¿Privatización de los Haitises?

¿Privatización de los Haitises?

Industria extractiva versus reforma agraria

La extracción de recursos para suplir la demanda nacional o internacional de minerales ha sido históricamente una actividad asociada con modelos que  mínimamente son compatibles con la garantía de los derechos humanos y el desarrollo sostenible, y por ende ajeno a la prosperidad de las poblaciones pobres. En República Dominicana, la  experiencia viene desde la colonia, pues a partir de allí se impulso un sistema oprobioso, la esclavitud, y con ello se ocupó todo el territorio isleño. De más no está decir que se utilizó la fuerza de las armas para la explotación minera[1], lo que generó el etnocidio y genocidio de los pueblos conquistados. A pesar de la distancia en el tiempo y reconocer que han cambiado las formas, perduran hoy día mecanismos sutiles de dominación que se instrumentan con financiación crediticias desde el exterior y de grupos de poder que amparado en el Estado propician políticas de actividades económicas no sostenibles[2].

Los Haitises entran hoy en el viejo escenario, la caliza es el recurso minero deseado por los nuevos “proyectistas del desarrollo” que con sus planes de instalar una cementera en la plataforma Kárstica de los Haitises han utilizados los mecanismos de dominación que facilita el Estado dominicano, los cuales se expresan bajo el amparo de los instrumentos de financiación del  Banco Mundial[3] y el bajo coste de la tierra (siendo este recurso el más limitado) cargadas a los bolsillos de las nuevas elites de Santiago[4] por una concesión minera que le da derecho de exclusividad sobre todas las sustancias que se encuentra en el perímetro de la misma para explorarla y explotarla en conformidad con el art. 11 de la ley No. 146 de minería.

La vulnerabilidad de los derechos de los pobladores de Gonzalo, Tío Filin y Lambedera, entre otras, frente a las actividades que despliega el Consorcio Minero Dominicano[5] se corresponde con una política económica que  prioriza la promoción de la industria extractiva por encima de otras actividades prioritarias, como es la agropecuaria. Hoy está claramente expuestos por distintos organismos internacionales entre ello la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), 2009 y el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), 2008 que hay que encontrar soluciones viables para confrontar el problema de hambre del mundo y sobre todo de los países pobres, porque ningún país puede luchar contra la miseria y la concentración de la tierra, sin darles medios a la agricultura y entregarles las tierras a los/as productores/as de alimentos[6].

La historia de las comunidades que bordean al Parque Nacional los Haitises está plagada de  proyectos que no se han interesado en las poblaciones locales, sino más bien han puesto su acento en el desarrollo de intereses privados o Estatales.  Sin embargo, muchas de esas propuestas  plantean como punto prioritario, sacar de la pobreza a las poblaciones mencionadas. El Consorcio Minero Dominicano, tampoco se aleja de esos planteamientos.

Las comunidades de los Haitises se han caracterizados por ser poco dinámicas dado los graves problemas estructurales de las cuales son protagonistas, como el poseer una agricultura poco diversificada con baja productividad y suelos deteriorados.  Los /as agricultores no tienen acceso a préstamos del Banco Agrícola, ya que pocos tienen títulos o carecen de ellos. En la mayoría de los casos apenas tienen asesoría técnica y escasos recursos para invertir en la producción agropecuaria. La actividad agrícola se ha deteriorado por falta de recursos, pero sobre todo pesa mucho que los agricultores no poseen la tierra.  

Igualmente se destaca en las diferentes comunidades que las familias tienen ingresos muy bajos, lo que no le permiten acceder a la canasta básica familiar. La producción de yautía es la que genera mayores ingresos. No obstante, la yautía se siembra dentro del núcleo del parque para aprovechar la fertilidad que ofrecen los mogotes o la cercanía del área protegida. Esta situación afecta al parque nacional y genera conflicto entre las autoridades ambientales y las comunidades que bordean el parque.

Desde que se creó el área protegida, la historia ha sido de enfrentamientos continuos entre las partes interesadas, hasta el punto de producirse desalojos forzosos, quema de los sembradíos, ventas del ganado y hasta la quema de extensas áreas del parque por represalia de los propios agricultores contra las autoridades del parque. 

