Al filo del último día de 2021, durante la pasada Nochevieja, la publicación de un documento de la Comisión Europea provocó un inesperado terremoto en el futuro de la energía y las finanzas del Viejo Continente. Se trata del borrador de la taxonomía europea, la nueva «lista verde» que guiará a los inversores privados sobre si su dinero va a parar a inversiones sostenibles, y de esa manera acelerar la transición ecológica.

La polémica llegó con la inclusión en esta lista de la nuclear y el gas dentro de la categoría de energías de transición, lo que desató duras críticas de las organizaciones ecologistas, pero también de grupos de inversores y de algunos Estados miembros, como España, que considera que esta clasificación «no tiene sentido y manda señales erróneas para la transición energética en el conjunto de la UE».

Recientemente, el grupo de expertos que asesora a la Comisión Europea en el diseño de la lista ha rechazado considerar como verdes a la energía nuclear y el gas natural, y se han mostrado «profundamente preocupados» por las consecuencias medioambientales que tendría.

Pese al dictamen, este miércoles la Comisión ha hecho oficial la publicación del acto delegado -la polémica forma legal para desarrollar la taxonomía- que incluye estas dos tecnologías. Ahora arranca un periodo de cuatro meses, prorrogable otros dos más, durante el cual una mayoría suficiente de países o de europarlamentaios podrían vetar la nueva norma, algo en absoluto descartable dada la profunda división que ha causado esta lista dentro de los países miembros.

Repasamos las claves sobre la taxonomía verde europea: por qué es importante, qué supone que se incluya en ella a la nuclear y el gas, si finalmente saldrá adelante este documento y las posturas de las principales potencias europeas.

¿Qué es la taxonomía verde europea?

La Unión Europea ha creado esta lista como una herramienta clave para clasificar las actividades económicas y las fuentes de energía como verdes, es decir, si contribuyen a los objetivos de descarbonización para 2050 que se ha propuesto Bruselas. Es la primera clasificación de estas características en el mundo y afecta a un 40 % de las empresas europeas, en sectores que producen el 80 % de las emisiones, según los datos de la Comisión.

Su función es crear un «terreno común» entre empresas e inversores, para que las primeras puedan planificar su transición ecológica y los segundos orientar sus inversiones a actividades sostenibles. No prohíbe ninguna inversión ni obliga a los actores del mercado a participar en las actividades incluidas en la lista.

Repasamos las claves sobre la taxonomía verde europea: por qué es importante, qué supone que se incluya en ella a la nuclear y el gas, si finalmente saldrá adelante este documento y las posturas de las principales potencias europeas.

¿Qué es la taxonomía verde europea?

La Unión Europea ha creado esta lista como una herramienta clave para clasificar las actividades económicas y las fuentes de energía como verdes, es decir, si contribuyen a los objetivos de descarbonización para 2050 que se ha propuesto Bruselas. Es la primera clasificación de estas características en el mundo y afecta a un 40 % de las empresas europeas, en sectores que producen el 80 % de las emisiones, según los datos de la Comisión.

Su función es crear un «terreno común» entre empresas e inversores, para que las primeras puedan planificar su transición ecológica y los segundos orientar sus inversiones a actividades sostenibles. No prohíbe ninguna inversión ni obliga a los actores del mercado a participar en las actividades incluidas en la lista.

¿Por qué es importante?

Bruselas tiene en marcha uno de los objetivos climáticos más ambiciosos del mundo. El Green New Deal o Pacto Verde Europeo busca reducir las emisiones un 55 % en 2030 respecto a los niveles de 1990 y llegar a las cero emisiones netas en 2050. A la vez, este pacto supone una inversión multimillonaria: un tercio de los 1,8 billones de euros de los fondos Next Generation estarán destinados a financiar esta transición a energías verdes.

Con estos hitos en el horizonte, es crucial para las compañías e inversores que sus finanzas se alineen con los objetivos verdes. También es una herramienta de transparencia, que busca evitar el greenwashing o lavado de cara verde y que las empresas se publiciten como sostenibles cuando realmente sus inversiones no lo son.

¿Qué incluye la taxonomía verde?

La lista verde, en vigor desde julio de 2020, incluía en un primer momento las energías renovables, como la eólica, la solar fotovoltaica, la hidroeléctrica y también el biogás o el hidrógeno verde -el que se produce a partir de renovables-.

