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Francia prohibirá vasos, pajitas y otros objetos de plástico de uso único en 2020, pagará a los consumidores que lleven las botellas de plástico a lugares de recogida para su reciclaje y prohibirá la destrucción de productos invendidos, como ya ocurre con los alimentos.
Estas y otras medidas figuran en un proyecto de ley para la economía circular aprobado este miércoles por el Gobierno francés que pretende aumentar significativamente el porcentaje de materiales reciclados pero también incentivar la reparación.
“Queremos entrar en una economía del siglo XXI, una economía en la que se consume menos, se consume mejor, se deja de producir para destruir y se favorece el reciclaje”, destacó la secretaria de Estado de la Transición Ecológica, Brune Poirson.
“Es bueno para el planeta, es bueno para la cartera de los franceses y además es justo”, añadió.
En declaraciones a la prensa al término del Consejo de Ministros, Poirson insistió en que “hay que suprimir los embalajes inútiles” y aumentar la tasa de reciclaje, que es sólo del 2 % para las moquetas, del 3 % para el cristal, del 26 % para los envoltorios de plástico y del 58 % para las botellas de plástico.
En el caso del plástico, el objetivo es alcanzar un 100 % de reciclaje para 2025.
El proyecto de ley, que debería estar adoptado de aquí a las elecciones municipales de marzo de 2020, amplía el principio de que quien contamina paga, de forma que el fabricante o el distribuidor de un producto deberá hacerse cargo de su recuperación una vez que termine su vida útil.
Lo que ya existe para las pilas, los neumáticos o los electrodomésticos se aplicará igualmente para los artículos de bricolaje, los deportivos o las bicicletas.
Además, los comerciantes que vendan sus productos por internet tendrán las mismas obligaciones que aquellos que lo hagan en tiendas físicas.
Con la prohibición de la destrucción de los productos invendidos no alimentarios (como vestidos, electrodomésticos, productos de limpieza o cosméticos), se espera poner fin a un despilfarro que la secretaria de Estado estimó entre 550 y 800 millones de euros.
El texto adoptado por el Ejecutivo quiere imponer a fabricantes y vendedores transparencia sobre los productos con reglas muy precisas en el etiquetado para incluir informaciones sobre si pueden reciclarse o repararse.
Poirson contó que en Francia cada año se producen de media cinco toneladas de residuos por persona, una cantidad a su parecer excesiva y que favorece la proliferación de vertederos ilegales, cuya gestión les cuesta a los ayuntamientos 340 millones de euros anuales.
