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GINEBRA. Expertos en derechos humanos de la ONU urgieron a los gobiernos de América Latina y el Caribe a adoptar un acuerdo firme y vinculante sobre derechos ambientales, incluyendo los derechos a la información, participación y acceso a la Justicia.
El llamamiento se produce con ocasión de la reunión de Estados de América Latina y el Caribe en la capital chilena, Santiago, con motivo de su octava ronda de negociaciones para alcanzar un acuerdo regional en asuntos ambientales auspiciados por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de Naciones Unidas.
“Es crucial que los gobiernos de la región actúen en solidaridad y acepten normas jurídicamente vinculantes para proteger los derechos humanos y el medio ambiente”, manifestaron en un comunicado los expertos.
Las negociaciones buscan aplicar el principio 10 de la Declaración de Río de 1992, por el que los Estados de todo el mundo se comprometieron a promover el acceso a la información sobre el medio ambiente, fomentar la participación en los procesos de toma de decisiones que le afectan y facilitar el acceso a la Justicia en materia de medio ambiente.
“Felicito los esfuerzos realizados por los Estados durante los últimos años de negociaciones. Se ha recorrido un largo camino y se han logrado grandes avances. Pero el tiempo apremia. Los Estados deberían finalizar su labor mediante la adopción de un tratado fuerte, jurídicamente vinculante para la región”, subrayó el relator especial de la ONU sobre los derechos humanos y el medio ambiente, John Knox.
La mayoría de los Estados de la región ya han firmado una declaración en la que afirmaron su compromiso para lograr un tratado vinculante que promueva la plena aplicación del principio 10.
“La adopción del nuevo tratado ambiental propuesto sería un hito importante para la región. Sería una expresión tangible de la solidaridad y reconocimiento del compromiso de los Estados con respecto a los derechos humanos y a la protección del medio ambiente”, señalaron los expertos.
“Acogeríamos con satisfacción que el acuerdo contribuyera a aclarar que los Estados deberían incorporar en las evaluaciones de impacto ambiental no sólo impactos potenciales sobre la salud de las personas, sino también otros impactos sociales, incluyendo impactos sobre los derechos a la alimentación, al trabajo, a la vivienda, al agua potable y al saneamiento”, destacaron los relatores.
El relator sobre la deuda externa y los derechos humanos, Juan Pablo Bohoslavsky, expresó su deseo de que el tratado contribuya a fortalecer el derecho a la información, a la participación y el acceso a la Justicia en relación con grandes proyectos energéticos, de infraestructura y de la industria extractiva en la región, financiados por instituciones financieras privadas, bilaterales o multilaterales.
El acuerdo es particularmente importante, observaron los expertos, debido a que esta es una de las regiones más peligrosas del mundo para los defensores de los derechos humanos ambientales.
Sólo en 2016, más de 100 defensores ambientales fueron asesinados en la región.
“Para proteger el medio ambiente, debemos proteger los derechos humanos de las personas que trabajan en la defensa del medio ambiente”, subrayó Knox.
“Este acuerdo sería un paso adelante en ese esfuerzo crucial”, añadió.
EFE