Sin embargo, el nuevo acto delegado publicado este miércoles incluye también la energía nuclear y el gas natural como energías de transición. Esto quiere decir que están en una «segunda división» y no se las «equipara con las demás renovables», según acalara a RTVE.es Eloy Sanz, profesor de Energías Renovables en la Universidad Rey Juan Carlos y revisor experto del panel de la ONU sobre cambio climático, el IPCC.

Aunque la nuclear y el gas hacen su entrada dentro de la taxonomía verde, están sujetas a determinadas condiciones y plazos temporales. Por ejemplo, solo recibirían la clasificación de verdes las nuevas centrales nucleares que reciban el permiso de construcción antes de 2045 y que tengan un plan, un lugar y los recursos suficientes para tratar los residuos radioactivos.

Respecto al gas, este debe emitir 270 gramos de CO2 por kilovatio hora, reemplazar a una central energética más contaminante y recibir el permiso de construcción antes de 2030.

¿Es la nuclear una energía verde?

Depende. La Comisión Europea considera que la nuclear -así como el gas- «tienen un papel que desempeñar para facilitar la transición hacia un futuro basado predominantemente en las energías renovables». Se basan en que no produce apenas emisiones de dióxido de carbono en la generación de energía, a diferencia de los combustibles fósiles como el carbón, y por tanto, puede contribuir a llegar a las emisiones netas cero en 2050.

Para Ignacio Araluce, presidente del Foro Nuclear, «mientras no haya una expansión mucho mayor de las renovables, no hay una energía distinta que no emita CO₂ que no sea la nuclear, y sin ella sería muy difícil llegar a los objetivos de descarbonización». Reivindica además que es una energía «fiable y predecible» que «produce prácticamente todas las horas del año».

Sanz, por el contrario, critica que Bruselas haya apostado por la nuclear. «Si el objetivo es eliminar CO₂ de la manera más rápida y barata, deberíamos ir a tecnologías que ya han demostrado que pueden hacerlo, y esas son las renovables», asegura. Más allá de si la nuclear puede considerarse verde o no, el experto en energía señala el alto coste de esta tecnología y el tiempo que tardan en construirse nuevos reactores, lo que la hace inviable respecto a la urgencia de la transición energética que se han marcado los Veintisiete.

«En Europa hay tres centrales en construcción o recién construidas, una en Finlandia, otra en Francia y otra en Eslovaquia. La que menos, ha tardado 14 años en construirse y la de Francia ha multiplicado por tres los tiempos previstos y por cuatro los costes», sostiene.

¿Y el gas?

Si en la nuclear hay debate sobre si es verde o no, Sanz se muestra más contundente sobre la decisión europea en el caso del gas: «Es de juzgado de guardia». Cree que es contradictorio incluir un combustible fósil en una taxonomía verde, aunque admite que puede tener alguna ventaja sobre el carbón en ciertos países, como Polonia, donde esta fuente de energía representa más del 70 % del mix energético, y podría pasar a emitir tres veces menos.

Teniendo en cuenta la limitación a las emisiones que impone Bruselas (270 gramos de CO₂ por kilovatio hora), el gas sí que supondría un avance respecto al carbón en los países donde este sigue teniendo un peso importante, ya que este último emite 830 gramos.

Las organizaciones ecologistas han puesto el grito en el cielo por la presencia del gas en esta lista. Según denuncia Greenpeace, «el gas fósil es ya la fuente de generación energética que más emisiones de gas invernadero produce en Europa», por lo que «apoyar inversiones en gas fósil otorgándoles una etiqueta verde lo único que conseguirá es aumentar su impacto sobre el clima».

Pero también lo han criticado los inversores. El Grupo de Inversores en Cambio Climático (IGCC, por sus siglas en inglés), una poderosa coalición de fondos de pensiones y carteras de inversión con un valor de 50 billones de euros, consideró que la inclusión del gas sería algo «engañoso» que «minaría la credibilidad de la taxonomía».

¿Qué supone que se incluyan dentro de la «lista verde»?

Para los críticos, supone confundir a los inversores y reducir la financiación de las energías renovables. «El problema es que Europa llama verde a cosas que no son verdes y crea excepciones políticas sin criterios científicos. Va a retrasar la financiación privada y dañará su credibilidad frente a los inversores mundiales», según Peter Sweatman, de la consultora Climate&Strategy Partners.