La política de la Secretaria de Estado de Medio Ambiente y Recurso Naturales no ha sido  correcta para poder dirimir el conflicto con los/as productores/as de yautía. Ya que  no se interesan en crear mecanismos de integración, sino más bien de separación. Dicha política, sólo ha generado odios entre las partes y destrucción del área protegida. Por tal razón, no se observan cambios sustanciales en el manejo de dicho parque. A pesar de los esfuerzos de la SEMARENA por dar paso importante, como es el pago o la indemnización a los productores de los Haitises. Los resultados hasta ahora no se tienen contabilizado, no sólo por lo temprano del proceso, sino más bien, porque estos agricultores no tienen disponibilidad de tierra para la siembra y los pagos son muy bajos, dada la pobreza de estas familias.

En este sentido es importante destacar que la falta de una verdadera política de co-manejo ha sido una retranca para que se puedan solucionar los conflictos entre los productores de alimento y las autoridades ambientales.  En la actualidad la situación de la mayoría de las familias de Los Haitises es de mucha pobreza y pocas alternativas para la obtención de ingresos. Como se muestra en el cuadro siguiente:

Municipio y distritos	Total de población	Menores de 5 años	Estimación de prevalencia de desnutrición crónica	Hogares pobres	Hogares en extrema pobreza
Monte Plata	24,863	2,773	375	64.8 %	14.8%
Sabana Grande de Boyá	24,357	3,075	242	73.8 %	26.8%
Gonzalo	5,577	719	105	92.8%	50.7%

Datos obtenido del ONE, 2000 y Estudio de Focalización de la pobreza, 2000.

El alto porcentaje de hogares pobres, unido a estimaciones de prevalencia de alta desnutrición reflejan desigualdad del ingreso en la zona de los Haitises y esto se relaciona  directamente con la estructura de la propiedad de la tierra. En la región coexisten grandes propiedades latifundistas (Consejo Estatal del Azúcar, INDUPALMA y otros) con la pequeña propiedad minifundista. La mayoría de los/as productores/as de alimentos no son propietarios de los predios que trabajan, la ocupan en usufructo.

La carencia de tierra obedece a que la propiedad ésta en manos de unos pocos, por ejemplo, el Estado dominicano. La evidencia muestran que es el Estado, en especial el Consejo Estatal del Azúcar, uno de los más grandes propietarios de terrenos en toda la provincia, quien desde los años cuarenta se apoderó de la tierra, ya quitándosela a los/as pequeños /as agricultores/as por medio de la coerción, comprándosela o desalojándolos de los predios, pues el gobierno del entonces presidente de la república, Rafael Leónidas Trujillo necesitaba dichas posesiones para impulsar el desarrollo de la industria cañera.

Las plantaciones azucareras transformaron el paisaje de los Haitises, haciendo desaparecer los extensos hatos y estancias agrícolas que estaban ubicados en las tierras llanas de la provincia. Así el  Ingenio Río Haina se convirtió en el principal empleador y el más grande de los propietarios de la provincia de Monte Plata. Esto generó en la zona un proceso de desalojo masivo de campesinos y campesinas. La mayoría buscó refugio en las zonas aledañas, otros fueron reubicados  en los mogotes de Los Haitises u otros fueron titulados y ubicado por Trujillo en la periferia del parque, específicamente en los Limones, Tío Filin y Lambedera. La mayor parte de las comunidades se establecieron alrededor de las inmediaciones del central azucarero, para aprovechar los trabajos ofrecidos por el ingenio, tal es el caso de la comunidad de Gonzalo.

En general, los productores y productoras que bordean el Parque Nacional los Haitises, han sido desalojados históricamente en cuatro ocasiones: la primera con la creación del central azucarero, la segunda con la creación del Parque Nacional, la tercera con la entrega de la tierra a las agroempresas de la zona y la cuarta y última con la concesión dada al Consorcio Minero Dominicano para la construcción de la cementera.

