Las declaraciones publicadas en la prensa nacional, respecto a que El Ministerio de Medio Ambiente evalúa modificar la Resolución 0005-2017, que procura proteger las zonas montañosas y de producción de agua a nivel nacional, constituyen una preocupante señal de que en el gobierno existan funcionarios que prefieran favorecer el interés particular por encima del interés general de la nación.
De ser cierta la versión que se atribuye a un director provincial de Medio Ambiente, suponemos que a estas horas ya ese funcionario ha sido llamado a capítulo por el Ministro Orlando Jorge Mera y que en breve se producirá una declaración oficial rechazando ese intención y reiterando el espíritu de esa resolución que busca reforzar los criterios de la Ley 64-00 sobre la necesidad de proteger la vocación forestal y para la captación de agua de los bosques de montaña.
Es una verdadera lástima que mientras el presidente Abinader ha solicitado al Congreso Nacional que agilice el conocimiento y aprobación de las Leyes de Agua y de Ordenamiento Territorial (en cuyo articulado también debe normarse las construcciones de montaña), existan funcionarios públicos que auspicien el debilitamiento de las regulaciones existentes.
La Resolución 0005-2017 fue emitida a raíz de la intensa escalada de proyectos inmobiliarios en zonas de montaña de alta pendiente, en especial en Jarabacoa y Constanza, que en muchos casos estaban desmontando y modificando el paisaje en perjuicio del microclima, los corredores biológicos y las zonas de captación de agua de las que se abastece la agricultura y para el consumo humano, afectando acueductos y cauces de ríos y arroyos.
Es importante reseñar que los terrenos que se encuentran por encima de los 1,200 metros, en su gran mayoría tienen pendientes mayores del 60%, cuyo uso está restringido y protegido por la Ley 64-00 y es el Ministerio de Medio Ambiente el responsable de velar por su cumplimiento.
Academia de Ciencias de la República Dominicana
Comisión Ambiental de la UASD
Fundación Acción Verde. Inc.