donde aún se encuentran apilados múltiples árboles de los que fueron derribados.
La investigación fue realizada por los fiscales José Espinal Beato y Porfirio Estévez Mejía, en compañía del técnico de la Dirección Provincial de Santo Domingo Este del Ministerio de Medio Ambiente, Jesús Diffó, y un equipo de la Academia de Ciencias de la República Dominicana, encabezado por el ingeniero forestal Eleuterio Martínez Alcántara.