La experiencia de los pobladores de los Haitises ha sido siempre ominosa con respecto al territorio que ocupan y de continua peleas por la subsistencia con diferentes grupos de poder, entiéndase terratenientes locales y el propio Estado. En la actualidad las fuentes de empleos están limitadas en toda la región, por el cierre  del Ingenio Río Haina, la Dole Dominicana y la expulsión de los/as sembradores/as de yautía del núcleo del parque nacional. Recientemente, la Secretaria de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales pago aproximadamente el 50 % de la deuda contraída con los productores de la zona, para que dejaran de laborar dentro del parque y se retiraran de la franja que iba a ser entregada al Consorcio Minero Dominicano.

No obstante a esta situación descrita, el Estado ha entregado una extensa proporción de terreno a dicho consorcio. Según describen es de unas 6,350 hectáreas. De acuerdo con el estudio de impacto ambiental[7], para que la empresa funciones sólo requerirán para su operación unas 1,489 hectáreas. Del total de hectáreas utilizadas por la empresa, restaran entonces 4,861hectáreas, las cuales se usarían, según afirmó la empresa unas 2,000 hectáreas para destinarlas a la reforestación del área[8] y el resto, equivalente a unas 2,800 hectáreas, se desconoce todavía su uso.

Bajo la consigna del desarrollo de la región, el Consorcio Minero Dominicano ofrece a las poblaciones locales unos 500 empleos durante la fase de operación de la referida cementera y 2,000 en la fase de construcción. Tomando en cuenta que esos 500 empleos serán para un personal que tenga calificación, nos preguntamos sí la fuerza de trabajo local podrá ser contratada, dado que en su mayoría están especializados en labores netamente agropecuarias.  

La propuesta de empleo del consorcio nos parece Irrisoria. La demanda de empleo es bastante alta, por la pobreza que caracteriza a la zona. De ahí que señalamos que es prioritario que el gobierno asuma la responsabilidad de gestionar las tierras del Consejo Estatal del Azúcar (CEA) para entregarla a los/as campesinos/as haciendo cumplir la ley de 1962, que da prioridad a la Reforma Agraria, y que estás dejen de ser vendidas a particulares para beneficios de unos pocos, como ocurre en otras áreas del país[9] o la que se le otorgó al Consorcio Minero Dominicano.

De más, no está decir que el Consejo Estatal del Azúcar posee grandes extensiones de tierra que facilitarían la mejoría económica de las familias que residen en la zona, si aplicará la ley de Reforma Agraria, como decía Juan Bosch en su discurso: “ …la Reforma Agraria es un medio para lograr la liberación de los pobres” y la razón es harto conocida, pues hay que poner énfasis en la agricultura para que se puedan materializar soluciones concretas al desempleo, el hambre y la pobreza en las zonas rurales. En este sentido, la propuesta prudente es entregar la tierra a los /as campesinos/as, de los cuales unas 625 familias podrían favorecerse con dicha reforma, a razón de 2 hectáreas por familia[10].  

La protección del Parque Nacional los Haitises y de los derechos económicos, sociales y culturales fundamentales de las poblaciones circundantes al parque deben estar por encima de las actividades extractivas mineras, porque no son sostenibles, ni tampoco ofrecen al Estado dominicano fuentes de ingresos rentables que pueda repercutir en la renta nacional, pues apenas producirá un 3. 7% de la demanda nacional de cemento, pero su contaminación equivaldrá a cerca de un cuarto de millón de vehículos automotores al día[11]. Para compensar dicha situación se tendría que sembrar alrededor de 2 millones de árboles.

Una Reforma Agraria Integral es una solución viable. Los Haitises es un patrimonio natural de la ciudadanía, no sólo dominicana, sino también mundial. Es una reserva a conservar, por lo que se hace necesario un plan de co-manejo que involucre a los/as distintos/as interesados/as con una propuesta ecológicamente viable. Por tales razones nos planteamos, la siguiente propuesta:

1. Entregar la tierra del Consejo Estatal del Azúcar (CEA) a los/as pequeños/as productores /as de alimentos en un programa de reforma agraria. Cumpliendo la ley de 1962.  El total de tierra reformada serían de unas 20 mil tareas[12] localizadas en la zona de amortiguamiento de los Haitises.
2. Elaborar en conjunto con la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARENA) y el Instituto Agrario Dominicano (IAD) un programa de siembra de frutales y agricultura de invernadero y  proyectos silvopastoriles atendiendo a las condiciones del área protegida, bajo un sistema de co-manejo previamente establecido y atendiendo a un modelo participativo de acuerdo con la Ley 64-00.

