La amenaza del cambio climático, la ley de ordenamiento territorial y el endurecimiento de las sanciones por delitos ambientales son algunos de los principales retos que enfrenta la República Dominicana, a propósito de conmemorarse hoy, 22 de abril, el Día Internacional de la Madre Tierra, el cual busca la toma de conciencia para la protección del hogar de toda la Humanidad.
El ministro de Medio Ambiente, Orlando Jorge Mera, y el coordinador de la Comisión de Medio Ambiente de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Luis Carvajal, coincidieron en entrevistas con Diario Libre en los retos primarios que todavía tiene el país para tener una política ambiental correcta.
El titular de Medio Ambiente hizo un llamado de conciencia ante las serias implicaciones que tiene el cambio climático en procesos como la erosión de las costas, la intensificación de fenómenos atmosféricos extremos, así como las sequías y las inundaciones.
Al ser preguntado sobre la agenda del Ministerio ante el cambio climático, Jorge Mera recordó que el país se comprometió para en el 2030 y 2050 reducir un 27 % los gases de efecto invernadero y conseguir la neutralidad de carbono, respectivamente. Debido a esto, las autoridades trabajan en una propuesta para un “pacto verde”, que se llevará a la mesa del diálogo de reforma institucional y que podría sentar las bases “para una política nacional de medio ambiente que respete los citados plazos independientemente de quién esté gobernando”.
La falta de la ley de ordenamiento territorial: un problema complejo
Pese a que muchos de los daños causados por el cambio climático llegarían a nuestras costas de forma inevitable, a juicio de Carvajal “no hemos organizado nuestra economía, población y ciudades para poder responder a los cambios que se esperan». «Esto demanda que haya una política nacional ambiental”, la cual debe estar a cargo del Consejo Nacional de Medio Ambiente, organismo que tuvo su primera reunión esta semana, más de 20 años después de la promulgación de la Ley 64-00 sobre Medio Ambiente, dijo Carvajal.
A propósito de cambio climático, a finales del año pasado, concluida la COP26, el vicepresidente del Consejo Nacional para el Cambio Climático, Max Puig, manifestó que se hacía imperativa la aprobación de la ley de ordenamiento territorial para hacer frente al fenómeno.
Sobre la falta de ese proyecto, Carvajal sostuvo que es el problema más complejo del país y que “termina convirtiéndose en la base de prácticamente todas las grandes problemáticas ambientales que tenemos». «La ley tiene que ser una reclamada e impuesta por el debate social y discutida de cara a la sociedad y que la gente pueda entender lo que significa”, indicó.
Agregó: “El uso inadecuado del territorio es lo que permite que haya pretensiones mineras en zonas nacientes de agua o que hayamos tenido una expansión de la frontera agrícola hacia la zona de producción de agua de las áreas protegidas o un problema de la ubicación de los vertederos”.
“Ordenar el territorio es ordenar la sociedad”, sostuvo.
Alteración del ciclo del agua
Carvajal citó, además, la alteración del ciclo del agua como otro de los problemas, lo que ha permitido la disminución de la capacidad para captar el líquido y recargar los afluentes. “En los ríos están en su cuenca media y baja totalmente desprovistos de bosques de galerías y en la cuenca media y baja tenemos un borde de interacción masiva de agregados que termina rompiendo el perfil de cauce, provocando una depresión del nivel freático, sumando contaminación, lo que tiene un impacto terrible a las aguas”, dijo.
Advirtió sobre la “amenaza visible” que constituyen las concesiones mineras en los principales nacientes, citando el Pico del Gallo y Loma la Piedra, donde nace el río Dajabón, la zona próxima al parque Piky Lora y áreas de influencia de la presa de Monción.
Sobre el agua, el ministro de Medio Ambiente anunció que el 30 de abril comenzarán el proceso de constitución del órgano de gobernabilidad de las cuencas hidrográficas, el cual será iniciado en la cuenca del río Nizao. “Ese mismo modelo lo vamos a replicar en las principales cuencas del país para integrar a los ayuntamientos, líderes religiosos y sociales y gobierno para proteger esas cuencas”, manifestó.
Solo dos sometimientos a la justicia por delitos ambientales han culminado en condenas
Jorge Mera abogó por una mayor conciencia en el ámbito judicial sobre la importancia que tiene hacer “una verdadera justicia” en los temas medioambientales. Explicó que durante su gestión se han sometido más de dos mil casos por delitos ambientales, de los cuales “quizás, uno o dos han llegado a su etapa final y creo que en Barahona se produjo prisión, creo que ha sido el único caso en que ha habido prisión”.
«El sistema judicial, al igual que en otros estamentos, está en proceso de transición y dirá que quizás haya otras situaciones más prioritarias. Pero quisiera ver más conciencia ambiental en el ámbito judicial”, señaló.
Dio como ejemplo casos como la muerte de un tiburón en Bayahíbe, que culminó en una garantía económica de 10 mil pesos. “Podrás decir que es un animal, pero ese animal está en una lista en la que el país se ha comprometido a protegerlo (la lista roja UCE). Estamos obligados a mandar señales de que nosotros protegemos el medio ambiente”, afirmó.
Extracción de buques del Ozama y sargazo
Durante esta semana, las autoridades han realizado acciones para eliminar toneladas de lilas del río Ozama arrastradas por las crecidas generadas por las lluvias. La presencia de estas plantas está relacionada con la contaminación de ese afluente. Al ser preguntado sobre las medidas que se han tomado para intervenir el río, Jorge Mera informó sobre un proceso para extraer ocho buques enterrados allí, lo que permitirá la liberación del cauce. Además, “se podrá establecer medios de transporte que al momento no se pueden hacer porque los barcos y buques no pasan por el calado que tienen”.