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SANTO DOMINGO.- El diputado Fidel Santana propuso que el contrato que busca la legalización de la donación de los terrenos de la Reserva Antropológica Cueva de las Maravillas sea ventilado de cara al país, convocando a las instituciones públicas y privadas concernidas en el asunto y realizando vistas públicas.
El legislador hizo la propuesta durante una reunión de la Comisión Permanente de Contratos de la Cámara de Diputados, convocada ayer para iniciar el estudio del acuerdo aprobado por el Senado, el 2 de noviembre del 2016, mediante el cual el Estado dona a la Fundación Cueva de las Maravillas 16,540.28 tareas de tierra, equivalentes a 10 millones 401 mil 518.39 metros cuadrados.
Santana recordó que la Cueva de Las Maravillas fue establecida como Reserva Antropológica mediante el Decreto No. 266-96, con el objeto de preservar dicho recinto subterráneo, en el que se encuentran valiosos ejemplos de arte rupestre taíno, consistente en pictografías y petroglifos. Forma parte del Sistema Nacional de áreas protegidas, creado por la Ley General Sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales (Ley 64-00), aprobada el 18 de agosto del 2000, en la que se ratifica como Reserva Antropológica, además de ser un lugar de impresionante belleza.
El diputado Santana, quien ya había denunciado este contrato, estableció que la Constitución de la República, en el Articulo 64, numeral 4, establece que: “El patrimonio cultural de la Nación, material e inmaterial, está bajo la salvaguarda del Estado, que garantizará su protección, enriquecimiento, conservación, restauración y puesta en valor. Los bienes del patrimonio cultural de la Nación, cuya propiedad sea estatal o hayan sido adquiridos por el Estado, son inalienables e inembargables y dicha titularidad, imprescriptible….”
De igual manera, puntualizó que el Art. 66 de la Constitución, sobre los Derechos Colectivos y Difusos, obliga al Estado a la “conservación del equilibrio ecológico, de la fauna y la flora (numeral 1); a la protección del medio ambiente (numeral 2); y a la preservación del patrimonio cultural, histórico,… y arqueológico…”(numeral 3).
Concluyó señalando que, visto lo que manda la Constitución, resulta insostenible cualquier explicación para justificar el interés del Poder Ejecutivo de donar esos terrenos.
“Sería absurda cualquier justificación por parte del Congreso si permitiera la imposición de tal adefesio, en desconocimiento de las atribuciones que le otorga la Carta Magna en su Art. 93, Numeral 1, literal C, facultando exclusivamente al Congreso de la capacidad de disponer todo lo concerniente a la conservación de monumentos y al patrimonio histórico, cultural y artístico”, dijo.
Santana solicitó que sean escuchadas por la Comisión las comisiones ambientales de la Academia de Ciencias y de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, así como el Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo, el Director del Consejo Estatal del Azúcar, el Ministerio de Medio Ambiente y los directivos de la Fundación Cueva de las Maravillas. De igual forma se propuso la convocatoria a una Vista Pública, para que la ciudadanía también establezca su punto de vista sobre este bien público.
El Día
