SANTO DOMINGO, República Dominicana.-El Ministerio de Energía y Minas informó que se han realizado todos los estudios para empezar a secar la presa de cola de Mejita, en Cotuí, provincia Sánchez Ramírez, lo que constituirá “un paso importantísimo para ir eliminando ese peligro” ambiental.
El ministro Antonio Isa Conde explicó que están “a nivel de detalles” para empezar con el proyecto, que ya cuenta con los recursos necesarios para su ejecución.
La presa de cola de Mejita está llena de sedimentos de la explotación minera de los tiempos de la Rosario Dominicana.
En la investigación participaron técnicos de varias instituciones, como los ministerios de Energía y Minas y de Medioambiente y el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI), entre otras, y de la misma Barrick Pueblo Viejo, empresa que tiene la concesión que perteneció a la minera que dejó el pasivo ambiental de la presa, la Rosario Dominicana.
El Ministro Antonio Isa Conde expresó que en esta gestión de gobierno se han implementado mecanismos de supervisión de la actividad minera, luego de que el presidente Danilo Medina renegociara el acuerdo de concesión con Barrick Pueblo Viejo para favorecer los ingresos del Estado de la explotación del oro.
“El país ha avanzado, hay un trabajo permanente de la Dirección de Impuestos Internos, de la Dirección de Aduanas, del propio Ministerio, porque tenemos un protocolo de supervisión minera”, dijo.
Al participar en el programa Matinal 5, el funcionario dijo que el pasado año el Gobierno entregó recursos a Cotuí, parte del 5% de los ingresos que deben destinarse a la comunidad, y hay unos RD$200 millones asignados en el Presupuesto de 2016 para el Consejo para la Administración de los Fondos Mineros (FOMISAR).
El ministro destacó además la reciente aceptación de la República Dominicana como candidata a la Iniciativa por la Transparencia de la Industria Extractiva (EITI, por sus siglas en inglés), un estándar mundial que obliga a los gobiernos a transparentar los ingresos y el uso que se la da al dinero que proviene de la actividad minera.
Este estándar se implementa conjuntamente entre el Gobierno, las empresas y la sociedad civil.