Áreas protegidas: un tesoro nacional saqueado y vulnerado

No importa sin son cuevas, farallones, fuentes de nacimiento de aguas, bosques o bancos marinos, por años las áreas protegidas en la República Dominicana han sido agredidas por particulares que buscan enriquecerse a costa de estos espacios de conservación, acciones que muchas veces logran la aprobación de las autoridades bajo la figura de un “permiso ambiental” o concesiones.

Los daños a estas porciones de terrenos, ricos en biodiversidad y ecosistemas, no son pocos. entre los más frecuentes están: tala de árboles en parques nacionales, (encabezando la lista), incendios forestales provocados (algunas veces para producir carbón otras para fines de agricultura).

Entre otras agresiones figuran el conuquismo, pesca indiscriminada, extracción de agregados, invasión de tierra y construcción de proyectos hoteleros.

Los depredadores ambientales actúan en violación a la Ley de Medio Ambiente y Recursos Naturales No. 64-00, y a la Ley Sectorial de Áreas Protegidas No. 202-04. Aunque el cuidado y la protección del medioambiente es responsabilidad de toda la sociedad, existen dos entidades directamente responsables de su conservación.

Estas son el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Procuraduría Especializada para la Defensa del Medio Ambiente y Recursos Naturales, esta última, es una dependencia de la Procuraduría General de la República para la persecución de los delitos ambientales.

De acuerdo con estadísticas suministradas por el Ministerio de Medio Ambiente, desde agosto 2020 hasta marzo 2021, esta institución ha sometido y sancionado administrativamente a 475 personas por cometer delitos ambientales, muchos de estos, relacionados a afectaciones de diversas áreas protegidas.

Durante el periodo enero-abril 2021 se han aplicado aproximadamente diez sanciones administrativas sumando un total de RD$ 10,562,000. “Claramente nos faltan muchas más, pero hasta ahora es lo que se ha podido hacer de manera organizada y de acuerdo con las leyes. Esperamos estas sanciones se conviertan en prueba para los que están pensado incurrir en violación de las leyes, de que la Dirección de Fiscalización del Ministerio de Medio Ambiente está trabajando”, destaca la entidad en un documento dirigido a este medio.

Seguridad insuficiente

Unos 1,050 guardaparques, además de administradores y encargados de protección, están a cargo de la vigilancia y seguridad de las áreas protegidas. “No, no son suficientes y nunca lo serán, debido a la dimensión de territorio que cubrimos, que es casi un 25 % del territorio nacional. Es aproximadamente el tamaño de San Juan, Santiago, La Altagracia y Azua juntos. Aparte de la cantidad de Centros de Protección y Vigilancia que necesitan ser vigilados más las rotaciones de personal para asegurar la eficiencia del trabajo”, explica el ministerio ante la pregunta de si la cantidad es suficiente para prevenir daños en estas zonas.
En estas áreas también intervienen los bomberos forestales quienes hacen labores de prevención y actuación cuando ocurre algún siniestro en ellas.

Las sanciones por delitos ambientales contemplan prisión de seis días hasta tres años. También incluyen sanción económica para remediar el impacto ambiental producido. El Tribunal de la Primera Instancia correspondiente podrá dictar las sanciones, que abarca además, multas económicas de una cuarta parte hasta 10,000 salarios mínimo vigente en el sector público.

El artículo 165 de la Ley 64-00 crea la Procuraduría Especializada para la Defensa del Medioambiente a los fines de que los delitos ambientales no se queden solamente en una sanción administrativa por parte del Ministerio de Medio Ambiente, sino que estos se puedan ser vinculados en los tribunales.

¿Cuáles casos maneja la Procuraduría?

Cuando el daño se convierte en un delito ambiental o se impacta de forma significativa al medioambiente actúa la procuraduría especializada. La cantidad de casos abiertos por tipo penal, que ha llevado de octubre del 2018 a diciembre de 2020 asciende a 17,550, de los cuales 98 conciernen a procesos por violación a áreas protegidas.

La invasión de terreno es constante en las unidades de conservación y también constituye un delito ambiental. De acuerdo con el titular de dicho órgano, Francisco Contreras, la lucha también es contra “bandas que buscan el enriquecimiento ilícito apoderándose de las riquezas científicas de estas reservas que son patrimonio nacional y de la humanidad”.

Habla de grupos dedicados a invadir terrenos protegidos, a talar indiscriminadamente, y a extraer agregados de los ríos. “Es una gran problemática y es un gran negocio”, sostuvo.
A finales del año pasado, las autoridades procedieron a rescatar el área protegida Los Farrallones, en Santo Domingo Este, en un operativo que conllevó el desalojo de varias familias y decenas de viviendas destruidas.

La recuperación de Valle Nuevo por parte del Ministerio de Medio Ambiente, en la gestión de Francisco Domínguez Brito, constituye una de las acciones de mayor impacto en el rescate de las áreas protegidas.

Permisos peligrosos

Como órgano acusador, la Procuraduría Especializada para la Defensa del Medioambiente ha representado al Estado en varios casos que involucran áreas protegidas. Uno de los más representativos, el Parque Nacional Los Haitises, donde se ha impactado considerablemente el bosque con la práctica de conuquismo. Actualmente, hay nueve sometimientos vigentes.

En conjunto con la Coalición de Movimiento Ambiental de la República Dominicana, la procuraduría especializada sometió ante el Tribunal Superior Administrativo un recurso de amparo pidiendo la nulidad de la licencia ambiental en el Parque Nacional del Este, otorgada en la pasada gestión del Ministerio de Medio Ambiente, como medida cautelar se logró la suspensión del efecto de esa licencia. Está pendiente de conocer el fondo de este caso.

Una construcción paralizada por la procuraduría, en virtud de la facultad que le otorga la ley 64-00 y la Ley Sectorial de Areas Protegidas, fue un proyecto hotelero en la desembocadura del rio Yásica, Cabarete, Puerto Plata, zona de manglares y humedales, el cual contaba con un permiso ambiental.

De acuerdo con el magistrado Contreras, ya se había impactado una cantidad considerable de manglares. En este caso, el Estado, obtuvo una medida cautelar a favor y fueron suspendidos los efectos de la licencia.

Otras permisologías otorgadas que representaron una amenaza a las áreas protegidas y sus ecosistemas abarcan la autorización para la construcción de estación de combustibles en el parque Francisco Alberto Caamaño Deñó, en Azua. Además de la construcción de una nave de fabricación de barcos en Bahía de Luperón, Puerto Plata, la cual fue paralizada por la Procuraduría y en los próximos días se estará sometiendo los casos penales.

35 planes de manejo rigen áreas protegidas

La Ley Sectorial de Áreas Protegidas establece las actividades permitidas en estos espacios donde descansa el patrimonio natural y cultural de la nación. En total son 127 las unidades de conservación. El Ministerio cuenta con 35 planes de manejo y tres actualmente en proceso de realización que forman parte de la meta de la actual gestión.
“Para nosotros no solo es un instrumento de planificación que guía y controla el manejo de los recursos, los usos del área protegida y el desarrollo de los servicios, sino también un pacto de trabajo con la comunidad circundante al área”.

La entidad explica que un plan de manejo no redactado según la metodología adecuada puede llevar a una gestión no efectiva y hasta conflictiva del área protegida.

Agrega que actualmente se desarrollan siguiendo los lineamientos de la Guía Metodológica para la Elaboración o Actualización de Planes de Manejo de Áreas Protegidas de la República Dominicana.

El Caribe/elveedordigital.com