Aduanas verdes

CON LA INICIATIVA, LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANASVELA POR EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS AMBIENTALES ATRAVÉS DE LAS FRONTERAS DEL PAÍS

Cuando un producto calificado como ambiental llega a las aduanas del país, o cuando se pretende que salga de sus fronteras, sean estas terrestres, aéreas o marítimas, se genera una alerta en el sistema de la Iniciativa Aduanas Verdes. De inmediato comienza un proceso de verificación para determinar si el embarque cumple con las normas ambientales de las que el país es signatario. Indagan si cumple con las licencias ambientales y si cuenta con los permisos de importación o exportación correspondientes emitidos por la autoridad ambiental.

En el caso de la exportación de material de desecho, verifican si cuenta con un consentimiento previo fundamentado y si cumple con las cuotas establecidas.

Entre los acuerdos ambientales de los que el país es signatario, que tienen que ver con el comercio internacional, están el Convenio de Basilea, relacionado con el transporte transfronterizo de desechos; el de Rotterdam, sobre plaguicidas y químicos industriales; la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), el de Biodiversidad, que tiene que ver con Organismos Genéticamente Modificados; el Protocolo de Montreal, que versa sobre sustancias que agotan la capa de ozono; el Convenio de Estocolmo, que trata sobre compuestos orgánicos persistentes, y el de Armas Químicas.

Juan Lorenzo Castillo, responsable de la implementación de la Iniciativa Aduanas Verdes en la Dirección General de Aduanas, explica que si alguien va a exportar baterías usadas, tan pronto realiza la declaración se genera una alerta de riesgo, por lo que de inmediato constatan que tenga el permiso del viceministerio de Gestión Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. También verifican que el país que recibirá la mercancía haya sido notificado y autorizada su entrada, conforme lo estipula el Convenio de Basilea. Si hay alguna irregularidad o violación, la reportan y deberá corregirse para que se pueda realizar la exportación.

Observa que en el país está prohibida la entrada de baterías usadas y que gracias a la verificación que realizan de todo lo relacionado con productos ambientales, han detectado violaciones por parte de algunos importadores. “Tenemos casos de baterías que las han declarado como nuevas y sin embargo son usadas”, refiere. La legislación dominicana dispone su reembarque al país de origen.

Castillo precisa que si la exportación o importación es de medicamentos debe contar con el permiso de la Dirección de Drogas y Farmacias de Salud Pública. En el caso de que se trate de una fauna, necesitará un permiso del departamento de Sanidad Animal de Agricultura, y cuando se trata de la exportación de productos alimenticios, velan porque cumplan con los requisitos de los mercados de destino, conforme al Codex Alimentarius.

Acuerdo
En el intercambio de información sobre productos ambientales participan los ministerios de Medio Ambiente, Agricultura, Salud Pública y las Fuerzas Armadas, así como Aduanas, gracias a un acuerdo interinstitucional firmado por esas instituciones, dando paso a la cooperación para el control de las importaciones, exportaciones y tránsito relacionado con los Acuerdos Multilaterales Medio Ambientales (Amumas).

De esa forma surge la Iniciativa Aduanas Verdes, que comprende las secretarías de los acuerdos ambientales multilaterales de Basilea, de Cartagena, CITES, de Montreal y de Rotterdam, así como la Organización para la Prohibición de Armas Químicas, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), la Oficina de las Naciones Unidas sobre Drogas y el Delito (ONUDD) y la Organización Mundial de Aduanas.

Protocolo de Montreal
El país ha tenido avances notables en el cumplimiento del Protocolo de Montreal, sobre gases refrigerantes que agotan la capa de ozono, asegura Castillo. Señala que a través de Medio Ambiente se han implementado todas las políticas que el protocolo estipula: “En 2010 se cumplió la fecha fijada para Clorofluorcarbonos (CFC) porque dañan grandemente la capa de ozono. En 2010 se paró la importación de ese tipo de gas. Nos hemos dado cuenta por las verificaciones y las estadísticas de importación que ese gas no ha entrado más a República Dominicana”.

LOS CONVENIOS AMBIENTALES
El país es signatario de los siguientes acuerdos:

• El Convenio de Estocolmo, sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes (COP), proporciona un marco basado en el principio de cautela que persigue garantizar la eliminación segura y la disminución de la producción y el uso de esas sustancias nocivas para la salud humana y el medio ambiente.

• El Convenio de Rotterdam, aplicable a determinados plaguicidas y productos químicos peligrosos que son comercializados internacionalmente. Su objetivo principal es promover la responsabilidad compartida.

• El Convenio de Basilea tiene como objetivo proteger el medio ambiente y la salud de las personas contra los efectos nocivos derivados de la generación, el manejo, los movimientos transfronterizos y la eliminación de los desechos peligrosos.

• La Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre (CITES), trabaja controlando el comercio internacional de determinadas especies. Tanto las importaciones como las exportaciones de las flora y fauna a través de CITES deben estar autorizadas a través de un sistema de licencia. Se estima que unas 5,000 especies de animales y 28,000 especies de plantas se encuentran protegidas por esa Convención.

• El Convenio sobre la Diversidad Biológica persigue la conservación de la biodiversidad, el uso sostenible de sus componentes y la participación justa y equitativa de los beneficios resultantes de la utilización de los recursos genéticos.

• El Convenio sobre la prohibición del desarrollo, la producción, el almacenamiento y el empleo de armas químicas y sobre su destrucción tiene entre sus principales objetivos lograr la destrucción de los arsenales de armas químicas existentes y aplicar la verificación del régimen de actividades prohibidas por la convención.

Vía: Listin