El lento cerco a los traficantes de madera

Belén Delgado Roma. La lucha contra el tráfico ilegal de madera se está reforzando con leyes y certificados entre países, si bien todavía quedan a la vista grandes agujeros por los que se escabulle del cerco ese oscuro y lucrativo negocio. Esta semana la Unión Europea acordó con Indonesia emitir a partir del 15 de noviembre la primera licencia para que su madera legal llegue a los Estados miembros de la UE.

El país asiático es el único que ha obtenido por ahora esa certificación entre los quince productores tropicales con los que la UE ha negociado o implantado acuerdos de asociación voluntarios dentro de su plan para la aplicación de leyes, gobernanza y comercio forestales (FLEGT, por su siglas en inglés). “Indonesia ha hecho grandes esfuerzos para adaptarse y crear un sistema en el que se respetan los requisitos de la Unión Europea”, afirma a Efe Robert Simpson, gerente del programa FLEGT en la Organización de la ONU para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

Simpson subraya que esos sistemas han sido aceptados como “suficientemente rigurosos” por las partes y sometidos a la evaluación de auditores independientes. Aparte de apoyar a países productores a desarrollar sus capacidades, la UE establece por reglamento que para introducir madera en el mercado europeo se debe asegurar su origen y su trazabilidad en las distintas etapas de acuerdo a las leyes del país de donde procede la materia prima. Un proceso de diligencia debida que también exigen países como Australia o Estados Unidos.

“Los países consumidores reconocen la responsabilidad compartida de abordar el tráfico ilegal de madera” a través de iniciativas que tienen en cuenta tanto la oferta como la demanda, según Simpson. Sin embargo, no todos muestran el mismo ánimo de control. China, el mayor importador de productos forestales del mundo, se limita a dar recomendaciones a sus empresas y mantiene un mecanismo con la UE para dialogar sobre el sector. Su creciente apetito por la madera y sus facilidades a la importación atraen a los productores, lo que amenaza con restar eficacia a las políticas más estrictas de Bruselas y Washington.

Pese a la dificultad de recabar datos de ese oculto negocio, un estudio del centro Chatham House señala que la compra de madera ilegal en diez países claves para su comercio subió de 10 a 60 millones de metros cúbicos entre 2000 y 2013, diferencia equivalente a unos 8.000 millones de dólares. Su destino principal fue China. Sobre la iniciativa de la UE, la analista de ese laboratorio de ideas Alison Hoare considera que “falta mucho trabajo por hacer para asegurarse de que las licencias son fiables y se cumplen los requisitos”.

“Más allá de la ilegalidad, las prácticas ilegales cambian y pueden volverse más sofisticadas, por lo que deberán centrarse en otros problemas como la corrupción y el lavado de dinero”, sugiere. Un informe de Interpol y el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) llamaba precisamente en 2012 la atención sobre una treintena de métodos, cada vez más avanzados, que emplean los traficantes. Entre ellos, la falsificación de los permisos de explotación, los sobornos, el pirateo electrónico, el transporte de materiales ilegales mezclados con otros legales o el lavado de dinero en la construcción de infraestructuras mediante inversiones como la de los fondos de pensiones. Todo para mantener una explotación forestal en la sombra que mueve cada año entre 30.000 y 100.000 millones de dólares (26.900-89.500 millones de euros), según Interpol, que calcula que representa el 10 y el 30 % del comercio global de madera, el cual sigue al alza.

La otra cara de ese lucro está en la deforestación de los bosques tropicales del Amazonas, el centro de África y el sudeste de Asia, y en las comunidades locales que se ven privadas de sus recursos.

La organización Global Witness, que se dedica a denunciar delitos medioambientales, critica los permisos de explotación forestal de pequeñas parcelas que, poco regulados, acaban rápidamente en manos de grandes empresas. Unas prácticas que, alerta, fomentan la conversión de tierras y que han seguido manteniendo entre 2010 y 2012 países como Liberia, la República Democrática del Congo, Ghana o Camerún, a pesar de sus negociaciones con la UE.

“Sobre todo en países con altos niveles de corrupción e ilegalidad es importante presionar a través de la negociación para que funcione bien”, dice la activista de esa ONG Jo Blackman. Y pide que la sociedad civil también pueda acceder a vigilar el proceso a lo largo de la cadena productiva para evitar la corrupción, que en algunas partes es “endémica”.