Con la priorización de la producción campesina, se aportará sustancialmente alimento a las poblaciones más pobres y se abastecerá el mercado interno con productos locales. A la par se fortalecerá la soberanía alimentaria y se  lograrán alternativas más viables para  un eco-desarrollo. Esto detendrá a las empresas relacionadas con cultivos transgénicos que se están estableciendo en el país con anuencia de las autoridades estales y por supuesto también parará a los diferentes proyectos mineros que destruyen los recursos naturales y explotan la mano de obra campesina, usurpando los territorios rurales.  La recuperación del sector agropecuario es una meta importante para que el país pueda cumplir con las metas del Milenio. Recuperar Los Haitises es una muestra de democracia y de dar prioridad y participación a las poblaciones locales y nacionales como ya lo ha expresado el pueblo dominicano en la encuesta Gallup que rechaza en un 85% la instalación de dicha empresa en los Haitises.

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[1] La industria minera en la Española se bautizó con el nombre de factoría colombina. Hoy día se observa este mismo fenómeno con las concesiones mineras dada a particulares y amigos del gobierno de turno.

[2] Igualmente también se ha presenciado el uso de la fuerza y de la represión para tratar de imponer lo que a juicio del Estado domicano es provecho para la población de Gonzalo y comunidades aledañas. En la sección de Gonzalo fueron apostados cientos de militares para proteger la maquinaria del Consorcio minero  por las fuertes protesta de su población el viernes 12 de junio 2009. Igual, amedrentando la población y hasta el propio gobernador de la Provincia de Monte Plata, el señor  Mariotti explicitó que “rodará la sangre al río” si no abandonaban el campamento los jóvenes que  se encuentran en Gonzalo.

[3] No sólo el Banco mundial hace préstamo para edificar la industria extractiva de minerales también instituciones como el Banco Europeo de Inversiones, entre otros financian proyectos en todos los sectores extractivos que favorecen la privatización del sector minero y la entrega de los recursos a las grandes empresas transnacionales o locales. 

[4] Consorcio Estrella.

[5] Por ejemplo en Bayaguana la fábrica de textiles Gildan que es una multinacional que contaminó los cuerpos de agua aledaños y se vendió como una empresa verde.

[6] Destinar presupuestos público al desarrollo del agropecuario y la entrega de tierra a los  /as productores /as de alimento es una política sabia, a sabiendas que el país está atravesando un proceso de descrecimiento económico de un 5.74 % por una brusca contracción del consumo privado y público de un 7,07 %[6], lo cual genera falta de empleo. El gobierno dominicano no se interesa por los/as pequeños productores /as de alimentos, pues esto ayudarían al país a abastecerlo de alimentos en mercado local, bajando los precios de los productos y refrenarían el proceso de migración del campo a la ciudad, entre otros.

[7] El estudio fue realizado por la Consultora Desagro y fue aprobado por la Subsecretaria de Gestión ambiental octubre 2008.

[8] Esta aseveración no está incluida en el plan de manejo del estudio de impacto ambiental, que es el documento oficial de la empresa, sino en un espacio pagado por la empresa en un periódico dominicano.

[9] En Cumayasa, en la región Este del país, el Consejo Estatal del Azúcar está vendiendo la tierra a particulares desvinculados de la agropecuaria, más bien al sector turístico. Con esto se  convierte en una empresa inmobiliaria y se desvincula del papel a la que está asignada, que no es el de la privatización de la tierra, sino el de favorecer los proyectos de desarrollo agropecuarios para mejorar la calidad de vida de los más necesitados del país, los/as productores/as de alimento.

[10] Esto equivale a 30 tareas por familia, con un programa de co-manejo que no sea lesivo al medio ambiente.

[11] Tal como se describe en el documento “Aspectos Matemáticos sobre la cementera, de Gonzalo y Los Haitises”. Por: Frank H. Richardson, Ph.D. Publicado en internet junio 2009.

[12] Esto equivaldría a 1,250 Ha.