Sanz, por su parte, cree que el reconocimiento de la nuclear no afectará a España, donde ya hay un calendario acordado con las eléctricas de cierre ordenado de todas las centrales de aquí a 2035. «Aquí lo único que podría afectar sería la parte negativa, que no llegaran las inversiones para la solar y eólica».

Araluce, por su parte, coincide en que la nueva lista no modificaría el calendario de cierres. Lo que cambia será «la percepción» sobre la nuclear, que ha pasado de ser un tabú a recibir cada vez más apoyo en los últimos meses, un fenómeno que iría a más si finalmente entra en la taxonomía. «Eso para cualquier actividad económica siempre es positivo, pero aparte de eso no cambiará muchas más cosas», admite.

¿Cuáles son las posturas de las principales potencias?

Francia ha sido el máximo impulsor de la inclusión de la nuclear en la taxonomía. El país es el que más ha apostado por esta energía en Europa y obtiene el 70 % de la generación eléctrica de sus 56 reactores. El presidente galo, Emmanuel Macron, anunció el pasado noviembre, en plena cumbre del clima de Glasgow, que volverían a construir nuevas centrales por primera vez en décadas para garantizar la independencia energética del país, en plena escalada de precios del gas.

En el lado contrario se sitúa Alemania. Berlín declaró la guerra a la nuclear tras el accidente de Fukushima, en 2011, cuando la entonces canciller Angela Merkel anunció por sorpresa el cierre ordenado de las centrales nucleares del país. La pasada Nochevieja, mientras se publicaba el borrador de la nueva taxonomía, cerraban tres de las seis plantas que quedaban en activo y antes del fin de 2022 se clausurarán también estas últimas.

En cambio, el país ha apostado por incluir el gas natural en la lista europea, lo que ha provocado un choque con París. El nuevo Gobierno alemán, encabezado por el socialdemócrata Olaf Scholz en coalición con verdes y liberales, defendió en una carta a la Comisión el papel de esta energía para garantizar la transición energética, una postura que le enfrenta al sector ecologista de su Ejecutivo.

Del lado de Francia están otros países como Finlandia, Polonia, República Checa o Rumanía. Un tercer grupo se ha opuesto firmemente a la inclusión de ambas energías, como es el caso de España, Dinamarca, Luxemburgo o Austria, que sellaron una alianza la semana pasada con una carta en la que aseguraban que la propuesta de la Comisión «pone en riesgo la transición energética en la UE». Luxemburgo y Austria llegaron a amenazar con llevar a los tribunales a la Comisión si se mantenía la propuesta de clasificación actual.

La vicepresidenta de Transición Ecológica española, Teresa Ribera, se ha pronunciado en varias ocasiones contra el borrador de Bruselas, y en un inusualmente duro comunicado lanzado a principios de año, destacaba las emisiones de metano del gas o el problema del futuro de los residuos de la nuclear.

¿Saldrá adelante finalmente esta clasificación?

El pasado viernes 21 acabó el plazo para que la plataforma de expertos y los países presentaran alegaciones. Ahora, la Comisión deberá presentar un documento definitivo y cuando haga esto los Estados o el Parlamento Europeo tendrán un plazo de cuatro meses, prorrogable a seis, si quieren oponerse.

Para ello, tendría que hacerlo la Eurocámara por mayoría (353 eurodiputados), o bien al menos un 72 % de los Estados miembros (mínimo veinte) que representen como mínimo al 65 % de la población del bloque. Es difícil alcanzar la mayoría, aunque muchos europarlamentarios de varios partidos ya han expresado su rechazo, así como también varios países. La postura final de Alemania puede ser la que decante la balanza.

¿Qué es un acto delegado y por qué ha sido polémico?

La forma legal usada para sacar adelante la nueva taxonomía, el acto delegado, no ha estado tampoco libre de controversia. Se trata de una cesión de poder desde el legislativo europeo -el Parlamento o el Consejo- a la Comisión, y normalmente se usa para regular avances técnicos, por lo que no requiere de un largo proceso legislativo como otras leyes europeas.

Algunos europarlamentarios han criticado que, al haber optado por el acto delegado, la Comisión ha llevado a cabo un proceso opaco y piden más transparencia para un asunto tan trascendental para el continente como la energía y la crisis climática. Mediante una carta, han pedido también que se abra una consulta pública sobre este aspecto, como ocurrió con la primera propuesta de taxonomía en la que no estaba incluida ni el gas y la nuclear, que recibió más de 46.000 respuestas.