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El director general de Alianzas Público-Privadas, Sigmund Freund, dijo que la propuesta puntual del Gobierno en la mesa de negociaciones con la empresa concesionaria de la autopista a Samaná es la eliminación del peaje sombra.
“Hemos entablado conversaciones en las cuales nuestro objetivo fundamental es la eliminación del peaje sombra porque es muy costoso para el presupuesto nacional”, dijo a Diario Libre.
Freund añadió que el objetivo de la negociación entre las partes es definir un modelo mediante el cual el concesionario de la vía subsista únicamente mediante el cobro del peaje a los vehículos que transitan por la autopista.
Detalló que anualmente se pagan a la concesionaria entre 60 y 80 millones de dólares, es decir, alrededor de 3,500 millones a 4,600 millones de pesos anuales a la tasa de cambio actual.
“No puede ser que el Gobierno dominicano todos los años tenga que erogar esa suma de dinero restándosela al presupuesto de Obras Públicas”, manifestó el director general de Alianzas Público-Privadas.
Hasta los momentos, según reportó el presidente Luis Abinader durante su discurso de rendición de cuentas, el Estado dominicano ha pagado 26,835 millones de pesos por concepto del llamado peaje sombra de la autopista a Samaná.
Freund resaltó que la concesión ató al Estado dominicano por 30 años con un contrato que puso todo el riesgo sobre el lado público. “No se distribuyeron los riesgos equitativamente. Si no iban a transitar los vehículos que los estudios previeron, el Estado no podía cargar con toda la responsabilidad, toda la culpa y toda la carga financiera”, señaló.
El director general de Alianzas Público-Privadas informó que el peaje sombra pagado por el gobierno es seis veces lo que costó la construcción de la vía.
El contrato con la concesionaria —primero representada por Boulevard Turístico del Atlántico C. por A. y luego por Autopista del Nordeste— se firmó durante el gobierno de Hipólito Mejía, pero cambió varias veces (a través de actas de acuerdo) durante el gobierno de Leonel Fernández.
Aunque el “peaje sombra” estaba previsto desde el contrato original, a través de la figura del ingreso mínimo garantizado, fue su secretario de Estado de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa, quien fijó una tasa interna para determinar el equilibrio financiero del proyecto en agosto de 2007, antes del inicio de las operaciones de la autopista, para determinar el monto de compensación.
