La entidad declaró que el decreto 321-21 no es una amenaza a las poblaciones de los peces loro, por el contrario, coloca la pesca en el lugar que le corresponde, durante un período bien determinado y factible de cumplir y en manos de quienes tienen la organización necesaria para dar seguimiento, no solo al cumplimiento, sino, sobre todo, al levantamiento de los datos estadísticos necesarios para conocer el comportamiento de las poblaciones pesqueras, en este caso, los peces loro. “El Codopesca es capitán de su propio barco”.
“No en vano, en la presente gestión de Gobierno, el Codopesca ha reforzado el Sistema Nacional de Levantamiento de Información Pesquera y Acuícola, con la creación de nuevas estaciones de administración pesquera, la inclusión de nuevos oficiales de pesca y enumeradores en las playas, así como personal técnico capacitado para garantizar la gestión sostenible de los recursos pesqueros”, puntualizó.
Sostuvo que la pesca es una actividad eminentemente agropecuaria y productiva, que produce alimento y crea empleo para personas que muchas veces carecen de oportunidades en la sociedad.
Codopesca aseguró a través de un comunicado que muy sabiamente, el legislador dispuso que “las leyes sectoriales y/o especiales que regulen el dominio, la conservación, uso y aprovechamiento de los recursos naturales deberán enmarcarse en lo establecido en la ley 64-00, excepto la pesca y acuicultura por tratarse de actividades de producción agropecuaria.
” No puede haber nadie más interesado en la conservación de los recursos que aquellos cuyo sustento depende del debido aprovechamiento de estos, dentro de regulaciones claras aplicadas por la autoridad competente y realmente factibles de cumplir. La sostenibilidad de la pesca es un proceso dinámico que requiere un constante levantamiento de información, trabajo de campo y contacto permanente con todos los sectores involucrados.
La importancia ecológica de los peces de la familia Scaridae, conocidos en el argot popular como peces loro, cotorras, jabones o butús y de otras especies herbívoras y generalistas, así como la función de protección, conservación o limpieza de los arrecifes y la producción de arena que realizan es ampliamente reconocida.
La mejor intención del decreto 326-21 es conjugar las necesidades de conservación de los peces loro con el sostenimiento de las actividades de pesca artesanal para el bien de las futuras generaciones, manifestó la entidad.
Los resultados del estudio “Análisis de la Efectividad de la Veda del Pez Loro” realizado en 12 comunidades pesqueras mostró que el 100% y el 98% de los usuarios de la pesca entrevistados señalaron conocer la existencia de la veda total del pez loro y que después de su entrada en vigor su situación había empeorado y que sus ingresos habían disminuido en 59% (pescadores), en 68% (pescaderías) y en 42% (restaurantes).
Esos resultados eran esperados, pues tanto los pescadores como las pescaderías señalaron que los peces loro forman parte del 50% de las capturas y las ventas. “No es factible adoptar regulaciones radicales en nuestro país, ya que este tipo de prohibición total solo estimuló la ilegalidad y no fue compartida por los pescadores”, declaró.
“En el pasado reciente y en la actualidad hemos visto con gran sorpresa como algunas entidades y personas se han atribuido competencias en el desarrollo e implementación de regulaciones pesqueras, a veces basándose en informaciones erróneas sin los estudios adecuados que puedan sustentar la posición adoptada”.
Al referirse a la necesidad de una legislación aplicada y un marco regulatorio para la protección de peces herbívoros, MAR Fund hizo una revisión de las normativas que se aplican en los países del Sistema Arrecifal Mesoamericano que van desde prohibiciones totales hasta focalizadas, concluyendo que, cuando se trate de pesquerías importantes, las regulaciones deberían incluir tallas mínimas de captura y limites en la extracción de biomasa, reconociendo que las veda permanente regularmente no son política ni económicamente viables.
The PEW Charitable Trust también propone la división de las estrategias de manejo, de manera que puedan mantenerse la calidad del hábitat y la sostenibilidad de las pesquerías, protegiendo una parte del arrecife y permitiendo la pesca controlada en otros hábitats marinos.
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